Fronteras – Juan José Téllez

Hermosa y kistch exposición universal de Shanghai 2010. Miles de chinos se asoman al mundo sin salir de su país. Un pretexto ecológico, el de las ciudades habitables, recorre este enorme recinto a orillas del río Huang Gpu. Muy cerca, bajo los rascacielos de Pudong, el capitalismo mueve sus habituales juegos de Monopoly. En la ciudad vieja, todavía están en pie los edificios que albergaron a los antiguos sindicatos o al pionero Partido Comunista de China.

La economía china crece inexorablemente y a las autoridades locales les preocupa tanto crecimiento. Las calles son un muestrario de vehículos de alta gama. Y un pueblo acostumbrado a los hijos únicos y los visitantes de la Expo, poco acostumbrados a ver occidentales más allá de las grandes ciudades, se hacen fotografías con los guiris y con Miguelín, el bebé gigantesco, rubio y de ojos azules, que Isabel Coixet ha diseñado para que sueñe el futuro en el Pabellón de España.

¿Dónde queda allí el Pabellón de los Derechos Humanos? Nadie parece creer que ese asunto sea prioritario en un país en el que los expertos recuentan hasta 35 millones de muertes desde el inicio de la revolución hasta hoy. Los cambios en la economía que se han ido suscitando desde los años 70 no han afectado en demasía a los cambios en la política: un partido único, una férrea censura que alcanza a Internet y apenas aliviada en los medios que no se expresan en chino aunque se editen en el país, etc, etc. Una tormenta perfecta es la que vive China: todos los inconvenientes del liberalismo y ninguna de sus ventajas.

¿Cuántos gobiernos han denunciado al ejecutivo de Wen Jiabao por la reciente detención del escritor Yu Jie?. Una biografía sobre el mandatario, de próxima aparición bajo el título de El Mejor Actor de China, le ha llevado a la trena. Antes de detenerle, agentes de la policía secreta ya le habían advertido de que de publicar su obra, podría correr la misma suerte de Liu Xiaobo, otro escritor sentenciado a 11 años de prisión en diciembre pasado acusado de “incitación a subvertir el poder del Estado”, un cargo habitual en la legislación china y que pesa sobre cualquier suerte de disidencia. Como fundamento para su detención, las autoridades apelan a que criticar al presidente “daña los intereses del país y su seguridad”.

En la actualidad, según cifras de ongs y de organismos supranacionales, alrededor de dos centenares de miles de personas se encuentran internadas en China en los denominados centros de “reeducación por el trabajo”, donde se les fuerza a trabajar en régimen de esclavitud durante 16 horas diarias. Y más allá de la obsesión por la pintoresca secta del Falun Gong que supone la persecución sistemática de sus seguidores, según el Parlamento Europeo y Human Rights Watch, la mordaza es una prenda de moda en esta enorme nación de antiguos dragones.

Así, un periodista uigur acaba de ser condenado a 15 años de prisión. ¿Por qué? Por advertir a la opinión pública sobre el malestar que recorría su región y realizar luego declaraciones condenando el papel jugado por el Gobierno. Los uigures, que cuentan con su propia lengua, pertenecen a un grupo étnico que vive en las regiones del noroeste de la República y principalmente en una Región Autónoma, la de Xinjiang o Sin-kiang, aunque también se reparten por otros territorios chinos como la provincia de Hunan y más allá de sus fronteras, en Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán. Pekín –o Beijing como ahora se transcribe—les reconoce oficialmente junto con otras 55 minorías étnicas. Pero hace justo un año se lió la grande: los disturbios se originaron el 5 de julio de 2009 por varias cuestiones, como el hecho de que se estuviera incentivando a los jóvenes y especialmente a las mujeres a emigrar al sur del país desvinculándoles de su pueblo. Para colmo, una serie de asesinatos de los que fueron víctimas siguen sin aclararse y ese día la población se echó a las calles de la capital, Urumki, para exigir justicia.

El resultado fue, como ha denunciado Amnistía Internacional, un desmedido uso de la fuerza, detenciones masivas, desapariciones, torturas y malos tratos. “La versión oficial deja demasiadas preguntas sin respuesta: ¿Cuántas personas murieron realmente? ¿Quién las mató? ¿Cómo ocurrió y por qué?”, declara Catherine Baber, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía, que denuncia como un año después se han impuesto serias restricciones a la libertad de circulación y de expresión, así como a organizaciones comunitarias uigures.

“En lugar de sofocar las investigaciones, culpar a agitadores externos y crear miedo, el gobierno chino debe aprovechar el aniversario para emprender una investigación apropiada que incluya los motivos de queja que alberga desde hace tanto tiempo la comunidad uigur y que contribuyeron a los disturbios”, añadió Baber.

El periodista condenado a 15 años de cárcel por supuestos delitos contra la seguridad del Estado es conocido como Hairat Niyaz. La acusación se basó en textos que el periodista había escrito antes de los disturbios y en entrevistas que concedió a medios de comunicación de Hong Kong después de que estallara la violencia. Había sido detenido en octubre de 2009 porque, según la policía, ya había “concedido demasiadas entrevistas”. En estas entrevistas, Hairat Niyaz puso de relieve los crecientes motivos de queja contra la implementación de la denominada política de educación “bilingüe” que había provocado el despido de muchos maestros uigures, así como la emigración inducida de los más jóvenes con el propósito encubierto de hacerles perder su identidad.

Hay cambios en China, pero son lentos. Hace unos meses, las autoridades dieron a conocer un informe por el que denunciaban las vulneraciones de los derechos humanos por parte de Estados Unidos y otros países democráticos. Ahora, ya ha trascendido la posibilidad de que se reforme la Ley Penal a fin de limitar los delitos que pueden conducir a la pena de muerte. Al menos, el Congreso Nacional del Pueblo Chino, el supremo órgano legislativo del país pretende poner en marcha los mecanismos necesarios para ello durante una reunión que tendrá lugar durante el próximo mes de agosto. Por ejemplo, se baraja la posibilidad de excluir de la aplicación de dicha sentencia a los reos mayores de 70 años. Pero, claro, queda por ver qué delitos se excluirán del corredor de la muerte. En la actualidad existe una relación de 68 que pueden conllevar semejante sentencia, aunque 44 de ellos no presuponen la existencia de prácticas violentas: atracos, robo, narcotráfico o corrupción, por ejemplo. De hecho, hace una semana fue sentenciado a muerte por aceptar sobornos un tal Chen Shaoji, un alto asesor de la administración de la provincia de Guangdong, en el sur de China.

Como las comparaciones son odiosas, excuso comentarios macabros al respecto. Pero el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que visitará Shanghai en las próximas semanas, podría tener un gesto a favor de la democratización del país, tal y como solemos escenificar con Cuba. Ese doble rasero respecto a una y otra situación sorprende entre los países del primer mundo, campeones de las libertades a primera vista. Pero según se mire.


Los portorriqueños siguen platicando en español, aunque cada vez sea más spanglish, pero España hace mucho que olvidó a Puerto Rico, aquella isla asociada con la de Cuba en el desastre del 98: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, cantaba Pablo Milanés hace un mundo. Y todavía hay un regusto hispano profundo a pesar de la bandera de las barras y estrellas que ondea sobre el palacio del Gobernador en San Juan y que reconoce a la isla como estado libre asociado a los Estados Unidos de Norteamérica.

Pero hay una identidad profunda boricua que alienta en un amplio sector de la población portorriqueña que gusta más de bucear en sus señas personales que obedecer a metrópolis remotas: la que le liaron a un provocado Álvaro Mutis en la Universidad de Río Piedras cuando el escritor colombiano dijo allí que los yanquis tendrían que marcharse de la isla, entre grandes aplausos que se torcieron cuando añadió y que Puerto Rico volviese a la corona española de la que nunca tuvo que separarse.

Allí, en dicho recinto universitario, pasean algunas de las más ilustres sombras de nuestro exilio intelectual, desde Jorge Enjuto a Aurora de Albornoz, pasando por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí cuyos modestos enseres y biblioteca aún se conservan entre dichas paredes.

Por el viejo San Juan con el castillo de San Felipe tan parecido a los baluartes de Cádiz, se cruzan las voces de Jennifer López o de Chayanne con la de Lidya Caro interpretando a San Juan de la Cruz. Y en un caserón derruido de la ciudad histórica los sanjuaneros que se marchan dejan un muñeco de peluche como símbolo del trozo de su alma que permanecerá para siempre entre sus calles. En las últimas semanas, esos muñecos deben haberse multiplicado porque la ciudad y el territorio entero que le rodea están que arden bajo los efectos de una crisis económica devastadora y por la mano de hierro crecientemente despótica de las autoridades locales.

Unos 60 mil puertorriqueños se echaron a las calles de la capital durante el pasado fin de semana. Se trataba de una movilización contra la violencia desplegada por la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) de la Policía, la fuerza de choque del Gobierno de Luis Fortuño en torno al Capitolio isleño durante las manifestaciones del pasado 30 de junio. La acción popular fue, a todas luces, unitaria y llevó a la marcha a representantes de buena parte de las organizaciones estudiantiles, sindicales, políticas, religiosas, ambientalistas, culturales y de otros sectores de la sociedad isleña.

Y es que, para colmo, tras el profundo malestar vivido durante aquella jornada de insurgencia, la ciudadanía contempló indignada como durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox, la versión del suceso ofrecida por el gobernador Fortuño se veía ilustrada por unas imágenes de las manifestaciones vividas recientemente en Grecia y en las que los manifestantes mostraban una actitud violenta que apenas tuvo que ver nada con lo ocurrido en Puerto Rico. Allí, el 30 de junio, las tornas se volvieron y fueron los manifestantes quienes sufrieron una brutal ofensiva policial.

El equívoco en las imágenes fue acompañado por la visión oficial de los hechos que ofrecía el gobernador. Esto es, que los “estudiantes universitarios intentaron interrumpir las operaciones normales del Capitolio” y que se ha ordenado una investigación respecto a aquellos sucesos. También había trabajadores entre los manifestantes que, en principio, tan sólo tenían la intención de llenar las gradas del Senado, algo que permite la Constitución.

El dramaturgo portorriqueño Roberto Ramos-Perea, basándose en los comentarios de más de un centenar de ciudadanos, ha hecho circular por la red una versión bien distinta de aquellos hechos y que es la que sigue:

“Son las 5:00 de la tarde del día 30 de junio de 2010, grupos de estudiantes, profesores y ciudadanos pidieron entrada a la Casa de las Leyes y fueron golpeados y torturados por la Polícia; hay numerosos heridos, mientras se moviliza la Guardia Nacional hacia el Capitolio. Choques violentos se esparcen por toda la zona del Parlamento y las represiones continúan.
Un golpe de estado constitucional acaba de consolidarse en Puerto Rico. Tras un año de que el actual gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP, partido que busca la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos), intentara y lograra exitosamente la toma de varias instituciones que sostienen el gobierno democrático de Puerto Rico, un ambiente de hostilidad seguido por temerarias acciones retadoras de la paz pública, han desembocado en acciones violentas y agresivas del actual gobierno, tanto contra los partidos de oposición, como del movimiento estudiantil organizado, los sindicatos, la prensa, así como de todos los sectores de la sociedad civil puertorriqueña.

Esta toma del control constitucional procede de la Rama Legislativa bajo la autoridad del Senador Lcdo. Thomas Rivera Schatz, apoyada por el gobierno central bajo el mando del Secretario de la Gobernación, el Lcdo. Marcos Rodríguez Ema, con el obvio propósito de tener a su disposición y sin disputa, el control de todos los organismos rectores judiciales, universitarios, económicos y civiles. Ante este panorama, el actual Gobernador, Lcdo. Luis Fortuño, funciona sin voluntad, sin opinión y sin presencia ni responsabilidad pública.
Con el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, el pretendido control de los medios de comunicación, entre muchos otros, se atenta contra la genuina participación del pueblo puertorriqueño en todos los procesos democráticos protegidos por su Carta de Derechos.

Los incidentes comenzaron con el despido de más 20,000 empleados públicos con el pretexto de aliviar el gigantismo gubernamental y resolver el gravísimo déficit fiscal del país. Esta decisión ha provocado el caos económico, ha empeorado la prestación de servicios públicos y ha provocado la desesperanza en todas las familias puertorriqueñas. De la misma forma se instauró una grave persecución contra los institutos artísticos del país, estrangulando sus presupuestos y de esta manera evitar la propagación del arte como disidencia. Mientras el Gobierno favorecía con contratos de cantidades obscenas, a cientos de asesores, contratistas, y cabilderos asociados a su partido.

Continuaron los ataques con el nombramiento al Tribunal Supremo de cuatro Jueces afiliados y militantes al partido del poder logrando con ello la mayoría a favor del gobierno de todas las decisiones que por votación individual se hicieran en ese foro. Luego continuó con la eliminación y represión de la participación estudiantil en los procesos universitarios, la supresión de derechos de exención de matricula de atletas, artistas, entre otros, mientras obligó a los estudiantes de los 11 recintos universitarios del estado a declarar una Huelga que duró 60 días. Los estudiantes en Huelga lograron negociar a través de un tribunal de primera instancia, sin embargo, los referidos compromisos fueron invalidados por el Secretario de la Gobernación quien dijo que los acuerdos “no valen el papel en que están escritos”.

Este hecho precedió a la acción del gobierno central y del Senado de proponer un proyecto de Ley, aprobado en cuestión de horas, para aumentar cuatro miembros más a la Junta de Síndicos. Dichos miembros son incondicionales del partido en el poder. Los estudiantes universitarios de la universidad del estado, cuya vasta mayoría dependen de la beca de estudios federal, se enfrentan a una cuota anual recurrente de $800 dólares. Cuota que no pueden pagar y que se negarán a pagar obligados nuevamente a la consecuente Huelga. De esta manera, la administración central de la UPR arriesga la acreditación de la Universidad y podrá privatizar sus activos. En esta misma dirección, el Gobierno de Puerto Rico venderá los terrenos donde se ubica la zona del llamado “Karso” del Noroeste, que recoge un tercio de los abastos de agua de todo el país, para entregarlo a manos privadas que construirán un expreso de peaje sobre la referida zona, rica ecológicamente.

Pasando por alto muchos otros acontecimientos, el Presupuesto del país fue aprobado, junto con innumerables leyes que favorecen la privatización, la descolegización profesional, así como la repartición de fondos públicos a manos privadas sin tomar en cuenta las necesarias y obligadas vistas públicas de participación ciudadana, y apagando los micrófonos de las bancas del Partido de Oposición de manera despótica.
Los incidentes lograron un punto climático cuando esta pasada semana, el FBI (Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos) arresta por cargos de soborno, venta de influencias y otros a un senador del PNP, el senador Héctor Martínez, mano derecha del Senador Rivera Schatz. Una pugna pública salta a las noticias entre Rivera Schatz y este cuerpo federal castrense, en defensa de la supuesta inocencia del senador Martínez, quien ha sido asociado al narcotráfico y quien fuera grabado en medio de su acto de soborno. Como último de los muchos incidentes de violencia y temeridad del Presidente Senatorial, se censuró mediante la fuerza la entrada de los periodistas a las sesiones del Senado, privando al pueblo puertorriqueño de la discusión que se realizó sobre el presupuesto del país. Los incidentes llegaron a la violencia verbal y física entre senadores, y han elevado la indignación del país a un punto insostenible de ansiedad y rabia.

El Lcdo. Thomas Rivera Schatz ha tomado virtual control del país con sus actitudes tiránicas y fascistas, y no se descarta que desde sus mismas gradas se inicien esta semana procesos de persecución y violencia contra otros sectores del país, apoyados por el Secretario de la Gobernación de Puerto Rico.
Son las 5:00 de la tarde del día 30 de junio de 2010, grupos de estudiantes, profesores y ciudadanos pidieron entrada a la Casa de las Leyes y fueron golpeados y torturados por la Polícia, hay numerosos heridos, mientras se moviliza la Guardia Nacional hacia el Capitolio. Choques violentos se esparcen por toda la zona del Parlamento y las represiones continúan.

Este control de facto del poder político en la Nación Puertorriqueña viola todos los más elementales principios de la democracia y del gobierno participativo, por lo que enteramos al mundo de la actual situación de violencia contenida que existe en nuestro pueblo y que está a punto de estallar contra estos dos políticos que han tomado por asalto el poder del país. Aún cuando en Puerto Rico no existen las condiciones para un levantamiento armado popular por la obvia desigualdad de las fuerzas en pugna, una revolución de afirmación cultural y estudiantil comienza a tomar las calles y a rescatar los espacios robados por los autores de este golpe.

Exhortamos a todos los medios de comunicación del mundo a que den noticia de la actual situación de la Nación Puertorriqueña y solicitamos por ende su completa solidaridad”.

Lo cierto es que Puerto Rico mantiene un elevado índice de desempleo que ronda el 16,6 por ciento de la población sin una economía sumergida que lo palie parcialmente. A pesar de una leve mejoría en los datos del mes de junio, colectivos profesionales como la la Asociación de Economistas de Puerto Rico, que preside Martha Quiñones pone en duda el optimismo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y habla de una fuerte emigración que lleva a que “muchas personas se están yendo del país”.

El gobernador Fortuño recordó el pasado junio que el Índice de Actividad Económica creció en mayo por cuarto mes consecutivo, lo que significaría, según su
interpretación, que Puerto Rico daba sus primeras señales de recuperación. Tras cuatro años de cifras a la baja, “la situación está estancada y no hay cambios”, subrayó Quiñones.”Existen contradicciones en cómo se llevan a cabo las políticas económicas. No se ve la luz al final del túnel”. Su déficit presupuestario sigue estando cercano a los 3.200 millones de dólares. A este paso, como en la añeja canción de Milanés, será definitivamente un ala caída al mar.


El maestro Joan Manuel Serrat nos hizo preferir hace un mundo la revolución a las pesadillas. Y entre todos los proyectos de rebeldía política del siglo XX, fuimos muchos quienes todavía tenemos el corazón atrapado por Cuba: todo un pueblo, sesenta años después de la guerra hispano-norteamericana, dejaba de ser por voluntad propia el patio trasero de la mansión imperial de Tio Sam, aunque semejante órdago le costase una extraña hermandad de sangre con los soviets.

El grado de intervención de la Casa Blanca en la isla no tiene parangón: lo mismo suele ocurrir con la mirada bizca de los medios de comunicación en general, que ponen la lupa sobre tan minúscula experiencia de socialismo real antes que sobre otros sistemas afines como el de China, mucho más poderoso desde el punto de vista comercial y militar, por ejemplo. Tampoco es de recibo que se le suelan exigir a los cubanos un certificado de calidad democrática que no reclamamos de otros países del área, que actúan bajo los hilos dóciles del nuevo orden mundial, sea cual sea ese nuevo orden.

Sin embargo, desde hace varias décadas, no se sabe a ciencia cierta donde empiezan y terminan la revolución y las pesadillas en la Perla del Caribe. Está claro, eso sí, que quien sigue vulnerando a porfía los derechos civiles en la isla es Estados Unidos desde su base de Guantánamo, más un infierno que un limbo legal, por mucho que la administración de Barack Obama, sin prisa pero esperemos que sin pausa, esté intentando limpiar las cloacas de Georges Bush. Claro que como aguardemos a que el Nobel de la Paz sea tan diligente en este asunto como en ajustarle las cuentas a las tropelías constantes de sus aliados del Estado de Israel, apañados vamos.

Preguntémonos, no obstante, qué es lo que queda del espíritu libertario de los barbudos en un país severamente vigilado por policías torpes, políticos burócratas y penas de muerte caprichosas. Es más, ¿qué es lo que resta de su espíritu igualitario cuando, particularmente desde el periodo especial, se han acrecentado las diferencias entre quienes están en la pomada del dólar y del euro y quienes frecuentan las casas de protocolo y las antiguas tiendas diplo, o cuentan con parientes y divisas de Miami o de Madrid, frente a quienes no tienen perritos que les ladre y viven esa Cuba alegre pero estoica de los pesos convertibles y de los sueños racionados?

Los furibundos partidarios del castrismo –un fenómeno sociológico al que no creo que haya que equiparar sine qua non con el alma original de la revolución—dirán que más penas de muerte hay en Estados Unidos, que más hambre se pasa en Africa y que peor atención sanitaria existe en otras islas caribeñas o en América Central. Pero es que ninguno de esos lugares gritó revolución: en ninguno de ellos alentó la esperanza de un socialismo de rostro humano, como en Cuba, donde han ido mustiándose los grandes horizontes como flamboyanes caducos.

La derecha clásica española aplaude sin reparos el neocolonialismo estadounidense, olvidando por cierto que con la caída de la fidelísima el viejo imperio español se desplomó en 1898 para diluirse en la noche de los tiempos. A nuestros conservadores no les importa en demasía aquella Cuba de Fulgencio Batista, rica en atropellos, injusticias sin cuento, que consagraba el bienestar de unos pocos frente a la pobreza de muchos. Incluso, hoy por hoy, llegan a justificar ese injustificable bloqueo que tan sólo sirve para estrangular al pueblo llano sea negro o criollo, y suministrar un perpetuo pretexto político a los excesos de los hermanos Castro.

Pero la izquierda canónica de nuestro país tampoco acepta de grado las críticas contra las tropelías del Gobierno cubano y de sus actuales presidentes casi mellizos, cuando precisamente suelen ser estos los primeros en proclamarlas en voz alta. ¿Aceptaríamos de la misma forma, en nuestro territorio, que un militar nos gobernase sin elecciones libres durante cincuenta años, sin periódicos con los que discrepar, sin partidos con los que enfurruñarnos? Incluso a quienes no nos gusta la democracia burguesa tampoco nos atrae demasiado una democracia endeble sea cual sea su apellido. Así, aplaudimos la huelga de hambre de la saharaui Aminetou Haidar y crucificamos la del cubano Guillermo Fariñas. ¿Coherente? ¿Etico? Simplemente curioso.

En las últimas horas, siete disidentes cubanos han llegado a España. Les seguirán otros, a lo largo de los próximos cuatro meses, hasta un total de 52 disidentes, considerados por organizaciones de derechos humanos como prisioneros de conciencia. ¿Cómo no suscitar oposición, dentro y fuera de Cuba, la ejecución por ejemplo de tres secuestradores en 2003 cuando ni siquiera pesaban sobre ellos delitos de sangre, que suele ser el pretexto para la última pena en la geografía universal de la barbarie donde todavía se aplica?

La llamada Ley 88 permite a las autoridades cubanas encarcelar a capricho a quienes publiquen críticas contra el sistema. Por ello, algunos la llaman la Ley Mordaza y fue la que se aplicó durante la primavera negra de aquel 2003 para justificar la detención de setenta y cinco personas: varios periodistas, pero también economistas, bibliotecarios o cirujanos, activistas del Partido Pro Derechos Humanos, Movimiento Democracia, o Movimiento Alfa 3, entre otras organizaciones como la asociación profesional de informadores Manuel Márquez Sterling, sin que falten sobre sus imputaciones el supuesto de actuar a sueldo de Estados Unidos.

¿Por qué salen en libertad y rumbo a España? Tiene mucha razón Luis García Montero cuando reprocha que se atienda antes a las sotanas que a los hijos de la revolución, aunque sean pródigos. Mucho gustaría pensar que las puertas de la prisión Nieves Morejón en Guayos o del Combinado del Este se abrieran por la presión de Amnistía Internacional y de otras organizaciones humanitarias, pero obedece a una negociación con el Vaticano, refrendada por el Gobierno español. ¿Se trata de un acto humanitario, de justicia, o de un toma y daca a cambio de que la Unión Europea modifique sus posiciones actuales respecto a Cuba?

Para evitar injerencias del exterior, Cuba podría empezar a negociar consigo misma: no toda la oposición interna está a sueldo de la CIA y en sus filas no sólo hay sediciosos yanquis sino simples socialdemócratas, troskistas o gente que han debido leer otra edición de “El capital” distinta a la que circula como catecismo dogmático. Incluso dentro de las filas del Partido Comunista Cubano y del actual Parlamento isleño, existen voces que difieren de la doctrina oficial y que plantean la búsqueda de balones de oxígeno para sus ciudadanos; por no hablar de algunos de los rostros más populares de su cultura, como Pablo Milanés,  Carlos Varela o, más recientemente, el propio Silvio Rodríguez, hasta hora un claro icono de los principios revolucionarios.

Se nos antoja encomiable procurar la liberación de los presos, pero también sería práctico intentar salvar los muebles de la revolución, sus conquistas –si es que todavía queda alguna en pie bajo las estreches de una lenta asfixia económica–, incluso sus espejismos. Enrocándose en sus posiciones jurásicas, sólo conseguirán caer como fruta ajada del viejo árbol de la historia. Y varias generaciones cubanas, de dentro y de fuera, se habrían sacrificado en vano durante varias décadas.


Aunque la crisis haya frenado el entusiasmo de muchas familias de acogida, los niños saharauis ya están aquí. Llevan un par de semanas en España, el país que les colonizó, que les abandonó a su suerte mientras el dictador Francisco Franco expiraba, y que sigue arrastrando tanta mala conciencia como falta de firmeza en el contencioso que enfrenta a Marruecos con la República Arabe Saharaui Democrática, en torno a un territorio ocupado por Rabat desde la Marcha Verde que siguió a los controvertidos acuerdos tripartitos de Madrid, puestos en cuestión por la asesoría jurídica del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Tras derrotar a Mauritania en 1979, el Frente Polisario fue capaz de echarle un pulso al gigante militar marroquí, que bombardeó a su población con napalm y fósforo blanco, utilizando para ello armamento exportado por diversos países, entre quienes volvía a figurar España. El armisticio llegaría en 1991, con la firma de un alto el fuego auspiciado por la ONU y supeditado a la convocatoria de un referéndum que habría de celebrarse al año siguiente. No hubo tal. Marruecos apeló y su convocatoria se demoró sine die a partir de diversos pretextos, especialmente el del censo: a estas alturas de la película y de la historia, ¿cuántos saharauis quedarán de aquel último censo español sobre el que ambas partes parecían estar inicialmente de acuerdo aunque discrepen en el porcentaje ulterior de añadidos a dicho balance demográfico?

Desde entonces, se han sucedido incumplimientos de acuerdos supranacionales, como los de Houston de 1997, ya que el proceso de identificación de votantes quedó en suspenso y la consulta sobre la autodeterminación sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Tampoco han faltado traiciones pagadas a buen precio por Rabat. Y deserciones en las filas saharauis, desgastadas por tan larga espera.

Casi veinte años después de la paz, lo cierto es que Marruecos mantiene un control férreo sobre los territorios bajo su dominio: prueba de ello es la represión sobre Aminnetou Haidar y los activistas que mantienen las tesis del Polisario. De hecho, en 2009 la Eurocámara expresó su preocupación ante la ONU por el deterioro de la situación de los derechos humanos en la región. Expresamente se refirió a los derechos de “libertad de expresión, asociación, manifestación y comunicación”. El Parlamento Europeo, en dicha resolución, añade además que la justicia marroquí de la zona está sesgada por la presión de protección del dominio.

El Gobierno de la RASD, por su parte, también controla hasta donde puede a la población que lleva dos décadas en el arenal de Tinduf y en los territorios ocupados, a un lado del muro que les separa de su memoria y de su genética, esperando el regreso a El Aaiún o a Dajla, a Bojador, a Esmara o al Río de Oro, las zonas de aquella antigua y remota provincia española. Pero, ¿cómo no hacerlo cuando la estabilidad de ese Estado en la hamada es tan frágil que sigue necesitando de la ayuda argelina o de la cooperación exterior?.

Para superar el estancamiento del proceso de paz, las Naciones Unidas designaron
a James Baker como Enviado Personal del Secretario General de las Naciones
Unidas para el Sahara Occidental que, en 2003, presentó un nuevo plan avalado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de su Resolución 1495. Nuevamente, Marruecos mareó la perdiz y propuso una amplia autonomía del Sáhara Occidental, siempre y cuando quedara bajo su soberanía. A pesar del rechazo del Polisario y de numerosos países, lo cierto es que la posición marroquí ha ido ganando adeptos, sobre todo a partir de que su importancia estratégica como aliado de Occidente haya ido creciendo en una región, la del Magreb, minada cada vez más por Al-Qaeda.

Sin embargo, si tan buena voluntad tiene Marruecos a la hora de otorgar la autonomía a dicho territorio, ¿por qué no lo hace sin contrapartidas? Sería todo un gesto que haría aumentar la escasa confianza que despierta en este aspecto concreto de su política interior y exterior. Y es que, desde la independencia, Marruecos está obsesionado con la unificación de su país en base a fronteras más legendarias que históricas. Y, desde luego, sus objetivos inmediatos pasan por mantener su control sobre el Sáhara y ampliarlo a Ceuta, a Melilla y a los pequeños peñones e islotes del Estrecho, como puso de manifiesto el célebre y absurdo por ambas partes incidente de El Perejil, durante la última etapa del mandato de José María Aznar en La Moncloa.

A comienzos de julio, falleció  Mahfud Ali Beiba, miembro del Secretariado Nacional y presidente del Consejo Nacional saharaui, esto es, su Parlamento. Desde 1997, cuando se firmaron los últimos fallidos acuerdos, venia encabezando la delegación Saharaui en las negociaciones con la parte Marroquí en el marco de las Naciones Unidas. ¿Seguirá habiendo contactos? Cada vez más débiles, eso sí.

El Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, se llama Christopher Ross y durante su último y reciente encuentro con Miguel Angel Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores, recibió el pleno apoyo a su gestión por parte de la diplomacia española, últimamente tímida en este aspecto. La postura oficial de nuestro país pasa por “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

Algo es algo, aunque siga sin existir reconocimiento oficial por parte de España a la RASD. Y no va a haberlo. Lo único que se pone en valor es la nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que con el número 1920 fue adoptada el
pasado 30 de abril de 2010 y que renovó el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). Más de lo mismo. Largas cambiadas.

Francia, el primer socio comercial de Marruecos, lo tiene claro. A comienzos de julio, el primer ministro francés, François Fillon, en presencia de su homologo marroquí Abás El Fasi, respaldó la propuesta de autonomía como “la base más pertinente para salir del estancamiento” actual de este conflicto. Ya el presidente Nicolás Sarkozy se había expresado en el mismo sentido. Lo sorprende es lo que añadió El Fasi a renglón seguido: “Muchos países han optado por esa solución, entre ellos España”. ¿Desde cuándo? Durante los últimos años, aunque sea con la boca chica, al igual que Estados Unidos. Hoy por hoy, el peor enemigo que tiene Marruecos en este contencioso es su propio orgullo y prepotencia. Los excesos marroquíes tanto en materia de derechos humanos como su intransigencia en las rondas de negociación de Manhasset y Armonk están provocando cierto recelo en la administración de Obama, aunque todo parezca, a primera vista, discurrir como la seda.

La última jugada al respecto ha sido el plácet del Consejo de Ministros al nuevo embajador marroquí en España. Su nombre es Ould Souilem y es precisamente un saharaui de Dajla, que sustituye en el cargo a Omar Aziman, depuesto a raíz de la crisis bilateral que motivó la la expulsión de Aminatou Haidar, a finales del pasado año. El nuevo embajador es hijo de Abdalá Ould Souilem antiguo alcalde de Villa Cisneros y procurador en las cortes franquistas, pero que se unió al Frente Polisario en 1975 y a lo largo de más de tres décadas desempeñó altas responsabilidades en la RASD, siendo embajador en varios países de América Latina, África y Asia, encargado de las relaciones con las comunidades saharauis en Mauritania y en los últimos años encargado de relaciones con los países árabes, con rango de consejero de la presidencia. Su designación se produjo meses después de que desertase de la RASD y se entregara a la causa marroquí. Está visto que Rabat sí paga traidores.


Hokman Joma justo después de lanzar el zapato (RTVE)

El juzgado de lo penal número 9 de los de Sevilla acaba de condenar a tres años de cárcel y cuatro meses de arresto al joven kurdo Hokman Joma por el pintoresco delito de arrojar un zapato contra el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de febrero y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. Al menos, el tribunal no le ha repatriado a Siria, tal y como llegó a plantear la Fiscalía.

Su abogado defensor, Luis Ocaña, que forma parte del llamado Grupo de los 17 que reúne a juristas andaluces que luchan desinteresadamente por los derechos civiles, recurrirá el fallo y, en cualquier caso, solicitará un indulto. También Muntazer Al Zaidi, el iraquí que lanzó un zapato contra el presidente estadounidense George Bush, también fue condenado a tres años aunque luego vio reducida su condena.

Portada del libro El zapato de la dignidad

Bajo el título de “El zapato de la dignidad”, la editorial Atrapasueños ha publicado un libro en el que se da cuenta de este caso que ha motivado la redacción de un manifiesto de solidaridad suscrito, entre otros, por los actores Enma Cohen, Francisco Algora y Willy Toledo, o escritores como Luis García Montero o Isaac Rosa. Junto a dicho texto, el volumen cuenta con una portada diseñada por Andrés Vázquez de Sola y en el mismo se incluyen textos de Manuel Martorell y Francisco Artacho. Las palabras que siguen, bajo el título de “Zapatos en pie de paz”, las reuní para dicha obra a manera de prólogo:

“Un 44 negro del pie derecho, de 60 euros, viajó por el espacio al grito de “asesino, vivan los derechos humanos y viva el Kurdistán libre”. El zapato que Hocman Joma, un joven de 27 años, de origen kurdo y con pasaporte sirio, arrojó contra el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ni siquiera rozó al mandatario turco.

A la puerta del Ayuntamiento de Sevilla donde acababa de recibir un premio, el calzado chocó contra la carrocería de su coche oficial y cayó junto al automóvil como un casquillo de cuero que recogieron los escoltas y que alguien terminaría por catalogar como prueba de una fallida agresión. Un crimen jocoso si no fuera porque la justicia española mostró una desproporcionada crudeza con respecto al frustrado agresor, detenido desde un primer momento y amenazado de expulsión por su situación irregular –tramitaba en ese momento la renovación de su permiso de residencia— o de repatriación a Siria, un país del que pudiera no salir vivo. Un guardaespaldas turco le inmovilizó en el suelo y le condujo de inmediato al furgón policial, tapándole la boca y la nariz. Intento de atentado contra un Jefe de Estado, le imputaron cuando llegó ante un juez. Agresión a la policía y resistencia a la autoridad fueron algunos otros cargos barajados en su contra. Ingresado de inmediato en la prisión de Sevilla I, su defensa, que ejerció el letrado Luis Ocaña, promotor del libro que ahora tiene usted entre las manos, reclamó sin suerte libertad sin fianza. ¿Por qué? Porque a su juicio fueron irregulares las imputaciones de los delitos por los que fue enviado a prisión; que la imputación del delito de injurias, al llamar a Erdogan “criminal y asesino” es irregular ya que “no existe denuncia del ofendido”, y el de resistencia a la autoridad también “porque no hay parte de lesiones por parte de los agentes que le detuvieron, ni se produjo resistencia”.

Desde el primer momento, Ocaña también rebatió el supuesto delito contra la comunidad internacional, señalando que “se refiere a aquellos casos en los que se atente de manera grave contra miembros de la comunidad internacional, y en este caso el zapato ni siquiera llegó a impactar contra el primer ministro turco”. Para el 28 de junio de 2010 se ha señalado el juicio contra Joman, que se juega una pena de tres años y ocho meses de prisión así como una multa de 1.500 euros e incluso la expulsión de España, país adonde llegó en 2005 como solicitante de asilo, aunque nunca le fue concedida dicha gracia. Una pena mucho mayor, en cualquier caso, a la que terminó cumpliendo en Irak el autor del famoso zapatazo contra Bush, en diciembre de 2008, que sólo vivió nueve meses de cárcel. “No creía que por lanzar un zapato estaría hoy en la cárcel”, declaró en prisión al periodista Ángel Munárriz, del diario “Público”. A la policía de Siria le faltó tiempo para interrogar a su padre, que vive al noroeste del país, en la región de Ainel Alrab. No pertenece a ninguna organización kurda, afirma Joma. Sólo se define como un hijo legítimo de su pueblo, que no entiende por qué no puede estudiar su lengua –de origen indoeuropeo y sin relación alguna con el árabe ni con el turco— o por qué los suyos se encuentran cada vez más postergados, desde Irak a Siria o Turquía.

Desde hace una década, estos dos últimos países colaboran en la lucha contra los rebeldes kurdos, actúen contra el país que actúen: gracias a dicha cooperación, han sido detenidos decenas de militantes del PKK, la principal organización kurda, y fruto de dicho proceso también fue la expulsión de Damasco, en 1999, del líder de dicha organización, Abdullah Öcalán. Sus partidarios le conocían como “apo”, que en kurdo quiere decir “tío”, pero en aquel momento terminó siendo detenido por los servicios secretos turcos. La Siria de Bachar al Asad, a la que no quiere retornar este joven, aparece en diversos informes realizados por el Departamento de Estado norteamericano y por el Reino Unido, como un país en donde durante el pasado año ocurrieron numerosos casos de desapariciones de kurdos, muertes no aclaradas y otro tipo de atropellos contra dicho pueblo, incluyendo documentados casos de tortura.

Al menos, Hokma Joma cuenta ahora con el respaldo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. A sus espaldas, un largo viaje a través del norte de Africa, hasta Marruecos, donde pagó tres mil euros para cruzar a España, donde ha trabajado en diversos oficios, desde soldador a vigilante o camarero. No cabe duda de que Turquía es un socio estratégico del Gobierno español en su encomiable alianza de civilizaciones. Y somos muchos quienes apostamos abiertamente porque la vieja Asia Menor se incorpore de pleno derecho a la Unión Europea, a pesar de las reticencias del núcleo duro de la Europa de los mercaderes, comenzando por Alemania.

Sin embargo, la causa del pueblo kurdo también merecería el respaldo solidario de nuestro pueblo, salvando los excesos que hayan podido cometer en su legítimo derecho a la resistencia. Sin embargo, ese zapato en pie de paz, tan similar al que el periodista iraquí Muntazer al Ziadi contra George Bush en Bagdad no es más que una respuesta simbólica y hasta cierto punto inocente a las calamidades políticas y militares que viene sufriendo desde antiguo el Kurdistán y sus habitantes. Claro que el gesto iracundo de Joma venía a coincidir con una serie de acontecimientos inquietantes en Estambul. Por ejemplo, ese mismo día, el Gobierno turco procedía a la detención de medio centenar de militares en lo que considera la mayor redada contra una trama golpista de Turquía: lo que no suele trascender es que buena parte de los militares turcos abandera la necesidad de que su país mantenga los mismos principios laicos que consolidó durante su progresivo coqueteo con Occidente a partir de comienzos del siglo XX. Algo con lo que no comulga el integrismo dialéctico de Erdogan, partidario de aumentar la islamización tranquila del país. De hecho, no faltó quien, en un claro exceso, le vinculase al yihadismo y por ello fue encarcelado en 1998, al recitar los controvertidos versos de “las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados”: se ignora si la historia le absolverá por ello pero el pueblo sí, al votarle como primer ministro.

Incluso, desde dicho cargo, llegó a justificar la terrible matanza de Darfur a manos de Omar Hasan Al Bashir, presidente de Sudan, reclamado por la Corte Penal Internacional por “exterminio, tortura, violación y ataques a la población civil”. Sus argumentos fueron, cuanto menos, pintorescos al señalar que Al Bashir no podría hacer tales cosas porque “un musulmán no cometería genocidio”. Tan sólo unos meses antes de la acción de Joma, en diciembre de 2009, el Tribunal Constitucional de Turquía acordó ilegalizar al pro kurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP), por considerar que existen vínculos entre esta formación y el ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización armada que es considerada terrorista por la Unión Europea y por Estados Unidos.

La prohibición de este partido, que disponía de 21 escaños en la Gran Asamblea Nacional Turca, se basaba en una acusación de la Fiscalía por entender que esta formación es “un foco de acciones contra la unidad del país”. Junto a dicha sentencia, también se prohibió a 37 miembros del partido DTP, entre ellos su presidente, Ahmet Türk, y una diputada, participar en la actividad política durante cinco años, para impedir así su integración en otras fuerzas políticas. Como dato curioso, cabe reseñar que el presidente del juzgado que dirimió el caso, Hasim Kilic, afirmó que se ha tenido en cuenta la decisión sobre la ilegalización del partido vasco Batasuna, acusado de pertenecer al entorno de la organización terrorista ETA. El alto tribunal consideraba probados los vínculos entre el partido DTP y el ilegal PKK, que desde 1984 se enfrenta a las autoridades de Ankara para lograr una autonomía de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía.

Ese fue uno de los argumentos que movió a Joma en su acción espontánea, ingenuista, indolora: “Soy kurdo –declaró a ´Público´—, y no podía permitir cruzarme con este hombre y no decirle nada, y que viniera a recoger un premio, que no entiendo por qué se lo concedieron, y se fuera tan tranquilo. El Gobierno turco ha iniciado cinco guerras contra mi pueblo, en las que mata a gente, a niños. (…) Yo no quería hacerle daño, sino que los españoles conocieran la situación del pueblo kurdo, y supieran que existe. Si no lo hubiera lanzado, tal vez mucha gente desconocería su situación. No quería humillar al primer ministro turco, pero sí que supiera él también que hay kurdos en todas partes, que su lucha está viva y que no olvidamos”. Arrojar un zapato no debiera figurar, desde luego, en los manuales de urbanidad, pero tampoco figura explícitamente en nuestro código penal. Se trata de una forma de expresión, un tanto exagerada, quizá porque lo que se exagera en Turquía son las mordazas: en dicho país, en la actualidad y según informes del Sindicato de Periodistas Turcos, hay más de cuarenta informadores en prisión, el último de ellos, Vedat Kursun, antiguo editor del diario en lengua kurda “Azadiya Welat”, condenado el pasado 14 de mayo a 166 años de cárcel por un delito de apología del PKK, el citado grupo armado. La acusación, eso sí, había pedido 525 años de cárcel para el periodista por usar términos como “Kurdistán” para referirse al sudeste de Turquía; “guerrilla” y “mártires” para hablar de los miembros del PKK; y “líder del pueblo kurdo” en referencia a Abdullah Öcalan, el dirigente histórico del PKK, condenado en la actualidad a cadena perpetua.

Durante el proceso, Kursun intentó defenderse alegando que otro tribunal desestimó una causa similar contra una publicación nacionalista turca que había pedido “cinco cabezas (de los nacionalistas kurdos) por cada mártir (del Ejército turco)” al considerar que estas declaraciones sí entraban dentro de los límites de la libertad de expresión; “En nuestra publicación no se puede encontrar una sola noticia que promueva la violencia. No creo haber cometido ningún crimen”, manifestó Kursun, que no era la primera vez que pisaba la cárcel. En febrero, otro de los anteriores directores de “Azadiya Welat”, Ozan Kilinç, fue condenado a 21 años y
3 meses por un caso similar al de Dursun. Pero la historia viene de mucho tiempo atrás. Los orígenes del pueblo kurdo se remontan hasta 5.000 años atrás, pero en rigor casi nunca tuvieron un lugar en el mundo: con frecuencia, sus aspiraciones políticas o territoriales en Oriente Próximo se vieron sojuzgadas por grandes potencias o por pequeños países.

Lo que suele considerarse como las fronteras históricas del Kurdistán abarcan 500.000 kilómetros cuadrados, a partir de los lagos Urmia y Van, limitando al norte con el Cáucaso, al sur con el valle mesopotámico, al oeste con la cordillera del Tauro Oriental (Anatolia) y al este con los Montes Zagros. Se trataría de una extensión de terreno muy superior a la geografía actual de Irak o de Siria. Esto es, un mapa imposible en los tiempos que corren, ante el polvorín que supone dicha región. Se calcula que hay 28 millones de kurdos repartidos entre Turquía e Irak, fundamentalmente, pero también repartidos por el sur de Irán, en Siria, Afganistán, Líbano, Israel y algunas repúblicas de la antigua Unión Soviética, como Azerbaiyán y Armenia.

Pero su diáspora abarca desde los suburbios de Ankara, Estambul o Diyabakir a paraderos remotos de Estados Unidos o la Unión Europea –en especial Alemania y el Reino Unido—. Todos ellos, estén donde estén, conmemoran entre finales de marzo y comienzos de abril su particular año nuevo, la fiesta de Nevruz, que conmemoran la resistencia del herrero Kawa contra la tiranía del rey Zohak, hace 2.600 años. Su credo original guarda relación con el mazdeismo, la creencia de Zaratustra que propiciaba una relación estrecha entre la naturaleza y el ser humano. Tras su conversión semiforzada al Corán en el siglo VII, los kurdos asumieron un islamismo sincrético, alejado del integrismo y muy marcado por la escuela sunní, con una fuerte carga de misticismo.

Pastores por tradición, la presencia entre dicho pueblo de latifundistas y de señores de la guerra ha propiciado unas relaciones casi feudales, aún hoy en día. La arqueología ha rastreado doblamientos kurdos en torno al 5.000 antes de Cristo, aunque el origen de dicho pueblo puede situarse en la alta mesopotamia. Ya habló de ellos Jenofonte en la Anabasis. Y uno de sus máximos exponentes culturales fue Abu al-Hasan Alí ibn Nafi, más conocido como Ziryab o Pájaro Negro, un músico y poeta que arbitró la elegancia de la corte cordobesa de Abderrahman II. Saladino, el rival de los cruzados de Ricardo Corazón de León, también fue kurdo. Y el poeta Ehmede Xani. Más recientemente, el pueblo kurdo sufrió durante el siglo XIX el afán centralizador del imperio otomano que sojuzgó sistemáticamente sus rebeliones. Al menos hasta la derrota y segregación del
imperio turco al finalizar la I Guerra Mundial. Fue entonces, a partir del Tratado de Sévres de 1920 cuando se reconoce la independencia de Armenia y se consolida una república kurda en el antiguo principado de Mosul, en el territorio conocido hoy en día como Irak.

El sueño de la independencia de armenios y kurdos duró apenas trece años, bajo el brazo de hierro del general Kemal Attaturk, el “padre de la patria turca”. Se trata, sin duda, de un personaje fundamental en la historia del siglo XX, con un gobierno pleno de luces y de sombras en el que no faltaron tampoco crímenes de Estado. Tras protagonizar el golpe que derrocó al último sultán, Attaturk proclamó la república, expulsó a griegos, italianos y franceses de Anatolia y dio al traste con cualquier sueño independentista, prohibiendo desde muy pronto la lengua kurda y de toda expresión pública de aquel pueblo al que calificaba despectivamente como “turcos de la montañas”. Claro que su nacionalismo a ultranza buscaba guiños cómplices con Occidente y prueba de ello fue la adaptación del alfabeto turco al modelo latino convencional.

La suerte del Kurdistán estuvo definitivamente echada tras el descubrimiento de pozos petrolíferos en su subsuelo. Aliado con Francia y Gran Bretaña, Attaturk auspició la creación de la firma Irak Petroleum Company, participada por capital de ambos países y de Estados Unidos, en un mercado internacional de intereses millonarios en los que también participaron firmas como British Oil, Irak Petroleum o Anglo Persian, a partir de la entrada en servicio del oleoducto Alepo-Mosul-Bagdad. Los kurdos volvieron a sublevarse en sucesivas ocasiones —1922, 1925 y 1938—, desde Irak a Turquía, pero todos esos levantamientos conllevaron una fuerte represión, ya fura a manos del ejército británico o del ejército turco.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se funda el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), que apostaba por la autonomía dentro de un supuesto Irán democrático. Se trató de un movimiento liderado por Qazi Mohamed que contó con el respaldo de la URSS, al menos durante un cierto tiempo, lo que permitió crear la República de Mahabad, disuelta nuevamente por el Sha y sus aliados británicos y estadounidenses una vez que los soviéticos abandonaron la zona. Manipulados, humillados, silenciados, los kurdos jamás fueron sumisos. En Irak, Sadam Hussein les permitió un parlamento autónomo en Arbil, que en realidad fue utilizado como títere en la estrategia bélica con Irán, lo que no impidió que el dictador depuesto en 2003 por la invasión de Estados Unidos y de sus aliados asesinara en 1988 con gas mostaza a 5.000 habitantes kurdos de la ciudad de Habacha, so pretexto de que estaban apoyando a los iraníes.

Cuatro años antes, en la Universidad de Ankara, se gestó el PKK (Partidos de los Trabajadores del Kurdistán), de inspiración marxista-leninista, liderado por Abdullah Öcalam y promotor de un proceso de resistencia armada en las montañas del sureste de Turquía, lo que derivó en una guerra sin cuartel que se ha cobrado más de 15.000 vidas, en su mayoría de los propios kurdos. En 1991, la llamada Guerra del Golfo
provocó que Sadam Hussein bajara la guardia de fronteras para adentro, lo que permitió un levantamiento de los chiíes al sur de Irak y de los kurdos al norte: fue entonces cuando se creó el Frente Nacional del Kurdistán, cuyas fuerzas lograron liberar una amplia área que llegó hasta Kirkut y Mosul.

He ahí el problema: los pozos petrolíferos de dichos enclaves eran vitales para Bagdad y los kurdos fueron nuevamente masacrados, mientras que más de dos millones de fugitivos protagonizaron un éxodo masivo a través de las montañas. La presión internacional llevó entonces al Consejo de Seguridad de la ONU a establecer, mediante la resolución 688, dos zonas de exclusión aérea, una situada al sur del paralelo 33º para los chiíes y otra al norte del 36º para los kurdos. Bajo dicho paraguas, fue posible un cierto autogobierno sin reconocimiento oficial, pero que pudo incluso convocar elecciones en mayo de 1992, por la que se creó una asamblea nacional que proclamaría de inmediato al Consejo kurdo de gobierno pero que terminó provocando una profunda división entre el PDK de Barzani y el UPK de Talaban, en un pulso por el poder y por el control del contrabando petrolífero que siguió al embargo internacional sobre Sadam Hussein.

Dicho divorcio provocaría que el líder del partido Baaz acabara con ese ensayo tras la ocupación de Abril en 1996. La terrible Tormenta del Desierto, sin embargo, hizo concebir nuevas esperanzas al pueblo kurdo atrincherado en Irak. No fueron mejores las cosas en Turquía: allí, los Komandos del Partido de la Recta Vía protagonizaron un proceso de limpieza étnica y deportaciones masivas que alcanzaron incluso al sur, esto es, al norte de Irak, donde miles de soldados turcos irrumpieron en marzo de 1995 a la búsqueda de refugios del levantisco PKK.

Refugiados kurdos vuelven a Irak. Al fondo vemos la puerta del checkpoint iraní. Por aquel entonces, septiembre de 1996, esta región sigue siendo zona de enfrentamientos entre el Partido Democrático Kurdo y la Unión Patriótica del Kurdistán (Jockel Finck / AP)

A lo largo de las últimas décadas, Siria, Iran, Irak y Turquía siempre olvidaron sus diferencias a la hora de impedir que se creara un estado kurdo de pleno derecho. Incluso han sumado esfuerzos a la hora de reprimir a ese enemigo común y silencioso. Cuando no le utilizaron para favorecer sus intereses estratégicos puntuales. Mientras, Estados Unidos ha dejado hacer, sin que falten paradojas tan formidables como que una misma base de utilización conjunta en Turquía sirviera para que aviones estadounidenses bombardearan Irak so pretexto de defender al pueblo kurdo y que bombarderos turcos volaran desde allí para acabar con focos de resistencia kurda al sur del territorio.

Y es que, en definitiva, pareciera que la única bandera que ondea realmente sobre la zona sea la del petróleo: un laberinto de oleoductos cruza el Kurdistán, estratégicamente situado en una encrucijada vital para la explotación de los yacimientos petrolíferos del Mar Caspio. En sus coordenadas actuales, se produce el cien por cien del petróleo que facturan Turquía y Siria, pero también hay pozos de importancia en los enclaves kurdos de Irak y de Irán. Por no hablar de otras fuentes de energía: el gaseoducto Blue Stream transporta el gas ruso a través de Turquía bajo el Mar Negro, a espalda de los kurdos y con la cooperación de grupos económicos de la Unión Europea, ese selecto club que impide por el momento la entrada a los turcos.

Detrás del zapato contra Erdogan, no sólo puede apreciarse la rabia de un joven refugiado al que ni siquiera se le reconoce dicha condición. Detrás de ese gesto, había mucha sangre y mucho dolor. Y es que esta es una historia repetida, se llame su protagonista Hokma Joma o como se llame: “Siempre escribimos más o menos lo mismo sobre los kurdos: su fracaso histórico, el largo rosario de traiciones, la batalla en solitario contra poderosos vecinos…”, escribió Manu Leguineche. No veo motivos para contradecir al maestro.


Cierto es que el centro de Bogotá parece más apacible y ordenado que hace años cuando soldados armados hasta los dientes vigilaban la puerta de los hoteles de postín. Diez años atrás, la capital de Colombia era un thriller: magnums que desenfundaban a las primeras de cambio clints eastwoods de ocasión, niños que esnifaban pegamentos y meretrices que colocaban sus senos de estanqueras de Fellini sobre el alfeizar de las ventanas del barrio chino que -polvo serán mas polvo enamorado- no distaba mucho de la calle de los marmolistas con su extensa gama de lápidas mortuorias.

Ahora, lo más sorprendente son los camellos de libros, que venden best sellers a dos euros bajo la gabardina, como si los libros primorosamente impresos de extranjis fuera un trasunto del tabaco de estraperlo en nuestra heroica posguerra. Pero ya no hay empresarios que te digan: “Aquí, en Colombia, fíate de los narcos, de los guerrilleros, incluso de los paramilitares. Pero nunca te fíes del ejército ni de la policía”.

Álvaro Uribe parece haber pacificado hasta el barrio de La Candelaria y, con abultada ayuda estadounidense hasta entonces impensable para el nacionalismo colombiano, ha logrado contener el avance de las FARC. Pero, ¿a qué precio? Esa será la pregunta que marque presumiblemente el gobierno de Juan Manuel Santos, que ha heredado por mayoría aplastante la vacante dejada por su mentor, el anterior presidente, en una secuencia que alcanza hasta Andrés Pastrana.

Claro que no sólo ha heredado el trono de Uribe sino la situación espeluznante de un país en donde más del 60 por ciento de la población se sitúa por debajo del nivel de la pobreza –45,5 por ciento sencillamente pobres y 16,4 pobres extremos– y en donde todavía quedan tres millones y medios de desplazados –la plusmarca mundial después de Sudán– que huyen de las distintas facciones armadas, legales o ilegales, que todavía pululan por este país que, desde hace décadas, padece los efectos de una guerra no declarada pero que ha esquilmado, física e intelectualmente, a varias generaciones de colombianos.

Uribe no es buen ejemplo para nadie, a pesar de que el pasado año España le concediera el premio Cortes de Cádiz a la Libertad, lo que hizo sonrojar a más de uno y suscitó la repulsa de numerosas entidades defensoras de los derechos civiles. Si antes de escalar a lo más alto se le relacionó con Pablo Escobar y otros capos, su llegada al poder en 2002 estuvo ligada a sospechas de pucherazo y su trayectoria presidencial parecía trufada de irregularidades, como la connivencia entre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia y los paramilitares de Frente Resistencia Tayrona, Los Doce Apóstoles y Los Erre, en un proceso de guerra sucia que los medios de comunicación del primer mundo nunca alardearon tanto como los excesos de su vecino Hugo Chávez, presidente bolivariano de Venezuela. De hecho, Álvaro Uribe también modificó la Constitución para legitimar su segundo mandato hasta 2010, aunque fracasó a la hora de torcer la ley para forzar un tercer periodo de gobierno.

Por facilitar un dato histórico, habrá que recordar que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirma que en los cuatro primeros años de Gobierno de Uribe fueron asesinados 333 trabajadores sindicalizados. Por no hablar de asesinatos, palizas y campañas de desprestigio a sus opositores. De hecho, un informe de Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sigue calificando como muy alto el grado de impunidad en Colombia. Para ser creíble, Santos debería afrontar una reforma judicial en toda regla.

A Uribe no le gustaban los defensores de derechos humanos a quienes tildó de “politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo”, llegando a acusar a Aministía Internacional de legitimar el terrorismo internacionalmente (sic). Para colmo, un ex paramilitar de Colombia, Salvatore Mancuso, acusó en firme a Álvaro Uribe de haber planeado y dirigido una masacre perpetrada por grupos paramilitares en octubre de 1997, en el departamento de Antioquia, donde entonces Uribe era gobernador.

Santos -hijo de uno de los grandes linajes de la oligarquía colombiana- aparece ahora como el delfín de Uribe. Y lanza soflamas contra la guerrilla que cada vez, por otra parte, tiene menos de movimiento político-militar y que apenas resulta, a los ojos actuales, una simple tropa de supervivientes, desesperados, matarifes y ganapanes, que ha perdido el rumbo en un mundo demasiado complicado para reducirlo al blanco y negro. Pero, ¿no fue el mismísimo Juan Manuel Santos aquel ministro de Defensa que ordenó el ataque de 1 de marzo de 2008 que le costó la vida a 26 guerrilleros de las FARC en pleno territorio de Ecuador? Aquella escaramuza, que logró abatir a Raúl Reyes, el número 2 de la guerrilla, costó una seria crisis con dicho país y con Venezuela, que si ya había congelado sus relaciones políticas, redujo al mínimo exponente el intercambio comercial.

Ahora, Quito reclama toda la documentación relativa a aquel suceso y Santos ha prometido brindársela. Sería una buena forma de empezar de cero. Sobre todo, cuando las cifras de la región están variando en determinados aspectos: las plantaciones y la producción de coca son ahora mayores en territorio ecuatoriano que en Colombia. Aunque el 80 por ciento de las muertes violentas que se producen en este último país, no tiene que ver con esa larga guerra no declarada sino con el narcotráfico y la delincuencia en general, con la sempiterna figura del sicario perenne en el paisaje colombiano.

El nuevo presidente colombiano deberá decidir si se pone los viejos zapatos de Uribe o estrena una nueva forma de hacer política. Quizá la administración Obama le permita hacerlo porque, lo cierto es que, durante la era Bush, Colombia se ha consolidado como un satélite de la política estadounidense en la región. Para Washington es, ahora más que nunca, una base firme frente a la amenaza a sus intereses neocoloniales que supondrían los gobiernos de Venezuela, Bolivia o Ecuador, por poner casos patentes. Desde hace años, con el pretexto de combatir el tráfico de cocaína y de heroína, Estados Unidos ha llenado el país de asesores militares que quizá lo que pretendan es establecer una cabeza de puente contra el bolivarismo que acecha al otro lado de la selva. Malos tiempos para reeditar Vietnam. Pero, ¿Quién sabes? Santos, seguramente Santos. Quizá el nuevo presidente de Colombia sepa al dedillo de qué va todo esto. Y si no, que se lo explique Uribe en el primer ratito libre, en cuanto se lo permita la euforia post-electoral.


A lo largo de la historia, reciente o pretérita, numerosos países han ocupado Afganistán con la intención de valerse de su posición estratégica para acercar el mar a sus intereses económicos, como fue el caso de la Unión Soviética, o para acercar la venganza efímera más que la justicia duradera a las montañas de Tora Bora donde supuestamente se ocultaba Bin Laden, tal y como llevó a cabo Estados Unidos tras los atentados del 11 de Septiembre y con el beneplácito hipócrita de la comunidad internacional.

Tras nueve años de guerra, se desconoce si Georges W. Bush pudo consumar tal vendetta pero el país asiático es algo más que un O.K. Corral tiroreado por propios y extraños, con cifras de infarto en el número de desplazados y en las cifras de muertos. Los talibán siguen imponiendo su ley y tampoco parece que el gobierno títere de Kabul esté en condiciones de garantizar algunos de los supuestos propósitos de la guerra como era la defensa de los derechos de las mujeres.

Justo cuando se multiplican las voces que reclaman una salida razonable del país, acaba de trascender que bajo el maltratado suelo afgano se esconden depósitos minerales aún por explotar por valor superior a un billón de dólares. Se habla de cobre, de hierro, oro, mercurio, potasio y lo que aparece en los informes oficiales como fuentes de litio y de berilio.

Este último es el único metal totalmente transparente a la radiación de rayos X. En combinación con el plomo, que es el único totalmente impermeable, se pueden construir los aparatos de radiación de rayos X de forma controlada. El litio, se emplea en aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas para la recarga de cámaras digitales o teléfonos celulares por ejemplo, pero sus sales pueden incorporarse a compuestos farmacológicos para el tratamiento de ciertos tipos de depresión. Entre los compuestos importantes del litio –que cotiza en el mercado a 43,33 dólares por kilo– están el hidróxido, utilizado para eliminar el dióxido de carbono en los sistemas de ventilación de naves espaciales y submarinos, y el hidruro, utilizado por ejemplo para inflar salvavidas. Las baterías destinadas a vehículos eléctricos incorporan sulfuro de litio-hierro, por lo que su demanda puede aumentar a medida que crezca dicho mercado. Los marcapasos, por otra parte, utilizan baterías de litio-yodo.

Dicho sea de otro modo, que aquí hay negocio. Y cabe preguntarse desde cuándo Estados Unidos ha sido capaz de desprenderse de un botín. Está por ver si el litio justificará que la guerra se perpetúe, porque está por ver si con los tomahawks desenterrados alguna empresa minera estadounidense va a sentirse interesada por la explotación de tales yacimientos: “A una empresa importante no le gustaría decir a sus accionistas que quisieran invertir allí”, ha llegado a afirmar al respecto Anthony Young, del banco de inversión Dahlman Rose & Co, en Nueva York.

De momento, el ministro de Industria de Afganistán va a iniciar una gira para captar inversores, aunque parece ser que sus miras estriban inicialmente en empresas de la cercana Ruisa o de China, uno de cuyos consorcios ya recibió un importante contrato en 2007 para explotar cobre en un yacimiento en la región de Aynak, al sur de Kabul.

Por si fuera poco, la región se ha visto sacudida en los últimos días por un nuevo foco de conflicto, el que afecta al sur de Kirguistán, colindante con Uzbekistán y muy próximo a Afganistán. Se trata de una espiral de violencia étnica que se desata en vísperas de un referendum convocado por el gobierno interino para el 27 de junio y que afecta a poblaciones tanto kirguisas como uzbekas y que ha derivado en un formidable baño de sangre que arroja más de 130 muertos, mientras que los heridos se cuentan con miles y los desplazados uzbekos superan la cota de 70.000 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos.

También en esa encrucijada se encuentra presente Estados Unidos, puesto que no en balde arrienda la base militar de Manás, en Kirguistán, como centro de operaciones sobre territorio afghano. Un polvorín en toda regla, que desbroza en su último libro el reportero Ramón Lobo, enviado especial de El País a los principales conflictos del mundo y que acaba de reunir bajo el sello RBA la serie de artículos que fue publicando en dicho rotativo con el título de “Cuadernos de Kabul”.

Desde hace meses, Lobo, que viajó con frecuencia a dicho país empotrado entre otros corresponsales de guerra con el Ejército de los Estados Unidos –ya que de no ser así difícilmente podría llegar a determinados lugares de la región un periodista occidental–, se aproxima a los grandes silenciados de esta matanza: la población civil.

“Se trata de un amplio recorrido por una geografía humana de Afganistán que no suele salir en los medios de comunicación –explica–. Salvo Ramazan Bashardost, el candidato hazara que quedó tercero en los comicios y que me pareció un tipo normal que decía cosas muy inteligentes, en estos Cuadernos no hay políticos ni militares; tampoco señores de la guerra y narcotraficantes. He preferido dar voz a los protagonistas, a las víctimas, a los civiles que tratan de sobrevivir en medio de la pobreza, la injusticia y la guerra”.

Bloguero bajo la etiqueta de “En la boca del Lobo”, lleva varios meses reclamando una salida ordenada de la guerra, antes de que Afganistán no sólo vietnamice a Estados Unidos sino a sus aliados en dicha misión gestionada por la OTAN, entre quienes se cuenta España. No se trata de una misión de paz, por más que cuente con las bendiciones de Naciones Unidas, sino de un contingente de guerra para enfrentarse a un enemigo tenaz e irreductible, el del yihadismo más encendrado.

Más allá de las hazañas bélicas, el periodista prefiere detenerse en los pequeños héroes de la vida cotidiana, quienes sobreviven –o, al menos, lo intentan– en un lugar “con mucho polvo, mucho tráfico y gente que trata de sobrevivir y organizarse su vida dentro de un conflicto”. Se trata de un libro y de unos artículos rico en sabores, en olores y en colores, en temperatura humana, en atmósfera colectiva: “No hemos sido capaces de cambiar nada de las estructuras de Afganistán donde la tradición sigue siendo más importante que la ley, donde las mujeres siguen estando tan mal ahora como estaban con los talibanes”, afirma Ramón Lobo que ha denunciado tanto la impericia de los representantes políticos como la de los periodistas a la hora de enfrentarse a un confín mundial sin más ayuda que la Wikipedia.

A lo largo de sus experiencias en Afganistán, Ramón Lobo nos da a conocer mujeres como Palwasa, de veinte años, defensa central de un equipo de fútbol que nunca ha visto la película “Quiero ser como Beckham” pero que salta al campo porque, al menos allí, puede jugar sin burka, al aire libre. O nos refiere la peripecia personal de Roohulá, que quiere viajar a Canadá y estudiar empresariales. O la de Zabur, que cuando mira al cielo “no ve dioses ni princesas ni dragones ni sueños, sólo ve un vacío preñado de nubes y vientos en los que un buen volador de cometas sabrá jugar con la altitud y los cambios de dirección exactos para cortar las de los demás”.

De su mano, viajamos al célebre triángulo que media entre Afganistán, Pakistán y Cachemira, tan presente en los medios de comunicación: “La imagen que proyecta tanta información es la de unos territorios habitados por gentes que dedican una parte considerable de su tiempo a hacerse la guerra en nombre de dios o del diablo”, afirma Lobo, quien desvela otras realidades más allá del tópico y de los titulares de prensa.

A través de su ojo público, sabemos que a los talibanes no les gusta la música y que cada guerra cuenta con un oasis amurallado que en Afganistán se llama hotel Serena, donde el frente de guerra huele a cinco estrellas. En sus reportajes, sorprendemos a los vendedores callejeros, a los mercaderes de zumos de fruta, a mendigos infantiles como recién salidos de una novela de Charles Dickens que piden limosna en Chicken Street, o a un niño herrero en el mercado de los pájaros o a un tipo que se gana la vida, bajo tanta barbarie, haciendo fotos de carné.

O, por ejemplo, Amin Jon, que tiene 30 años y es banquero a su manera: “Lo suyo no son las grandes operaciones bursátiles ni financiar OPAS hostiles”, nos explica Ramón Lobo cuando lo describe en el toma y daca del mercado negro.

Claro que más allá de la muerte armada, la vida cotidiana gana la partida. Los habitantes de Kabul también temen a la gripe A, o se enfrentan a un tráfico urbano temible o hay gente que siembra patatas e intenta venderlas. Dentro de un conflicto rico en etnias y en confesiones religiosas, hay algunos y algunas más silenciados que los restantes: es el caso de la minoría hazara y de Ramazan Bashardost, que tiene 45 años, es el tercer líder en discordia dentro de dicho país y que guarda un cierto parecido político con Barack Obama.

Siguiendo a Lobo, nos acercamos a las barberías de Kabul, bolsa cotidiana de los dimes o diretes. O conocemos a Malalai Joya, una mujer joven, casa, sin hijos, diputada sin escaño y amenaza de muerte. De hecho, la quieren asesinar por defender los derechos de la mujer afgana durante una guerra que parece que se hizo precisamente para eso. Al menos, eso cuentan los argumentarios oficiales.

En la capital, hay bares bajo amenazas de bombas y restaurantes que cualquier inspección de Sanidad cerraría en España: “La capital de un país acostumbrado a las guerras es una ciudad sucia y caótica tomada por el tráfico y los bocinazos. Se nota que no existe la costumbre de seguir las normas”.

El zoológico de Kabul es tan pobre como el país que lo acoge, pero allí hay un niño que quería volar. Toda una metáfora. Lamentablemente, es muy posible que el peso del litio cargue sus alas. Su memoria le lleva muy atrás: “Aquí, siempre hemos perdido las guerras. Sólo la ganó Alejandro Magno pero, para ello, tuvo que cometer un genocidio”.


Ardía Bruselas a cara de perro durante la pasada semana. Bajo ese verano efímero, la ciudad salía al sol en las terrazas turísticas con olor a mejillones y, a la falda del Atomium, una feria ponía fin al accidentado turno español en la presidencia de la Unión Europea, bajo los sones de una ranchera de Joaquín Sabina heroicamente interpretada por una orquesta ambulante.

El jueves, empezaron a irse los europarlamentarios, esos representantes públicos que dibujan ventanillas donde debiera haber ventanas, o promulgan directivas donde debieran crecer nuevas ideas. Ya parece que no está de moda aquella vieja canción de Jacques Brel que nos hablaba de los tiempos cuando Bruselas bruselaba. Ahora, treinta años después de Full Monty, sólo parece Bruselar el espíritu de Margaret Thatcher, y le pedimos que nos firme la receta para nuestros males al mismo médico neocom que nos inóculo el virus de la avaricia, del dinero fácil y la solidaridad difícil.

En Bélgica, los flamencos se ponen flamencos frente a los francófonos, mientras la Junta de Andalucía luchaba en esos días por sacar adelante ante la Unesco la candidatura del flamenco como patrimonio inmaterial de la Humanidad. Esta Bélgica federal es una sucesión de compuertas y compartimentos estancos. Quizá el mejor símbolo posible para una Europa entre paréntesis que no acierta a ser un proyecto político en común sino un rompecabezas con aire de Napoleón en Waterloo.

Están desempolvando las urnas y los carteles electorales nos repican nombres que no tienen exclusivamente que ver con Georges Simenon o con Hugo Claus: ahí están los Ahmed y los Antonio, quizá nieto de aquel otro tocayo que llegó allí con los primeros trenes de la emigración española de mediados los años 50. Aunque a uno se le antoja que suponen apenas unas notas de color en un sueño democrático que se resquebraja. El próximo domingo 13 de junio, este país entre canales celebra comicios anticipados, después de sucesivas caídas y dimisiones de anteriores gobiernos. Ahora, intentarán urdir la sexta reforma del Estado, mientras crecen las expectativas de voto de la Nueva Alianza Flamenca, que pretende segregar al viejo Flandes donde antes no se ponía el sol del imperio español y que probablemente le gane la partida al histórico Partido Demócratacristiano y Flamenco, del dimisionario primer ministro Yves Leterme.

Una vez creímos en la Europa de los pueblos y que podríamos recomponer nuestro viejo mapa, desde el respeto a las identidades territoriales. No hay tal. La Europa que nos queda es la de los mercaderes, donde sigue sin existir Unión política en un mar de diferentes velocidades, con países dentro y fuera de Schengen, con naciones dentro y fuera del euro. Mientras tanto, la extrema derecha crece a uno y a otro lado, por si no fuera suficiente con la derecha a secas o con la izquierda haciéndole el trabajo sucio.

De Bruselas, suelen llegarnos malas noticias. Hablan de ajustes duros, directivas de la vergüenza, las recetas para salir de la crisis firmadas por los doctores que nos metieron en ella. Pero juro que la ciudad no tiene la culpa y que, cuando empezaba a llover de nuevo el último domingo, por la Grand Place cabalgaba de nuevo Lucky Luke y por delante del señor con sombrero de René Magritte cruzaba eternamente una paloma como símbolo de la esperanza que quizá no debiéramos perder nunca.


Horst Köhler es mi héroe. El tipo ha dimitido como presidente de la República Federal Alemania por llamarle al pan, pan; y al vino, vino. Que las guerras constituyen un negocio vino a decir aunque con algún que otro circunloquio, por supuesto. Que un país como Alemania, con gran dependencia del comercio exterior, debe apoyar sus intereses “en intervenciones militares de emergencia”. Y entró en detalles: “Rutas de libre comercio, por ejemplo para prevenir inestabilidades regionales que podrían tener un impacto negativo sobre nuestras posibilidades en términos de comercio, empleos e ingresos”. 

Horas más tarde, una flotilla pacifista era atacada por el Ejército israelí precisamente para impedir el libre comercio justo con la población palestina hacinada en la franja de Gaza por un bloqueo que pretende hacer desistir a sus habitantes de su condición, de sus raíces y de su tierra. El ejército israelí sí que habló claro. Como hablaban los corsarios que tarde o temprano fueron elevados a la condición de caballeros en pago por la cerrada defensa de sus imperios. Tan claro como que ese Estado que es un ejemplo de democracia para los suyos y un paradigma del terror para sus vecinos dejó una ristra de muertes e intervino toneladas de ayuda humanitaria, como un claro mensaje de quien manda allí. 

Pero prefiero las palabras apresuradas de Köhler que el silencio meditado de la Casa Blanca, que lamenta pero no condena. O el de Naciones Unidas, que condena el ataque pero no a Israel, como si Jerusalén fuera ajena a tanta escabechina: ¿cuántos muertos costaron los ataques a Gaza en enero de 2009? Habrá que preguntarse, siguiendo el supuesto malentendido de Köhler, qué seguimos haciendo en Afghanistán. ¿Buscar a un fantasmagórico Bin Laden, venganza eterna o justicia duradera? O, quizá, ¿defender a las mujeres del despotismo talibán o favorecer a un sector corrupto de los chiíes para garantizar el libre comercio de gas en una región crucial en las encrucijadas de Asia? 

Cuando la invasión de Irak, Georges W. Bush le prometía a José María Aznar el oro y el moro para España. Nunca mejor dicho: doscientos muertos en Atocha, eso fue lo que tuvimos. Pero junto con los soldados de la democracia que saqueaban museos y humillaban presos, también llegaron a Bagdad los empresarios. Entre ellos, nuestro Antonio Hernández Mancha, que fue líder de Alianza Popular antes de hacer un máster en la Escuela de Negocios de la Trilateral. Allí no había armas de destrucción masiva, pero había bisnes. Al menos, para unos cuantos. De eso, el ex presidente alemán Horst Köhler debe saber mucho, porque también fue presidente del Fondo Monetario Internacional.

Claro que por entonces, Angela Merkel no era la cancillera alemana, sino un tal Gerhard Schroeder al que no le gustaba ni chispa aquella guerra ilegal. A pesar de ello, luego se supo que el servicio exterior de Inteligencia de su país –el Bundesnachrichtendienst o BMD- tenía agentes en Bagdad y al menos dos de ellos no sólo informaron a sus jefes sino al Ejército de los Estados Unidos. 

Muerto Sadam Hussein, aquel tirano que lideraba el partido Baaz de impronta laica en un hervidero yihadista, Al Qaeda sigue controlando buena parte del Magreb y se extiende al otro lado de Africa, hasta Mauritania o Mali. Sus muyaidines también suelen hablar claro y dejan un contundente rastro de sangre propia y ajena en sus alocuciones. Suelen mencionar la palabra Palestina, como una formidable coartada para sus atentados. Pero a pesar de ello y de las palabras de Köhler, la comunidad internacional sigue sin tener en cuenta que ese apoyo ciego a Israel constituye un evidente mal negocio. Pero los muertos no hablan. Aunque las imágenes del ataque sobre la flotilla de la libertad valgan más que mil palabras farisaicas.


Quinientos periodistas se han reunido en Cádiz para conocer de primera mano que, según los brujos de la tribu, no habrá publicidad suficiente para sostener todos los medios actuales. Y que los profesionales de este viejo oficio tendrán que adaptarse como camaleones a un mundo laboral cada vez más precario.

He ahí algunos de los vaticinios que han podido oírse durante el Congreso Mundial de Periodismo ‘La Pepa 2012’, que se viene celebrando en esta ciudad andaluza durante los últimos días. Pero, más allá de cualquier bola mágica que nos anticipe el Apocalipsis, la realidad –poderosa y espeluznante– también tomaba cuerpo en los diferentes foros de una programación urdida por la Asociación de la Prensa de Cádiz, con aportaciones de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), del Sindicato de Periodistas y de otros organismos e instituciones como la Fundación de las Tres Culturas.

Y es que los periodistas no sólo parecen en vías de extinción por eso que algunos snobs llaman el cambio de modelo de negocio. También los matan directamente. Así, durante los últimos días, en las ciudades de Cádiz y San Fernando donde hace doscientos años se promulgó por primera vez la libertad de prensa en nuestro país, pudimos recordar que los datos oficiales recuentan la muerte de 71 profesionales de la información a lo largo de 2009, aunque las cifras reales pudieran ser mayores. Sobre todo si se tiene en cuenta que tan sólo en una matanza que tuvo lugar en Filipinas en noviembre de ese año, murieron 32.

La Federación Internacional de Periodistas elaboró a tal propósito un informe titulado “Massacre in the Philippines: International Solidarity Mission Rapid Assessment” (Masacre en Filipinas: evaluación rápida de la misión de solidaridad internacional), en la que culpaba al régimen filipinos de la sistemática violencia contra los medios y por no anular una cultura de la represalia hacia los periodistas que informan sobre corrupción y cuestiones políticas. Incluye una crónica detallada de los eventos el día de los asesinatos. Los delegados se reunieron con los familiares de las víctimas, representantes de medios de comunicación locales, funcionarios gubernamentales, un especialista forense, diplomáticos extranjeros y muchos otros posibles testigos de dicha situación. Pero la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo no se reunió con los miembros de la misión, quizá porque sus aliados tuvieran cierta implicación en dicho suceso.

Cabe recordar que la masacre se elevó a 57 muertes, entre las personas –reporteros o no—que integraban un convoy electoral de Ismael Mangudadatu, que pretendía concurrir a las elecciones municipales en Maguindano, provincia de Mindanao. Acompañado por periodistas y abogados, se dirigía a registrar la candidatura en Maguindano, en la provincia de Mindanao. Según el informe, la violenta rivalidad entre clanes entre la familia Mangudadatu y la gobernante familia Ampatuan, pudiera estar detrás del suceso, en la zona atrajo una intensa cobertura de los medios, dice el informe. La familia Ampatuan apoyaba a la presidenta Arroyo en ese momento.  Andal Ampatuan Jr., quien encabezó la masacre, fue detenido, así como otros miembros del clan. Un centenar de pistoleros estuvo implicado en el secuestro y muerte de las víctimas, pero el informe también recoge que los asesinos vigilaron a los periodistas dos días antes de la masacre y había tumbas masivas preparadas. Antes de la salida del convoy, los informadores reclamaron escolta militar pero el general de división Alfredo Cayton, ascendido luego a vicecomandante del Ejército afirmó que la ruta era segura.

Más de tres centenares de periodistas y personal de los medios de comunicación han muerto en los últimos tres años, las víctimas de la violencia en países como Irak, Rusia, Filipinas y Somalia. Al menos, ese es el dictamen de la Federación Internacional de Periodistas, cuyo presidente, Jim Boumelha, recalcó en Cádiz que dicha organización intenta al menos plantarle cara a ese tenebroso balance: ”La reacción a la masacre sin precedentes de periodistas en Filipinas y las campañas para defender a los periodistas en Irán y Gambia son ejemplos de ello”, dijo a los delegados en el Congreso, aunque más de uno siguiera manteniendo un escepticismo constructivo al respecto. Boumelha asegura que seguirá presionando al gobierno de los EE.UU. sobre la necesidad de una investigación sobre los asesinatos de los periodistas iraquíes a manos de las fuerzas de EE.UU:  los deudos de José Couso y de muchos otros periodistas extranjeros asesinados en similares circunstancias y en ese mismo país también aguardan justicia o, al menos, explicaciones.

Por no hablar de los asesinatos de periodistas registrados en Rusia o en Somalia. En países como Irán –donde sigue cerrada la sede de la Asociación de Periodistas Iraníes en Teherán–, Yemen y Gambia, la persecución contra el periodismo se convierte en norma. Por no hablar de las presiones políticas que los periodistas sufren en China, en Cuba, en Venezuela o en Colombia y que de tarde en tarde acaban en celdas o en cementerios.

Los periodistas siguen siendo pobrecitos habladores, a la manera de Mariano José de Larra. En una mesa redonda celebrada durante el Congreso y que fue promovida por la Fundación Tres Culturas la periodista Lola Bañón, de Canal Nou, recordó como el mejor periodista iraquí, por supuesto amenazado de muerte en numerosas ocasiones, sobrevive económicamente gracias a un puesto de perejil en el mercado de Bagdad.

Y Ernesto Villanueva, abogado y colaborador de la revista proceso en México D.F. recordó como el cartel de La Familia publicaba anuncios en la prensa de Michoacán responsabilizando de la violencia al cartel de Sinaloa y asegurando que ellos eran buenas personas.

De la situación que vive México, un país sin conflicto bélico declarado, puede dar cuenta el informe pormenorizado que elaboraron diversas organizaciones de periodistas latinoamericanos presentes en dicho país. Se trata del balance de 65 muertes de periodistas ante la inacción de las autoridades, durante el sexenio gubernamental de Vicente Fox que se inició en 2000 y el actual mandato de Felipe Calderón, con su famosa guerra al narcotráfico. En espera de un nuevo informe, el recuento concluye en enero del presente año. Periodistas secuestrados y muertos, con su cuerpo descuartizado arrojado a las puertas de la redacción, por ejemplo. O, a veces, los asesinatos ocurren dentro de ellas, como en Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, cuando Norberto Miranda Madrid, conocido como “El Gallito”, fue abatido en la redacción de la web Radio Visión por un comando de cinco hombres armados con rifles de asalto y pistolas.

En Brasil, hoy mismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha aplaudido la detención de Angelo Ferreira da Silva, un prófugo que se había beneficiado del sistema penitenciario brasileño en el que cumplía condena por el asesinato en el 2002 de Tim Lopes, reportero y productor de TV Globo. Claro que otro convicto por el crimen, Elizeu Felício de Souza, sentenciado a 23 años de cárcel y fugado en las mismas circunstancias, se encuentra en paradero desconocido desde julio de 2007.

Lopes, reportero y productor de TV Globo en Río de Janeiro, con una cámara escondida se dirigió a una favela para investigar denuncias sobre la explotación sexual y el vínculo del narcotráfico en los bailes juveniles. A partir de ahí, fue secuestrado, torturado y su cuerpo apareció descuartizado.

Claro que más allá del ombligo del periodismo, lo cierto es que la realidad sigue siendo brava. Lo demuestran, por ejemplo, también en Cádiz, los integrantes de un equipo de fútbol de Sierra Leona, en Africa, protagonistas de la película de Sergi Agustí y la exposición fotográfica de Pep Bonet titulada “One goal”. Viejos niños soldados, cuyos muñones no les impiden jugar al fútbol: “El fútbol nos hace completos”, afirman los jugadores de Single Leg Amputee Sports Club (Equipo de Fútbol de Amputados de Sierra Leona), creado en febrero de 2001. La guerra y las minas antipersonas mermaron sus cuerpos y le llevaron hasta un campo de refugiados en Aberdeen, en Freetown.

“Cuando salgo al campo sé que tengo una responsabilidad y un deber. Es el mismo espíritu que tenía cuando era soldado y tuve que luchar por Sierra Leona. Si abres la trampa de la violencia ya no puedes volver a cerrarla, pero ahora ya he olvidado y perdonado”, asegura su defensa, y nunca mejor dicho, Bono Karbor. En fin, qué cosas.