Fronteras – Juan José Téllez

  • Manifiesto leído durante una concentración “No más muertes. Por un estrecho solidario” organizada por Algeciras Acoge en recuerdo de las personas fallecidas en el Estrecho de Gibraltar. 

El mar era el morir, según Jorge Manrique. Y, desde antiguo, las coordenadas del Estrecho de Gibraltar figuraron con un lugar de honor en los mapas de la muerte. Por su embocadura pasaron casi todas las guerras de la historia, con su vieja carga de daños colaterales y escalofrío de los más débiles. Durante los últimos treinta años, sin embargo, bajo sus aguas empezaron a dormir las victimas de una extraña paz que no sólo mata la esperanza y la justicia, sino a seres humanos de carne y hueso.

Es lo que los economistas y los sociólogos suelen denominar globalización mercantil, la que cerraba fábricas en el primer mundo para abrirlas en el tercero, hasta que sus remotos propietarios a menudo trasnacionales se dieron cuenta que era mejor que no hubiese distintos mundos sino que la mano de obra barata estuviera en todos al mismo tiempo. La que permitía que circularan libremente capitales y mercancías pero impedía el paso legal de las personas. La que nos prometió el paraíso y nos ha regalado una pesadilla. La que contribuyó a esquilmar la riqueza de África y está saqueando los derechos de Europa.

Hoy el Estrecho sigue siendo una frontera a pesar de que ya no existen las fronteras. Hay un foso marino más allá de todas las alambradas, de los altos perímetros de vallas inalcanzables que a veces cruza, sin embargo, la desesperación del mundo. Más allá del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, sus dos aguas se han convertido en una almadraba mortífera para quienes vienen huyendo de la catástrofe africana para buscarse paradójicamente la vida en la crisis europea.

Hace unos días, nuevas bajas en la batalla de la justicia, salpicaron los teletipos desde esta frontera sur. Un hombre negro sin pasaporte que identificara su viaje al otro mundo falleció poco después de ser rescatado en el mar, cerca de Tarifa, junto con otros catorce compatriotas de la utopía, cuando como los niños perdidos de Peter Pan viajaban a ninguna parte a bordo de una balsa de juguete.

Al otro lado de las cartas marinas, cerca de Alhucemas, otros once perderían definitivamente el aliento, sin llegar nunca a reunirse con los veintitrés que les sobrevivieron, entre quienes cuentan las crónicas que había dos menores y tres mujeres, una de las cuales llegó a abortar bajo el terrible impacto de los sueños rotos.

No habían oído en la radio que en el viejo oasis europeo, ya apenas queda agua. Ni habían visto en los telediarios las colas a las puertas de los comedores sociales y los bancos de alimentos. Ni habían comprobado en la prensa los índices del paro. Esa gente, sin duda alguna, no conoce las noticias pero sabe perfectamente en qué mundo vive y no quiere quedarse en él para seguir agonizando. A veces la muerte no es sólo la muerte, sino esa rara angustia cotidiana que lleva a preguntarnos a qué le llamamos vida. Ellos lo hicieron y terminaron eligiendo su suerte, aunque no siempre exista un final feliz para los cuentos.

Quizá hoy, como signo de respeto y de memoria hacia esos doce nuevos muertos en el mar de Ulises, debemos preguntarnos sencillamente si nosotros seguimos vivos y si, para demostrarlo, algún día, más temprano que tarde, nos jugaremos también el futuro a una carta y dejaremos de permitir que otros se lo jueguen en nuestro nombre.


Terrenos donde se va a construir en Valdevaqueros (José Ignacio Rebollo)

“Todos a defender Tarifa contra la mentira”, proclama Juan Andrés Gil, alcalde de dicha localidad gaditana. A su juicio, la Corporación que preside está desmontando las mentiras de los opositores al proyecto de urbanización frente a la paradisíaca ensenada Valdevaqueros. Hoy lunes 4 de junio, llegó a convocar una manifestación en la Plaza de Santa María de dicho municipio:  “La Playa de Valdevaqueros no va a sufrir ningún impacto, el parque no tendrá ningún perjuicio. Sólo se van a construir 120 metro de cada kilómetro cuadrado y siempre de la carretera hacia arriba. Vamos a obtener todo el terreno del parque desde la carretera a playa para uso y disfrute de todos, todo está bien hecho y 3000 parados de este pueblo nos demandan que lo defendamos con valentía”.

Lo curioso es que la Corporación de Tarifa, que reconoce seis millones de euros de deuda, se ha embarcado en una costosa campaña publicitaria para hacer valer esta operación urbanística del grupo GMT, al frente del cual figura el empresario sevillano Juan Muñoz, que representa a la Junta de Compensación de Valdevaqueros y que ha recibido hasta ahora todas las bendiciones institucionales. Frente al escándalo mediático que despertó el proyecto y que ha merecido un rechazo prácticamente unánime por parte de amplios sectores de la opinión pública y de la opinión publicada, el alcalde hace uso demagógico de la supuesta creación de puestos de trabajo y rechaza la hipótesis de que esta operación especulativa vaya a acabar con la gallina de los huevos de oro del turismo ecológico del que Tarifa vive fundamentalmente desde hace treinta años. Leer más


Las fechas las carga el diablo. El accidente de caza del rey de España en Botsuana, mientras se dedicaba al implacable deporte de matar elefantes, vino a coincidir con la conmemoración del octogésimo primer aniversario de la segunda república española, proclamada un 14 de abril de 1931 cuando los partidos monárquicos perdieron las elecciones municipales y Alfonso XIII decidió coger las de Villadiego.

No se trata de una simple anécdota. Bueno está lo bueno. Que el rey que supuestamente se preocupa de la pobreza y desesperación de los españoles bajo la crisis, invierta una fuerte suma –pública a todos los efectos dada su condición de Jefe de Estado—en matar paquidermos en dicho país africano, supone un exceso que la España de los cinco y medio millones de parados no puede aceptar así como así.

En este suceso, caben todo tipo de consideraciones, empezando por las puramente humanas: este nuevo revés del monarca tiene lugar la misma semana en que su nieto Froilán sufre otro accidente de caza cuando estaba acompañado por su padre Jaime de Marichalar, a quien no se detiene en ningún momento ni se cuestiona su tutela, lo que no sería concebible en ningún otro caso a la luz de la ley de protección del Menor. Mientras el niño se repone de su herida en el pie, su abuela se encuentra en Grecia visitando a unos parientes pero nadie sabe que Juan Carlos I ha viajado al continente africano de donde tiene que volver de prisa y corriendo, a no se sabe qué precio, para ser operado de urgencia de una fractura de cadera con cargo siempre a los menguados presupuestos de todos los españoles sobre los que reina.

Todo esto viene unido a los escándalos sobre las implicaciones de su yerno Iñaki Urdangarín de la trama Noos de corrupción en Mallorca, la sorprendente falta de imputación sobre su hija, la Infanta Cristina, que se desgravaba parte de los gastos de la sociedad sobre la que ahora parece carecer de responsabilidades en la compleja trama de Palma Arena. A España toda, la monarquía empieza a no resultarle simpática. Nunca lo fue, pero siempre se salvó la figura del actual rey por su aparente papel durante la transición. Ya no hay tal. Más allá de sus amoríos bajo una sorprendente doble moral que tampoco le sale gratis a sus súbditos, los partidarios de dicha forma de jefatura de Estado tendrían que aprestarse a exigirle que abdicara en la figura de su hijo Felipe de Borbón, antes de que cualquier nuevo José Ortega y Gasset proclamase de un momento a otro lo de “Delenda est monarchia”.

En unos momentos de clara incertidumbre sobre el futuro de España, la foto de Juan Carlos I cazando elefantes es lo que faltaba para el canto de un duro. Porque esa es otra, cabe preguntarse el contribuyente, ¿de dónde sale el presupuesto para el viaje del rey y de su séquito a uno de los pocos países del mundo en donde se permite la caza de elefantes, a cambio de sumas que oscilan entre 7 mil y 35 mil euros? ¿Cuánto ha pagado Juan Carlos y a cargo de qué partida presupuestaria por dicha aventura? ¿Cómo ha viajado hasta allí y a quien corresponde los costes de su excursión? ¿Cuántas personas componían su séquito y qué dietas percibían por acompañarle?

Todas estas preguntas tendrían que ser planteas en el Congreso de los Diputados. Y, lo que es más, tendrían que ser respondidas con luces y taquígrafos. ¿Qué queda de aquel rey que visitaba España preocupándose de los problemas de sus habitantes o de ese otro que se reúne con empresarios que exigen el despido libre y el recorte de los salarios para frenar una crisis que aparentemente no afecta a sus safaris?

(Wikipedia)

Cuando los elefantes se encuentran protegidos en casi todo el mundo, en diversos países africanos, desde Camerún a Tanzania, Botsuana y Zimbawe, se permite su caza. Legal o ilegal, como una fuente de corrupción y pelotazos, que ojalá no haya sido explorada por la Casa Real en esta insólita expedición al corazón de Africa.

Hoy por hoy, se sabe que la tasa de muerte de elefantes por la caza furtiva en dicho continente alcanza a un 8 por ciento anual, una cota mucho más allá de los índices del 7,4 por ciento cada año que llevó hace dos décadas a la prohibición internacional sobre el comercio de marfil y el exterminio de estos viejos testigos de la prehistoria. Se calcula que a final de los años 80, aún había alrededor de un millón de ejemplares de elefantes, pero su población actual se sitúa por debajo de 470.000. Si se mantiene el mismo ritmo de caza en otros veinte años apenas quedarán vivos los elefantes protegidos en los parques o los que se encuentran encerrados en zoológicos. Sin embargo y si se tienen en cuenta otras variables, los expertos, a la luz de dichos datos, sitúan su extinción en libertad alrededor del año 2025.

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Detrás de su caza, incluso aparentemente deportiva como los voceros de La Zarzuela pretenderán hacernos creer, se encuentran oscuros intereses comerciales. Distintos equipos de investigación científica han desarrollado ya métodos de localización del origen del marfil que se comercia clandestinamente a escala mundial y que, en base al ADN, permite cifrar la procedencia del mismo. Así, puede ocurrir que el mercado negro de dicho producto en Singapur o en Hongkong se nutra de piezas procedentes de Zambia o de Gambia.

Como dato curioso, cabe reseñar que en vísperas del accidente real en Botsuana, el Comité Permanente de la Convención Internacional para la Protección de Especies Amenazadas (CITES) ha iniciado una serie de contactos para intentar atajar el aumento del comercio ilegal de colmillos de elefante y cuernos de rinoceronte.

Vietnam, China y Thailandia aparecen como los principales receptores mundiales de este negocio cuya caza furtiva por cierto está provocando alteraciones genéticas de tal calibre que ya hay elefantes que nacen sin colmillos en algunos países africanos. Este comercio no es sólo ornamental sino que ha crecido exponencialmente ante la supuesta creencia de que este tipo de cuernos y los de rinocerontes pueden ayudar a combatir el cáncer, una hipótesis que no goza todavía de contraste científico alguno.

Lo mismo, tras recuperarse de esta nueva dolencia, el rey de España podría protagonizar una campaña pública para frenar el contrabando y extinción de tales especies. Antes de que sea su propia corona la que se extinga.


Flores colocadas por manifestantes tunecinos en el cañón del arma de un soldado durante una manifestación contra el nuevo gobierno compuesto por políticos de la vieja guardia del partido de Ben Alí. 20 de enero de 2011. (AP Photo/Christophe Ena)

Un año después de la eclosión de las llamadas “primaveras árabes”, el politólogo, sociólogo y filósofo francés, Sami Naïr (Tiemcé, Argelia, 1946) ha publicado La lección tunecina. Cómo la revolución de la dignidad ha derrocado al poder mafioso. Y es que, a su juicio, el poder político de Túnez se había equiparado a ese tipo de organizaciones criminales: “El clan de la familia de Ben Ali se habían apoderado de todo el poder y pensaban que podían gobernar a través de sus intereses privados”, asegura. Así lo explica en su libro el director del Centro Mediterráneo Andalusí (CMA) de la Universidad Pablo Olavide quien ayer jueves presentaba esta obra en Sevilla, en un acto organizado por Attac y presentado por el economista Juan Torres, afecto a dicho grupo y a dicha circunscripción universitaria. A la hora de explicar lo ocurrido en Túnez y en otros países norteafricanos, Nair insiste en el concepto de “karama” (dignidad en árabe).

Editado por Galaxia Gutemberg, la obra de Naïr se basa en entrevistas personales con los principales protagonistas de la revolución tunecina, hace balance de la primera revolución democrática de la historia árabe y plantea los principales objetivos para un futuro próximo: “Los tunecinos están a punto de comenzar un nuevo tramo de su historia –asevera Naïr–, una nueva era que marcará la identidad de los pueblos árabe-musulmanes. Por fin han podido palpar un futuro democrático y republicano estas sociedades [...]. Hace falta, desde luego, más tiempo para ayudarnos a valorar los efectos de tal cesura histórica. Pero ya nada volverá a ser igual, y los árabes que a partir de ahora luchen por la democracia y la ciudadanía deberán recordar siempre la valentía de tantos jóvenes tunecinos anónimos”. Leer más


Al letrero del Café Hafa se le ha caído la hache. Pero la luna turca rielaba ayer martes sobre el Estrecho de Gibraltar, desde sus terrazas en las afueras de Tánger cuando ya corría como la pólvora que el rey Mohamed VI había nombrado como presidente del Gobierno –esa es la nueva denominación constitucional de los antiguos primeros ministros—a Abdelila Benkiran, el líder del Partido de la Justicia y Desarrollo. Se trata de  una organización islamista que ya acarició la victoria en 2007 tras largos años en los que el majzén marroquí impedía que se presentara por todas las circunscripciones del reino. El pasado viernes 25 de noviembre se hizo, sin embargo, con la victoria en los primeros comicios que Marruecos celebra tras la tan abrumadora como sospechosa aprobación de la nueva Constitución el pasado 2 de julio. Toda una operación de maquillaje democrático por parte de la dinastía alauita que vio como se mojaban las barbas de algunos de sus vecinos y decidió improvisar una reforma política antes de que el movimiento popular 20 de febrero tuviese suficiente fuerza como para moverle el trono.

Elecciones 25 de Noviembre, 2011. Marruecos (AP Photo)

En Marruecos, al contrario que en Túnez o Egipto, todo parece controlado desde el régimen. Quizá porque a Estados Unidos le interese sobremanera su estabilidad como plataforma del futuro Africom, el mando unificado que pretende combatir sobre el terreno a Al Qaeda del Magreb Islámico, para lo que está levantando una formidable base militar en Tan Tan. Pero los jóvenes rebeldes del 20-F no se sienten concernidos por esa reforma ni por las elecciones del viernes: el domingo, recorrían las calles tangerinas y las de otras de las más importantes ciudades del país. Se trataba de una marcha cívica pero segregada, en donde las opciones laicistas desfilaban a cierta distancia de los islamistas de Justicia y Espiritualidad, que tampoco aceptan el nuevo texto de la Constitución porque sigue considerando a Mohamed VI como comendador de los creyentes. Y los autores de la reforma terminaron por incluir dicha prerrogativa coránica a fin de evitar que la pérdida de esa condición empujara a ese grupo del anciano jeque Abdesalam Yassin a radicalizar sus posiciones. No en balde, él no reconoce la autoridad del rey porque su linaje también entronca con el profeta. Y, para colmo, su hija Nadia Yassin ya se definió hace tiempo como islamista pero republicana. Leer más


De Morón a Gibraltar, Andalucía se ha movilizado durante el último mes en contra de las bases militares. La asistencia de público ha sido desigual, aunque la tradicional marcha contra la Base de Rota, que alcanzó su vigésimo sexta edición el pasado día 6 de noviembre, ha visto como crecía esta vez el número de manifestantes, muy por encima de las cifras de los años anteriores.

También en domingo, el pasado día 13, apenas medio centenar de personas colgaban sus pancartas frente a la Verja de Gibraltar. No se trataba, como en otras movilizaciones, de reivindicar la soberanía española o británica de la Roca, sino simplemente que se le cancele el visado al riesgo atómico que corre toda la población, andaluza o gibraltareña, por la presencia constante de unidades aeronavales de propulsión o carga nuclear en dicho enclave. Además, cada año, suele repararse un número aproximado a cuatro submarinos de este tipo en unas instalaciones locales que carecen de medios de seguridad suficiente para afrontar tales trabajos. Ya en el año 2000, la población local, a un lado y otro de la frontera, se movilizó por este mismo asunto, en contra de la presencia en puerto del “HMS Tireless”, un sumergible de la clase Trafalgar que había sido rechazado en diversos recintos portuarios del Mediterráneo y que encontró fácil acomodo en el del Peñón.

La concentración del domingo no sólo tenía por objeto protestar contra la base británica, sino contra todas las bases y en especial por la complicidad del Gobierno español a la hora de facilitar a Estados Unidos que utilice a Rota para su controvertido escudo anti-misiles. Junto a la vieja Calpe, eso sí, más de uno evocaba la figura de Gonzalo Arias, aquel aprendiz de no violento que, en diversas ocasiones, fue pionero a la hora de protestar por el riesgo militar que incumbe a los habitantes de toda la zona con independencia del pasaporte que lleven en sus bolsillos. Leer más


Familiar de una víctima de los crímenes de la dictadura argentina durante la lectura de las condenas (Armando Camino)

Aquello fue un mal tango, Malena. Los milicos torturaban a modo en la Escuela de Mecánica de la Armada y en otras cloacas de un Estado sin derechos mientras tu vieja libertad criolla huía a menudo hacia la Europa de Julio Cortázar. La picana no quebró nunca tu vieja dignidad gaucha, aunque la Junta Militar soñara con aniquilar hasta a los indiferentes. No desapareció la esperanza aunque desaparecieran los hijos y nietos de esas eternas mujeres de los pañuelos que cada jueves siguen desfilando en torno a la Plaza de Mayo, la plaza mayor de todos los meses justicieros aunque no necesariamente justicialistas, la glorieta de los años sin ellos pero con sus ideas a cuestas y el bulevar de los tiempos rotos, demandando respuestas y exigiendo justicia.

Allí, junto al mar a donde arrojaban a los disidentes desde los helicópteros de última generación, acaban de empapelar a doce de aquellos oficiales que volvieron sus armas contra el pueblo al que habían jurado defender. Ni sombra de arrepentimiento, su crimen de cuello blanco y de manos sucias, sigue utilizando la coartada de la patria, las palabras mayúsculas de los supremos intereses del Estado para justificar tanta masacre. Leer más


(AP)

León Paneta se estrenó como secretario de defensa de la OTAN, el pasado miércoles, anunciando a bombo y platillo que España se sumaba al escudo antimisiles que  presuntamente tiene como objetivo la defensa occidental ante un posible ataque de Irán o de Corea. Si es que su objetivo real no es, precisamente, el de atacar a Corea o a Irán, con las espaldas cubiertas.

El famoso escudo es una vieja aventura para fomentar la industria armamentística que la Administración Bush se sacó de la manga en el año 2000, recreando la guerra de las galaxias de Ronald Reagan. Los atentados del 11-S y la operación Justicia Duradera contra Afganistán provocaron que este formidable negocio para transnacionales como Lockeed se ralentizara a favor del trasiego de armas convencionales y de todo tipo que las sucesivas ofensivas contra Kabul y Bagdad fueron exigiendo. Sin embargo, Barack Obama relanzó este programa con la instalación de escudos antimisiles terrestres  en Polonia y Chekia o sobre soporte marino en el mar de China. Leer más


Café de Marrakech donde tuvo lugar el atentado (AP)

Desde las terrazas del café Argana, en Marrakech la Roja, podía contemplarse la Edad Media. Una turbamulta de ruidos y colores en el mismo lugar donde James Stewart y Doris Day asistieron al asesinato de un fulano que conocían en una de las primeras secuencias de “El hombre que sabía demasiado”, de Alfred Hitchcock. Allá, la muchedumbre de turistas todavía se cruza con los narradores de cuentos, los malabaristas con su propio circo a cuestas, los gnauas que mueven su borlón no muy lejos de donde un viejo apunta una vieja salmodia andalusí, los faquires que encantan serpientes al compás de la zanfoña, los vendedores de humo o los fabricantes de zumos que alinean la fruta con la precisión cartesiana de los ingenieros y la vocación de belleza de los artistas.

Es la Jemaa El Fna: la plaza del fin del mundo como algunos traducen dicha expresión árabe que identifica a este confín que era el último mercado de la civilización, patrimonio de la Humanidad según la Unesco. Allí, el jueves, un tipo pidió un zumo de naranja antes de inmolarse en la cocina, a mayor gloria de un dios que quizá no le perdone nunca y arrastrando a su paraíso sin huríes a casi una veintena de personas, en su mayoría infieles.

Hasta que se desvele la autoría del atentado, todo apunta a que se trata de un artefacto hasta cierto punto casero, una bomba de clavos y de acero con un poder mortífero redoblado por la proximidad de los hornos. ¿Estamos ante un yihadista solitario o un eslabón más de la franquicia Al Qaeda Magreb Islámico, a veces identificada en occidente por el acrónimo AQMI? Las primeras manifestaciones de los ministros del Interior, Taib Cherkaui, y de Justicia, Mohamed Naciri, hacen pensar, sin embargo, en “un acto criminal organizado”.

Ojalá que las autoridades marroquíes, empeñadas ahora en una reforma constitucional cuyo alcance final aún se desconoce, no cometan el mismo error que en mayo de 2003, después de la cadena de atentados en Casablanca, que costaron 45 vidas en el Hotel Farah, en la Casa de España, en un restaurante italiano, en la Alianza Israelí o en un cementerio judío. En aquel entonces, no menos de dos mil personas fueron víctimas de una redada generalizada que tan sólo fue eficaz a efectos de la represión indiscriminada pero que no contribuyó al esclarecimiento de los hechos. Ahora, desde el primer instante, no han faltado voces que vincularan el atentado del jueves con la reciente liberación de presos islamistas en un indulto parcial que siguió a las movilizaciones en pro de avances democráticos que llevó a cabo el Movimiento 20 de febrero, tanto el día que le da nombre como el pasado 20 de marzo.

Ya en 2003, se abrió un debate en Marruecos respecto a la conveniencia política de ilegalizar al Partido Justicia y Desarrollo, una organización islamista radical que muchos creen auspiciada en la sombra, en su día, por el propio Hasán II, a varios efectos. De un lado, frenar el avance de Justicia y Espiritualidad, el grupo integrista marroquí que lidera el jeque Yasin y su hija Nadia y que sigue siendo enormemente popular en los suburbios del país ya que auxilia a los desahuciados mucho más que las instituciones oficiales. Y de otro evitar que Marruecos importase organizaciones de esta índole de países enemigos como Argelia: ya en agosto de 1994, hubo otro atentado en Marrakech, cuando varios hombres armados irrumpieron en el vestíbulo del hotel Atlas Asni y acabaron con la vida de un grupo de turistas, en el que hubo dos españoles. Aunque se condenó por dicha acción a varios inmigrantes marroquíes en Francia  que formarían parte del grupo Kelkal, muchos observadores creyeron ver un cierto apoyo por parte del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, una organización surgida a raíz del golpe de Estado que evitó la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación (FIS) en Argelia, y que luego sirvió como germen para la gestación de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).

Lo mejor que puede hacer las fuerzas policiales y la justicia marroquí es hacer bien su trabajo ya que en anteriores ocasiones las prisas –que no son buenas consejeras—precipitaron detenciones de supuestos terroristas sin prueba alguna a juicio de organizaciones humanitarias que entendieron que se vulneraban derechos procesales básicos como el necesario ejercicio de la defensa.

Mohamed VI, a partir de su discurso del pasado mes de marzo, parece apuntar en su línea de reformas que enunció diez años atrás cuando, a comienzos de su reinado, se presentó ante la opinión pública como “el rey de los pobres”. Su propia desgana o las presiones del majzén –el aparato administrativo que tradicionalmente viene ejerciendo el poder en Marruecos más allá de los partidos políticos–, coartó dicha tendencia y le convirtió en una caricatura de sí mismo, Su Majeskí, más propenso al boato que a la justicia. Ahora, con la reforma constitucional que puede suponer que, por primera vez desde la independencia de 1956, el monarca no se reserve los ministerios de soberanía –esto es, Interior, Defensa y Asuntos Exteriores—así como la designación del primer ministro, sea cual sea el resultado electoral.

Hace una semana, un importante miembro del Istiqlal, situado en el ala izquierda de este influyente partido nacionalista, me confesaba que la reforma constitucional era baladí sino se acompañaba de un mayor compromiso para evitar las abismales diferencias sociales que sigue padeciendo Marruecos. Justo el pasado martes, el Gobierno de Rabat anunciaba un incremento de salarios y de prestaciones sociales, como una medida de acompañamiento a las polémicas excarcelaciones y a la constitución del grupo que va a reformar la Constitución y que ya lleva trabajando en ello más de un mes.

Sabido es que la democracia no gusta demasiado en ciertos círculos islamistas –también es un error generalizar esta creencia–, pero tampoco es del agrado de sectores ultraconservadores marroquíes que quizá empiecen ahora a ver como se tambalean sus históricos privilegios. Marruecos, por otra parte, sigue siendo uno de los países más estables del norte de Africa, una región convulsa en la que permanece casi como un oasis en ese efecto dominó de las revueltas que desde comienzos de año se vienen viviendo desde Túnez a Egipto. Así que tampoco es de extrañar que Al Qaeda juegue sus bases en ese territorio desde donde también partieron los autores materiales de los atentados del 11 M en Atocha. Justo el año en que se conmemorará el décimo aniversario de los atentados de Nueva York y Washington, este siniestro ajedrez sigue en marcha. Mientras el yihadmismo capta adeptos en humildes barrios de Tetuán y de Casa –en el barrio de Sidi Manen estalló un cibercafé cuatro años atrás–, Estados Unidos también prosigue la construcción de la base de Tan Tan desde donde desplegar su nuevo sistema operativo contra Al Qaeda. La guerra, como ya sabe bien Marrakech la Roja, está servida.


Otra vez nos han tomado el pelo. A Naciones Unidas y a todos los ciudadanos que aplaudimos la imposición de una zona de exclusión aérea sobre Libia y nos encontramos de la noche a la mañana con una guerra en toda regla que va más allá de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el pasado 17 de marzo y que, a grandes rasgos, decidía “establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia a fin de ayudar a proteger a los civiles”, autorizando tan sólo los vuelos humanitarios. Se dejaba bien claro que se autorizaba “a tomar todas las medidas necesarias” a fin de “proteger a los civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Árabe Libia, incluida Bengasi, aunque excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio”.

¿Entre “todas las medidas necesarias” figura, acaso, esa toma de partido a favor de los rebeldes que parece haber adoptado la fuerza aliada que lleva a cabo las operaciones y cuyo mando acaba de ser asumido por la OTAN? Cierto es que la resolución permitía derribar aviones libios si estos persistían en atacar a la población civil. Y que incluía, por supuesto, el embargo de armas y la necesidad de establecer mecanismos para que Gadafi dejara de contratar mercenarios que atacasen a su propio pueblo. Sin embargo, lo que está hoy por hoy sobre la mesa es un ataque masivo y un apoyo explícito al derrocamiento del excéntrico coronel a quien la resolución 1970 adoptada el pasado 26 de febrero por el mismo Consejo de Seguridad, ponía en manos del Tribunal de la Haya, al tiempo que se condenaban activos de empresas, propiedades y bancos vinculados al dictador.

Entre los precedentes de estas medidas suele citarse como en 1991, EEUU, Reino Unido y Francia acordaron, por si cuenta y riesgo, sin una resolución de la ONU, la creación de una zona de exclusión aérea en Irak, por encima del paralelo 36, para defender al pueblo kurdo y en el contexto de la primera guerra del Golfo. En años sucesivos, la zona se ampliaría ilegalmente aunque sin sanción alguna por debajo del paralelo 32 y alcanzó finalmente al paralelo 33, en un carísimo dispositivo que se mantuvo en vigor en algunos casos hasta 2003, cuando se llevó a cabo la actual guerra que a su vez conllevó la caída y muerte de Sadam Hussein, sin que Naciones Unidas moviera un dedo a pesar de que ninguna resolución amparaba específicamente tales actuaciones.

En cambio, Naciones Unidas estableció en 1992, a través de la resolución 781 del Consejo de Seguridad, la prohibición del tráfico aéreo militar en Bosnia-Herzegovina, lo que sin embargo no evitó el terrible asedio a Sarajevo o la célebre matanza de civiles en Srebrenica. Hizo falta nuevas resoluciones del Consejo –786 y 816—para ampliar el operativo a medida que las hostilidades proseguían. Y, de hecho, la zona de exclusión duró tres años, hasta la firma de los acuerdos de Dayton que pusieron fin al conflicto.

¿Por qué ahora los aliados, incluyendo a España, no fuerzan la máquina para una nueva resolución que les ampare? Todos los indicios apuntan a que se está aprovechando la resolución 1973 como coartada y que lo que está en presencia es una clara toma de partido hacia los rebeldes –una amalgama de fuerzas que convergen en el rechazo a las prácticas despóticas de Gadafi pero que no presentan un frente cohesionado ni un mismo proyecto de futuro–, lo que suscita el rechazo de numerosos países árabes, incluidos aquellos que hasta ahora no han conocido revueltas internas como las que vienen sacudiendo a la región desde el pasado año.

Naciones Unidas hasta ahora excluye explícitamente la actuación de una fuerza terrestre, pero esa hipótesis no deja de barajarse y provoca un lógico temor a una colonización occidental similar a la que se ha llevado a cabo en Irak, afectando curiosamente a dos países cuyos líderes –el extinto Sadam Hussein y el contumaz Gadafi cuya caza y captura tampoco ha autorizado el Consejo de Seguridad—mantenían serias diferencias con Al Qaeda.

El 17 de marzo, en su 6498ª Sesión, el Consejo de Seguridad venía a satisfacer las expectativas de muchos que creíamos que, de nuevo, la ONU estaba tardando en actuar frente a una matanza de civiles. Ahora, mucho nos tememos que dicho organismo que sigue siendo nuestra última esperanza blanca ante los excesos particulares de los más fuertes del planeta, va a volver a ser el hazmerreir de la historia. Tras acabar literalmente con la aviación del régimen libio, ¿nuestras unidades aéreas –también las españolas—no tendrían que limitarse a vuelos de rutina sobre dicho espacio?

A todos, empezando por el Consejo de Seguridad a tenor de aquella Resolución, nos aflige el “deterioro de la situación en el país, la escalada de violencia y el elevado número de víctimas civiles”. Sin embargo, ir más allá de su letra y de su música supondría una clara injerencia que desestabilizaría aún más esa zona especialmente sensible del planeta y dejaría desautorizado nuevamente a Ban ki Moon, que tuvo que implicarse personalmente en esta resolución, y a todos quienes seguimos creyendo en el célebre edificio de la primera avenida a la altura de la calle 46 de Nueva York.

Cierto es que la resolución deplora tanto las “detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los casos de tortura y las ejecuciones sumarias”, así como “los actos de violencia e intimidación cometidos por las autoridades libias contra periodistas”, pero también la utilización de fuerzas mercenarias –sobre todo, soldados de fortuna procedentes de países situados más allá del desierto–. Sin embargo, uno de los epígrafes del acuerdo desautoriza el “uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio”. Era algo más que un guiño a la comunidad árabe y su vulneración, cada vez más próxima a la luz de los últimos acontecimientos, exigiría al menos una nueva resolución de Naciones Unidas que difícilmente aceptarían China y Rusia, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad.

Una nueva ilegalidad internacional en Oriente Próximo, que vendría a sumarse a las frecuentes irregularidades del Estado de Israel y a la invasión ilegal de Irak, sólo serviría como un nuevo y formidable pretexto para multiplicar el espectro del yihadismo en sus diferentes versiones. En cualquier caso, los aliados difícilmente podrían escudarse para ello en la polémica modificación del párrafo 11 de la resolución 1970 sobre el embargo de armas que autoriza a los estados miembros a que, “actuando a título nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos nacionales, y a fin de garantizar la estricta aplicación del embargo de armas establecido en los párrafos 9 y 10 de la resolución 1970, inspecciones en su territorio, incluidos los puertos y aeropuertos, y en alta mar, los buques y las aeronaves con origen o destino en la Jamhiriya Árabe Libia, si el Estado en cuestión tiene información que ofrezca motivos razonables para creer que la carga contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación, estén prohibidos”. La modificación de la resolución anterior incluye “el suministro de personal mercenario armado”, lo que compromete seriamente a las posiciones de Argelia y Siria, también zarandeadas por revueltas internas y que aceptaron servir como puente para la contratación de fuerzas mercenarias y armas por parte de Tripoli. Al mismo tiempo, Naciones Unidas exhortaba “a todos los Estados del pabellón de estos buques y aeronaves a cooperar con estas inspecciones, y autoriza a los Estados Miembros a aplicar toda medida acorde con las circunstancias concretas para realizar esas inspecciones”. Sin embargo, nada se habla de inspecciones sobre el territorio libio que pudieran camuflar operaciones militares de distinta catadura.

Claro que Gadafi, cuyo ministro de Exteriores Musa Kusa anunció un inmediato alto el fuego, siguió bombardeando Bengasi y ello provocó el ataque sobre su aviación, hasta aniquilarla durante la pasada semana. También el ataque de las fuerzas aliadas habría aniquilado a numerosos civiles, a los que en principio pretendía proteger. Daños colaterales, según la jerga de los especialistas en Defensa. Tampoco estaban previstos por la Resolución 1973.

Quizá, visto lo visto, a estas alturas de la película, la OTAN tendría que limitarse a mantener una especie de guardería aérea que impidiera nuevas matanzas. Y dejar la guerra y los pozos de petróleo en manos de los libios. O, en cualquier caso, de los cascos azules.