Fronteras – Juan José Téllez

Confirmado: la zona de exclusión aérea de Libia, avalada por la resolución 1973 de Naciones Unidas, se está convirtiendo en un pretexto formidable para derrocar al impresentable coronel Muamar El Gadafi por parte de las potencias que apoyan este despliegue, en una maniobra de injerencia que dejará malparada tanto al régimen de Trípoli como a quienes seguimos confiando a duras penas en la ONU. Ya no se trata de establecer un pasillo para evitar una masacre, sino que se intenta que uno de los bandos en liza machaque al otro. Y que gane la facción que, hoy por hoy, podría favorecer a los intereses occidentales, esto es, la de los rebeldes entre quienes quizá se cuentan algunos de los que han recibido entrenamiento y fondos de la CIA desde la crisis del Golfo de Sirte, en los años ochenta. Claro que, paradojas de la vida, hasta esa turbamulta del Consejo Nacional de Transición, podría llegar la blanca mano de nieve de Al Qaeda.

En esa formidable ceremonia de la confusión, se decía que el papel de las bases de Rota y Morón iba a ser secundario y que se iba a limitar al soporte logístico a las unidades aeronavales que participan en la Operación Odisea al Amanecer. Pero desde hace unos días tenemos definitivamente claro que el flanco sur de la Península y, en especial, la provincia de Cádiz vuelve a estar abiertamente en guerra, no sólo por los dispositivos bélicos de ambos enclaves sino por la utilización de la base de Gibraltar con estos mismos fines.

El Peñón ya no sólo da cobijo a unidades de la Royal Navy sino de la US Navy, la marina norteamericana, una práctica habitual que según los oráculos de Wikileaks el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó modificar para que no se reprodujeran escándalos similares al de la insólita reparación del submarino nuclear británico HMS Tireless en el puerto del Peñón, entre mayo de 2000 y mayo de 2001.

Hace unos días, el submarino estadounidense USS Florida, que participa desde hace varias semanas en este operativo contra Libia, efectuó una escala para avituallarse en la Roca. Submarino de propulsión nuclear como el “Tireless”, dicen que no lleva armamento atómico. Habría que comprobarlo. En cualquier caso, sus misiles Tomahawk son de aúpa. Qué tiempos aquellos cuando, durante la crisis del golfo de Sirte en los 80, se decía que los misiles de Libia podían llegar a Gibraltar o a Rota. Y al resto de quienes les rodeamos.

Desde que, hace diez años, zarpara el “Tireless” –Incansable sería su traducción al español aunque los gaditanos le llamaban el Jartible–,  en Gibraltar han atracado 32 submarinos británicos y estadounidenses de propulsión nuclear. Los ha contado Verdemar. Al contrario que a comienzos de esta escalofriante década los socialistas, ahora, protestan con la boca chica. Pero poco.

En la operación Odisea al Amanecer, las bases de Rota y de Morón están sirviendo de puente con las bases que están llevando el peso de la operación, como son las italianas de Sigonella (en Sicilia), Decimomannuo (Cerdeña) o la de Aviano (al norte de Italia y que pasa por ser la sede de la fuerza aérea norteamericana en Europa), aunque también está interviniendo activamente la base de Malta.

El Gobierno español, sin embargo, se aprestó a ofrecer las instalaciones de Rota y Morón como enclaves auxiliares para este dispositivo. Por lo que sabemos hasta la fecha, están operando en funciones de soporte logístico, con un creciente trasiego de aviones Galaxy, los formidables aparatos de transporte que usa el Ejército norteamericano. Pero también han hecho escala en Rota y en Morón una treintena de tanqueros KC-10 –que no sólo cumplen con misiones de reabastecimiento sino que su enorme bodega puede servir para transportar pallets a gran distancia—así como algunas unidades Boeing dotadas con el sistema de vigilancia Awacs (acrónimo, en inglés, de sistema de aerotransporte de advertencia y control), con su típica bóveda superior que alberga un radar y que suelen utilizarse para la coordinación de ataques aéreos.

A todo ello, cabe sumar las propias unidades españolas, como los Harrier de la Novena Escuadrilla de Aeronaves adscrita al portaaviones Príncipe de Asturias, que tiene base en Rota y que se encuentra activada desde la incorporación de los aliados a esta insólita contienda. Desde allí partió en las primeras horas de la Operación la Fragata Méndez Núñez que, junto con el submarino Tramontana, suponen hasta ahora las mayores aportaciones de unidades bélicas españolas en el área de conflicto, junto con varios cazas F-18, un CN-235 de patrulla marítima y un Boeing 707 de reabastecimiento en vuelo. El sumergible, con base en Cartagena, partió desde El Ferrol pero fue en Rota donde se aprovisionó. En esta última dársena, permanecen atracadas las unidades del Grupo de Acción Naval 2, con el Príncipe de Asturias, y el grupo de buque de asalto Galicia y Castilla, así como varias fragatas de la clase Santa María.

La base de Gibraltar cumple con similares misiones pero se encuentra operada fundamentalmente por unidades de la Royal Navy y de la Royal Air Force, ambas adscritas a las fuerzas armadas británicas. Sin embargo, la presencia del USS Florida confirma que Estados Unidos utiliza indistintamente esta base y la de Rota para el reabastecimiento y soporte logístico de sus unidades.

El USS Florida SSGN-728 porta misiles crucero tipo Tomahawk (TLAM), sin ojivas nucleares pero de gran poder de destrucción. Pero sigue siendo un submarino de propulsión nuclear. Junto a sus gemelos USS Ohio, USS Michigan y USS Georgia fueron botados como SSBN, submarinos nucleares portadores de misiles balísticos. En 2002 iniciaron el proceso de conversión a SSGN, es decir, submarinos nucleares portadores  de misiles guiados. Dicha modificación implicó que 22 de los 24 tubos que
albergaban los misiles balísticos Trident se modificaran para portar 7 tubos de lanzamiento vertical (VLS) de misiles de crucero Tomahawk cada uno de ellos, lo que permite la capacidad de transportar hasta 154 misiles. Los dos tubos restantes se habilitaron para permitir la entrada y salida a superficie de comandos especiales tipo Navy SEALS.

Pero no es el único submarino nuclear estadounidense que ha recalado en Gibraltar durante esta operación militar. A finales de marzo, ya lo hizo el USS Providence, armado también con ese mismo tipo de misiles y que opera en el grupo naval del portaaviones USS Enterprise. Si Verdemar, asociación adscrita a Ecologistas en Acción, calcula que cada año atracan entre 3 o 4 sumergibles atómicos en Gibraltar, durante 2011 nos vamos a salir de cuentas.

Lo curioso es que, según ha trascendido a partir de los informes de Wikileaks, España intentó a partir de 2006 que la Armada de Estados Unidos dejara de utilizar Gibraltar para operaciones de reavituallamiento, a fin de que no se reprodujera la alarma social que, cinco años antes, había motivado el chapucero arreglo de una avería en los canales de refrigeración del reactor nuclear del “Tireless”.

“El malestar social podría evitarse sencillamente desplazando los buques a Cádiz. Las visitas serían más discretas y evitarían polémicas innecesarias”, sugirió por entonces José Pons, director general de Exteriores para Europa y América del Norte, ante el embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre. Esto es, no se pretendía tanto proteger a la población civil sino que esta no se enterase del riesgo que corría ante el trasiego de este tipo de sumergibles. Como los propios ecologistas reconocen, es mucho más complejo detectar la presencia de submarinos de esta índole en Rota que en Gibraltar, ya que las instalaciones portuarias del Peñón son visibles desde distintos puntos geográficos.

Estados Unidos, sin embargo, se limitó a marear la perdiz ante la sugerencia española. Tras el escándalo de los vuelos secretos de la CIA, España había regulado exhaustivamente la utilización de su espacio aéreo, pero también había establecido cautelas en cuanto a su entorno marítimo, al tiempo que exigía información sobre las operaciones que llevaban a unidades extranjeras hasta nuestros puertos: “EE UU ha tomado nota sobre la preferencia de España para que los submarinos de propulsión nuclear fondeen en Rota en vez de en Gibraltar. Pero si el Gobierno se extralimita al solicitar información, Gibraltar volverá a convertirse en la alternativa más atractiva”, fue, según Wikileaks, la respuesta del embajador Aguirre a las peticiones españolas.

A pesar de ello, un telegrama enviado el 3 de julio de 2008 y que recoge el material secreto difundido por Wikileaks, venía a revelar que el 93% de los buques con bandera estadounidense atraca en puertos españoles y sólo el 7% utiliza las instalaciones de Gibraltar aunque el Gobierno británico es mucho más flexible a la hora de conceder autorizaciones de atraque.

“La base de nuestra política exterior será agradecer a España su disponibilidad portuaria, solidarizarnos con las preocupaciones nacionales y ser inflexibles a la hora de defender nuestro derecho a visitar Gibraltar”, sostenía Aguirre como líneas maestras de su posición diplomática. Y así sigue siendo. Estados Unidos no cuenta con dos bases sino con tres en esta compleja encrucijada del mundo.


Perogrullo escribe recto con renglones torcidos. Tiene sobrada razón el consejo de la Liga Árabe al solicitar a la ONU la convocatoria de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para resolver la imposición de una zona de exclusión aérea sobre la Franja de Gaza a fin de proteger a los civiles de los ataques de la aviación israelí. O sea, se trata del mismo supuesto que decidió la imposición de la zona de exclusión sobre Libia, que supuso la práctica aniquilación de la aviación tribal que permanecía leal al coronel Gadafi y que limitó seriamente las acciones de guerra aunque no pudo evitar que hubiera nuevamente víctimas civiles bajo fuego amigo, enemigo o medio pensionista.

Unas mujeres palestinas se protegen del gas lacrimógeno disparado por las tropas israelíes durante unos enfrentamientos en Awarta, cerce del West Bank de Nablus, el domingo 10 de abril. (Nasser Ishtayeh / AP)

Muchos de quienes aplaudimos dicha decisión del Consejo de Seguridad, temíamos que la resolución fuera utilizada como coartada para una invasión terrestre que, por fortuna, hasta ahora no se ha producido aunque todos los indicios apuntan a que la acción militar ha excedido considerablemente lo previsto. Pero también algunos de quienes aceptamos dicha solución, por más que prefiriésemos otras vías diplomáticas y no violentas que no parecían viables, recordamos que esa misma zona de exclusión podría haber evitado más de mil cuatrocientas muertes palestinas durante el desarrollo de la Operación Plomo Fundido sobre la franja de Gaza a partir de diciembre de 2009.

Otra veintena de víctimas mortales llevan la firma de la aviación israelí en esa misma zona, en represalia por los ataques con cohetes lanzados desde la Franja y que ocasionaron diversos impactos al otro lado del muro, como el obús antitanque que hizo blanco contra un autobús escolar hiriendo de gravedad a un adolescente israelí. ¿Por qué no entra Naciones Unidas a mediar de esa forma en este conflicto tal como ocurre en el otro? ¿O por qué no actúa del mismo modo en Bahréin?

Quienes intentamos defender a la ONU de su progresivo descrédito, solemos entender que dicha institución es lo único que nos separa de la ley de la selva. Pero para consolidar su poder de árbitro sobre el nuevo orden mundial, debe intentar responder a una cierta coherencia que evite su paulatino desprestigio.

El texto aprobado por el Consejo árabe celebrado en El Cairo durante el pasado fin de semana condenó, por ello, el “doble rasero” ante el contencioso palestino-israelí y demandó al Consejo de Seguridad y al Cuarteto de Madrid -Estados Unidos, Unión Europea, ONU y Rusia- que asuman sus responsabilidades y detengan la “agresión y continuas masacres” de Israel. Además, de otros brindis al sol, como la pretensión de que se juzgue a todos los criminales de guerra israelíes, un supuesto ante el que la comunidad internacional se encoge de hombros desde hace mucho.

No parece viable que el Consejo de Seguridad, en el que Israel y sus lobbies gozan de un formidable poder de persuasión, apruebe siquiera una zona de exclusión similar a la de Libia. ¿Quién iba a desarrollar la misión, una OTAN igualmente sometida a los deseos de sus aliados de Tel Aviv, o una Europa que todavía confunde al igual que la propaganda sionista la vergüenza por el holocausto con la aceptación sumisa del expansionismo de Israel? Aquí, al más pintado nos quieren apuntar a un bombardeo: de repente, en la guerra mediática que nos aflige, reclamar el fin del bloqueo de Gaza significa apoyar al grupo terrorista Hamás, un reduccionismo idiota que recientemente pude sufrir en mis propias carnes a raiz de apoyar la segunda expedición marítima Rumbo a Gaza que tendrá lugar esta primavera.

Cierto es que Gaza no es un paraíso, que abundan las divisiones sociales, que hay un sector privilegiado y diversas organizaciones que, más allá de la política, intentan sacar provecho entre las ruinas de ese formidable campo de concentración a cielo abierto. ¿Qué opción les queda? Que hay integristas, claro. ¿No los hay, acaso, en Israel? Probablemente, en el seno de Hamás –que ganó las últimas elecciones por cierto– sigue existiendo un amplio sector que pretenda medidas contundentes contra Israel; lo mismo que en algunos tea parties del Likud, dicho sea de paso. ¿Que hay corrupción en Al Fatah? ¿No la hay en los partidos democráticos de medio mundo? ¿Por qué se le exige a los machacados palestinos un plus añadido de calidad democrática respecto al resto del mundo?

No parece tampoco probable a corto plazo que se levante el bloqueo sobre la Franja y se proceda a la apertura de los pasos fronterizos actualmente cegados. Pero esta nueva fase de hostilidades se viene produciendo en la región justo cuando el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha promovido una iniciativa política que busca terminar con la división política entre su propio partido, Al Fatah, que controla Cisjordania, y el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, que ostenta el poder en la Franja de Gaza. Y es que lo que parece ser el propósito último de estas acciones estriba en acabar con dicho gobierno al precio que sea, aunque haya otros mil cuatrocientos muertos sin zona de exclusión que intente protegerles.

Estoy convencido de que, con el mismo aplomo que reivindicó la soberanía de Gibraltar durante la reciente visita del Príncipe Carlos a España, el príncipe Felipe demandará durante su viaje a Israel una solución pacífica al conflicto. O, al menos, que los muertos no los pongan los de siempre: la población civil de uno y de otro signo, que no suelen tener representante alguno en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.


Otra vez nos han tomado el pelo. A Naciones Unidas y a todos los ciudadanos que aplaudimos la imposición de una zona de exclusión aérea sobre Libia y nos encontramos de la noche a la mañana con una guerra en toda regla que va más allá de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el pasado 17 de marzo y que, a grandes rasgos, decidía “establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia a fin de ayudar a proteger a los civiles”, autorizando tan sólo los vuelos humanitarios. Se dejaba bien claro que se autorizaba “a tomar todas las medidas necesarias” a fin de “proteger a los civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Árabe Libia, incluida Bengasi, aunque excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio”.

¿Entre “todas las medidas necesarias” figura, acaso, esa toma de partido a favor de los rebeldes que parece haber adoptado la fuerza aliada que lleva a cabo las operaciones y cuyo mando acaba de ser asumido por la OTAN? Cierto es que la resolución permitía derribar aviones libios si estos persistían en atacar a la población civil. Y que incluía, por supuesto, el embargo de armas y la necesidad de establecer mecanismos para que Gadafi dejara de contratar mercenarios que atacasen a su propio pueblo. Sin embargo, lo que está hoy por hoy sobre la mesa es un ataque masivo y un apoyo explícito al derrocamiento del excéntrico coronel a quien la resolución 1970 adoptada el pasado 26 de febrero por el mismo Consejo de Seguridad, ponía en manos del Tribunal de la Haya, al tiempo que se condenaban activos de empresas, propiedades y bancos vinculados al dictador.

Entre los precedentes de estas medidas suele citarse como en 1991, EEUU, Reino Unido y Francia acordaron, por si cuenta y riesgo, sin una resolución de la ONU, la creación de una zona de exclusión aérea en Irak, por encima del paralelo 36, para defender al pueblo kurdo y en el contexto de la primera guerra del Golfo. En años sucesivos, la zona se ampliaría ilegalmente aunque sin sanción alguna por debajo del paralelo 32 y alcanzó finalmente al paralelo 33, en un carísimo dispositivo que se mantuvo en vigor en algunos casos hasta 2003, cuando se llevó a cabo la actual guerra que a su vez conllevó la caída y muerte de Sadam Hussein, sin que Naciones Unidas moviera un dedo a pesar de que ninguna resolución amparaba específicamente tales actuaciones.

En cambio, Naciones Unidas estableció en 1992, a través de la resolución 781 del Consejo de Seguridad, la prohibición del tráfico aéreo militar en Bosnia-Herzegovina, lo que sin embargo no evitó el terrible asedio a Sarajevo o la célebre matanza de civiles en Srebrenica. Hizo falta nuevas resoluciones del Consejo –786 y 816—para ampliar el operativo a medida que las hostilidades proseguían. Y, de hecho, la zona de exclusión duró tres años, hasta la firma de los acuerdos de Dayton que pusieron fin al conflicto.

¿Por qué ahora los aliados, incluyendo a España, no fuerzan la máquina para una nueva resolución que les ampare? Todos los indicios apuntan a que se está aprovechando la resolución 1973 como coartada y que lo que está en presencia es una clara toma de partido hacia los rebeldes –una amalgama de fuerzas que convergen en el rechazo a las prácticas despóticas de Gadafi pero que no presentan un frente cohesionado ni un mismo proyecto de futuro–, lo que suscita el rechazo de numerosos países árabes, incluidos aquellos que hasta ahora no han conocido revueltas internas como las que vienen sacudiendo a la región desde el pasado año.

Naciones Unidas hasta ahora excluye explícitamente la actuación de una fuerza terrestre, pero esa hipótesis no deja de barajarse y provoca un lógico temor a una colonización occidental similar a la que se ha llevado a cabo en Irak, afectando curiosamente a dos países cuyos líderes –el extinto Sadam Hussein y el contumaz Gadafi cuya caza y captura tampoco ha autorizado el Consejo de Seguridad—mantenían serias diferencias con Al Qaeda.

El 17 de marzo, en su 6498ª Sesión, el Consejo de Seguridad venía a satisfacer las expectativas de muchos que creíamos que, de nuevo, la ONU estaba tardando en actuar frente a una matanza de civiles. Ahora, mucho nos tememos que dicho organismo que sigue siendo nuestra última esperanza blanca ante los excesos particulares de los más fuertes del planeta, va a volver a ser el hazmerreir de la historia. Tras acabar literalmente con la aviación del régimen libio, ¿nuestras unidades aéreas –también las españolas—no tendrían que limitarse a vuelos de rutina sobre dicho espacio?

A todos, empezando por el Consejo de Seguridad a tenor de aquella Resolución, nos aflige el “deterioro de la situación en el país, la escalada de violencia y el elevado número de víctimas civiles”. Sin embargo, ir más allá de su letra y de su música supondría una clara injerencia que desestabilizaría aún más esa zona especialmente sensible del planeta y dejaría desautorizado nuevamente a Ban ki Moon, que tuvo que implicarse personalmente en esta resolución, y a todos quienes seguimos creyendo en el célebre edificio de la primera avenida a la altura de la calle 46 de Nueva York.

Cierto es que la resolución deplora tanto las “detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los casos de tortura y las ejecuciones sumarias”, así como “los actos de violencia e intimidación cometidos por las autoridades libias contra periodistas”, pero también la utilización de fuerzas mercenarias –sobre todo, soldados de fortuna procedentes de países situados más allá del desierto–. Sin embargo, uno de los epígrafes del acuerdo desautoriza el “uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio”. Era algo más que un guiño a la comunidad árabe y su vulneración, cada vez más próxima a la luz de los últimos acontecimientos, exigiría al menos una nueva resolución de Naciones Unidas que difícilmente aceptarían China y Rusia, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad.

Una nueva ilegalidad internacional en Oriente Próximo, que vendría a sumarse a las frecuentes irregularidades del Estado de Israel y a la invasión ilegal de Irak, sólo serviría como un nuevo y formidable pretexto para multiplicar el espectro del yihadismo en sus diferentes versiones. En cualquier caso, los aliados difícilmente podrían escudarse para ello en la polémica modificación del párrafo 11 de la resolución 1970 sobre el embargo de armas que autoriza a los estados miembros a que, “actuando a título nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos nacionales, y a fin de garantizar la estricta aplicación del embargo de armas establecido en los párrafos 9 y 10 de la resolución 1970, inspecciones en su territorio, incluidos los puertos y aeropuertos, y en alta mar, los buques y las aeronaves con origen o destino en la Jamhiriya Árabe Libia, si el Estado en cuestión tiene información que ofrezca motivos razonables para creer que la carga contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación, estén prohibidos”. La modificación de la resolución anterior incluye “el suministro de personal mercenario armado”, lo que compromete seriamente a las posiciones de Argelia y Siria, también zarandeadas por revueltas internas y que aceptaron servir como puente para la contratación de fuerzas mercenarias y armas por parte de Tripoli. Al mismo tiempo, Naciones Unidas exhortaba “a todos los Estados del pabellón de estos buques y aeronaves a cooperar con estas inspecciones, y autoriza a los Estados Miembros a aplicar toda medida acorde con las circunstancias concretas para realizar esas inspecciones”. Sin embargo, nada se habla de inspecciones sobre el territorio libio que pudieran camuflar operaciones militares de distinta catadura.

Claro que Gadafi, cuyo ministro de Exteriores Musa Kusa anunció un inmediato alto el fuego, siguió bombardeando Bengasi y ello provocó el ataque sobre su aviación, hasta aniquilarla durante la pasada semana. También el ataque de las fuerzas aliadas habría aniquilado a numerosos civiles, a los que en principio pretendía proteger. Daños colaterales, según la jerga de los especialistas en Defensa. Tampoco estaban previstos por la Resolución 1973.

Quizá, visto lo visto, a estas alturas de la película, la OTAN tendría que limitarse a mantener una especie de guardería aérea que impidiera nuevas matanzas. Y dejar la guerra y los pozos de petróleo en manos de los libios. O, en cualquier caso, de los cascos azules.


Rebeldes libios celebran la captura de un tanque gubernamental en Bengazhi. (Anja Niedringhaus /AP)

La realidad imita a Hollywood. Cuando los insurgentes libios parecían acorralados por Sitting Bull, llega el Séptimo de Caballería para intentar impedir que mueran con las botas puestas o simplemente descalzos. Los insurgentes y los otros libios a los que ha cogido en medio del saloon el fuego cruzado entre el gunmen Gadafi y los cowboys del desierto.

El Consejo de Seguridad de la ONU –el mismo que suele hacerse el longuis cuando Israel masacra a la franja de Gaza– acordó impedir que el coronel libio haga otro tanto con su propio pueblo. Algo es algo. Justicia selectiva, pero justicia a fin de cuentas.

Tras largos debates y cuando todo parecía perdido para los rebeldes –una amalgama de gente cabreada con Gadafi, entre quienes figuraban demócratas de diverso cuño, gente corriente cansada de las excentricidades y abusos de su líder, monárquicos nostálgicos de un antiguo rey, islamistas a un cuarto de hora de la yihad, primos de Al Qaeda y cuñados de los intereses occidentales en la región–, Naciones Unidas acordó una resolución que autorizaba el uso de la fuerza militar justo cuando las fuerzas leales y los mercenarios contratados por el coronel que llegó al poder después de un golpe de Estado en 1969, estuviera a las puertas de Bengasi.

El insólito órdago de Naciones Unidas, plusmarquista en lavarse la mano como Pilatos, no arredró a Muamar, que por toda respuesta se dedicó a intentar conquistar Bengasi antes de que medio mundo le conquistase a él. La resolución de los quince miembros del Consejo de Seguridad incluye la célebre zona de excusión aérea que, por sí misma, hubiera sido una buena medida cautelar hace una semana, antes de que la aviación machacara al pueblo libio como ha venido ocurriendo sin que nadie moviera una ceja, mientras Silvio Berlusconi miraba la balanza de pagos de Italia con dicho país y mientras Nicolás Sarkozy tragaba saliva ante la acusación explícita de que Trípoli hubiera pagado su campaña electoral: más leña al fuego para la victoria de Jean Marie Le Pen en las próximas elecciones francesas previstas para otoño.

A la zona de exclusión, ha seguido un ataque multilateral aliado en el que España se ha brindado a participar y un dispositivo de OTAN, que aunque mantiene dudas sobre la zona de exclusión aérea por las presiones de Turquía fundamentalmente, apuesta abiertamente por el embargo naval contra Trípoli. Se trata, a grandes rasgos, de intentar poner contra las cuerdas a Gadafi antes de que Gadafi ahorque con esas mismas cuerdas a su propia gente. En la capital rebelde, los gritos de algarabía parecían desmentir la hipótesis de que se tratase de una injerencia no deseada por parte de la población insurgente.

¿Lo es? Nadie en su sano juicio podrá creer que eso que llamamos la comunidad internacional se alza en armas por la exclusiva defensa de los valores democráticos. Claro que existen otros intereses y no hay más que ver los gráficos sobre el potencial armamentístico en la región para descubrir que el verdadero sheriff del Mediterráneo sigue siendo Estados Unidos a pesar de que Milwakee no limite con el mar de Alborán.

Sin embargo, aquellos que nos opusimos a la guerra de bloques, y no nos gustaba ni la Alianza Atlántica ni el Pacto de Varsovia, sigue sin gustarnos el nuevo orden mundial basado en la exclusiva supremacía de uno de aquellos bandos, a pesar de que los bárbaros de Bin Laden acechen en el Ponto Euxino del Imperio. Dicho esto, ¿qué alternativas tenemos frente a la OTAN y sus socios, una organización de la que formamos parte desde hace ahora treinta años, aunque el referéndum correspondiente tuviera lugar un lustro después? Durante la guerra de los Balcanes, que en muchos de sus escenarios no fue una guerra sino una matanza, la acción militar de la OTAN puso punto final a una espiral de barbarie a las puertas europeas. Claro que ni Europa ni Estados Unidos eran angelitos caídos del cielo y no actuaban guiados en exclusiva por su compasión hacia las mujeres violadas y los niños torturados por un puñado de salvajes. Pero, ¿hubiéramos debido permitir acaso que, salvadas sean todas las distancias, el Tercer Reich se hiciera con el norte de Africa, sin que los aliados movieran un dedo por la simple razón de que estos tenían sobrados intereses colonialistas en esa misma región?

Dicho esto, Libia no deja de ser un negocio lucrativo que muchas manos se disputan: 1.600.000 barriles de petróleo diarios, un PIB que se aproxima a 76.557 mil millones de dólares, con incremento anual de 6,7%. Más exportaciones anuales por valor de 63.050 millones de dólares, que sumados a 11.500 millones en importaciones, suponen una balanza de pagos más que saneadas, con reservas anuales de 200.000 millones de dólares, con una ridícula deuda externa de 5.521 millones. A pesar de todo ello, también es justo decir que frente a un estrechísimo margen de analfabetismo apenas superior al 5 por ciento y con indicadores de salud relativamente aceptables, aún se registra un 30 por ciento de pobreza, lo que da cuenta de un mal reparto de la riqueza. Como en medio mundo, dicho sea de paso.

La OTAN, desde luego, no es la solución. Antes bien, forma parte del problema, aunque esté bien que ahora venga a meterle las cabras en el corral a ese loco peligroso de Gadafi. Pero, ¿por qué no hace lo mismo con los psicópatas de Jerusalén? ¿Por qué tampoco Naciones Unidas actúa de la misma forma? La respuesta es sencilla: resulta a veces imposible hacer encaje de bolillos con su consejo de seguridad.

Hay una diferencia, la OTAN es prescindible e incluso nuestros militaristas entienden que Europa debería tener su propio aparato defensivo, aquella Unión Europea Occidental (UEO), que se apurgara en el baúl de los recuerdos. Policía bueno, policía malo, policía al fin de de cuentas.

Sin embargo, la ONU es nuestro último clavo ardiendo. Sin dicha organización, el caso estaría servido y el mundo sería la ley de la selva sin ningún tipo de mínimas cortapisas. Todos sabemos que en dicho contexto, siempre gana el más fuerte. La auténtica batalla –y la más difícil– estriba en democratizar la ONU e intentar presionar para que su Consejo de Seguridad no constituya un cepo para la voluntad libertaria de los seres humanos que, de vez en cuando y sin que sirva de precedente, no se muestran dispuestos a seguir aguantando que les pisen el cuello. Ni los sioux ni el gran padre blanco.


Cualquiera que comprobase las cifras que habitualmente trascienden sobre la economía marroquí, la primera impresión que tendría es la de que aún no resultan fiables. Cualquier análisis sobre la realidad de Marruecos a comienzos del siglo XXI choca, de entrada, con la inexistencia de un censo riguroso que permita comprobar, por ejemplo, el alcance de la diáspora emigrante o el del éxodo del ámbito rural a las grandes ciudades, cargadas de suburbios laberínticos en donde no existe padrón o es un disparate. Lo mismo cabe inferir de los cálculos sobre el desempleo, sobre la renta media de las familias o sobre la fiscalización de un país en donde empieza a aflorar una tímida burguesía entre una apabullante mayoría en la miseria –eso que antaño se llamara lumpen proletariado—y una oligarquía ajena por lo común a lo que ocurre en los barrios bajos.

En tales circunstancias cabría preguntarse por qué no estalla Marruecos a imagen y semejanza de otros países del norte de África. La explicación habría que buscarla en varios frentes: en primer lugar, habrá que considerar la dimensión religiosa que tiene Mohamed VI como rey de la dinastía alauita y comendador de los creyentes. Esta última función, le saca automáticamente de la melé política en un país profundamente islámico, aunque no sea tan propenso a los excesos integristas de su vecina Argelia. Con el rey, se puede bromear –le llamaron Su Majeski por su propensión a los deportes náuticos–, se puede cuestionar su riqueza y sus tramas familiares cuando se vendió inicialmente su imagen como la del “monarca de los pobres”, pero se le salva in extremis el trono y se culpa de la lentitud de las reformas al majzén, ese cúmulo de tenebrosos intereses y personalidades que alberga la administración, el ejército, la justicia y otros poderes fácticos del país.

Es cierto que tras heredar el reino de su padre, Hasán II, el joven monarca apuntó algunas iniciativas novedosas, parte de las cuales se tradujeron a la realidad cuando procedió a una notable reforma de la mudawana, el código de familia, que a partir de entonces ampara mucho más que nunca a viudas o a divorciadas. Fue incapaz eso sí de intentar poner freno a la escalada de la pobreza, una trinchera de la vida cotidiana en la que a veces se encuentra solo, como último clavo ardiendo, el voluntariado de Justicia y Espiritualidad, la organización fundamentalista del jeque Yasín, que aunque no puede legalmente concurrir a las elecciones, su presencia resulta imprescindible en los pueblos jóvenes que rodean a las grandes áreas urbanas y, desde sus mezquitas, se procura ayuda alimenticia y de cualquier otro tipo, para los desposeídos que cada vez confían más en ellos que en otras fundaciones relativamente públicas y auspiciadas por Palacio.

Mohamed VI y el actual Gobierno marroquí han logrado convencer a los habitantes del país que su principal propósito es conquistar el sueño de la integridad territorial de su reino, consolidando sobre todo sus posiciones sobre el antiguo Sáhara español y reivindicando, con mayor denuedo cada vez, sus derechos sobre Ceuta y Melilla, negados insistentemente por la diplomacia española, e incluso sobre Canarias.

Ese quizá fue uno de los errores cometidos por los promotores del llamado Movimiento 20 de febrero, que convocaron sus protestas inicialmente para el día 27, justo cuando el Polisario conmemoraba el trigésimo quinto aniversario de la creación de la República Arabe Saharaui Democrática, tras la Marcha Verde marroquí. A Rabat le faltó tiempo para azuzar el espantajo del independentismo saharaui como motor de las movilizaciones.

Estas se llevaron a cabo en diversos lugares del país, sin excesos violentos salvo en Alhucemas, donde varias personas murieron en un extraño incendio en la sucursal bancaria que supuestamente saqueaban. Al régimen le vino como anillo al dedo y desautorizó las protestas en su conjunto, a pesar de que, en general, fueron pacíficas, reivindicaban cambios moderados y una profundización en las libertades y garantías democráticas, especialmente en el aparato de la justicia. Nadie pedía la cabeza del monarca, ni la revolución islamista, aunque hubiese organizaciones presentes en las manifestaciones que tampoco le harían ascos a una y a otra opción. La represión policial fue considerable tanto durante dicha jornada como durante la siguiente. El primer fin de semana de marzo, cuando se esperaban nuevos incidentes, la tensión se rebajó en todos los aspectos y la normalidad volvió al país en espera del anunciado discurso del rey.

Marruecos, en su conjunto, sigue confiando en que la historia es lineal y avanza siempre hacia un mundo de progreso. Ese es el mensaje que intenta transmitir y aglutinar el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), el llamado Partido del Rey, que dio el campanazo en las elecciones municipales de 2009 y que se posiciona como una alternativa de nuevo cuño frente a los partidos tradicionales, principalmente el Istiqlal y el mosaico socialista, por no hablar del Partido Justicia y Desarrollo, el único integrismo tolerado pero que se vio seriamente en entredicho tras la fuerte campaña en su contra que siguió a los atentados de Casablanca de mayo de 2003. El PAM viene a ser, salvadas las distancias, algo así como una UCD a la marroquí, una organización reformista pero moderada.

Los marroquíes, a tenor de su progresiva implantación, parecen confiar antes en un Gobierno que le aproxime a la Unión Europea, más allá de los acuerdos puntuales y del trato preferente al que aspira con independencia de sus excesos represivos en el Sáhara o en el interior de su propio país, con prisiones atestadas y una criminalización del islamismo, con independencia que sea o no sea violento, que siga las consignas de Al Qaeda o se aparte llamativamente de ellas.

El pueblo marroquí, a primera vista, aspira al sueño del bienestar europeo, sin descuidar sus propias tradiciones y en una constante línea de ascensión social. Podría trazarse un cierto paralelismo con la España de los años 60, la del desarrollo tecnocrático, la que pasó de las alpargatas al 600. Sin embargo, no es así. Ni las deslocalizaciones, ni los salarios ni el consumo avanzan al mismo ritmo. Ese podría ser el mayor hándicap que aceche a nuestros vecinos del sur. Que se cansen de esperar que el maná de la democracia y del progreso les baje del cielo o de un palacio y quieran reivindicarlo con mayor ímpetu, con mayor impaciencia, con desesperación. Pero hoy no toca. Todavía. En Marruecos, la revolución puede esperar.


Lejos de poder participar como candidatos, tampoco los inmigrantes lo tendrán fácil a la hora de votar en las próximas elecciones municipales en España. Salvo aquellos que se encuentren ya nacionalizados o cuenten con doble nacionalidad, el resto no podrá tampoco postularse para resultar elegidos en dicha convocatoria. Y no hablamos, por supuesto, de comicios autonómicos o generales.

Esta vez y en virtud de la nueva Ley de Extranjería y de otras normas entre las que figura lo estipulado en la propia Constitución, se ha arbitrado la posibilidad de que puedan acudir a las urnas del próximo mes de mayo en los ayuntamientos españoles aquellos inmigrantes cuyos países de origen cuenten con un acuerdo de reciprocidad que beneficie en similares circunstancias a los españoles emigrados a su vez a dichas naciones. En concreto, el espectro electoral se reduce a Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay, Chile, Cabo Verde, Nueva Zelanda y Noruega. ¿Cómo fijar el criterio de reciprocidad respecto a comunidades de inmigración tan importantes en España como las de Marruecos y China? Cierto es que los españoles residentes en dichos países no pueden acudir a los colegios electorales porque su ley no los permite. Pero, acaso, ¿nuestro criterio de libertad, democracia y sufragio universal coincide con los que están vigentes en el régimen comunista chino o en el de Marruecos, que avanza hacia la democracia plena con una velocidad digna de caracoles? Escasa suerte tiene hasta ahora la campaña “Aquí vivo, aquí voto” que lleva reclamando desde hace años que se amplíe la horquilla del censo electoral a todos los residentes en este país que construimos colectivamente.

Pero, además, en dicha situación de excepcionalidad, figuran también Argentina y Uruguay, cuyas constituciones respectivas reconocen desde hace un mundo el derecho al voto de los extranjeros residentes en dicho territorio, lo que no tendría que suponer, por lo tanto, la necesaria firma de un acuerdo de reciprocidad con España. Dicha redundancia, sin embargo, sí ha sido factible en los casos de Chile y de Perú, donde también se permite votar con ciertas restricciones a los extranjeros con permiso de trabajo y residencia.

Para colmo, el proceso que se ha llevado a cabo para que puedan ejercer su derecho los inmigrantes de los nueve países extracomunitarios llamados a participar en las municipales, también ha sido kafkiano. En primer lugar, los aspirantes a la condición de elector debían inscribirse como tales. ¿Imaginan que los españoles en similares circunstancias tuvieran también que hacerlo? De ser así, en mayo acudirían a las urnas los alcaldes, los alcaldables y sus respectivas familias. Y mucho sería. ¿Por qué se exige dicho trámite a los extranjeros como una nueva zancadilla burocrática a su participación efectiva en este proceso electoral? La desinformación se extendía desde las propias Corporaciones locales a la oficina del Censo Electoral y a las dependencias de Interior y de Inmigración, que carecían en muchos casos de datos fiables para orientar a los interesados.

Además, ese derecho fue escasísimamente publicitado entre la comunidad inmigrante, por lo que muchos de los posibles votantes siguen sin tener idea de que les asiste ese derecho. Para colmo, el plazo para la inscripción, que concluyó el pasado martes y que antes tuvo que ser ampliado durante diez días, vino a coincidir con las vacaciones de Navidad por lo que el número de días laborales se redujo al mínimo. Para colmo, a cada uno de los extranjeros que pretendan decidir quien va a gobernar su pueblo, se le exigía un certificado de residencia, que tarda más de diez días en expedirse tras una cita previa de otros ocho o diez días, más el pago de siete euros por dicho documento. Era tan escandalosa dicha exigencia que finalmente fue eliminada, pero tan sólo veinticuatro horas antes de que expirase el plazo previsto.

¿A quien le interesa que los inmigrantes no voten en las elecciones? No sólo se trataría del ejercicio legítimo de un derecho, sino también de un formidable antídoto contra las organizaciones que pretendieran que los mensajes racistas y xenófobos formase parte del discurso político en la próxima campaña.


A Pilar Palomino, delegada de Cruz Roja en Haití, la conocí cuando apenas era una niña en su casa familiar de Puente Mayorga, frente a Gibraltar. Nacida en La Línea, hizo una ingeniería como su padre –Rafael, socialista de antigua hornada–, pero se dedicó de lleno al ámbito de la cooperación, lo que le llevó a Haití hace dos años y medio. Sobrevivió al terremoto cuando estaba intentando ayudar a resolver los problemas derivados de las graves inundaciones que habían asolado previamente al país.

Y desde el primer momento, supo que el país más pobre de América Latina se enfrentaba a problemas más serios que los que podría depararle la madre naturaleza: su falta de cohesión política y económica, la fuga de cerebros, la carencia de infraestructuras y la ausencia de un plan definido para que más allá de las tragedias habituales, más pronto que tarde, aquella valiente y pionera república de negros pudiera salir de una vez por todas de la espiral de la pobreza.

Desde el primer momento, Pilar Palomino se ha esforzado en atender a los medios de comunicación que le han solicitado datos y opiniones. Y ha dicho lo que tenía que decir: que la tardanza en los desescombros, la basura que sigue inundando las calles, la carencia de letrinas y otros servicios higiénicos básicos podría sumar mayores muertes a las del seísmo propiamente dicho. Y así fue: 222.570 personas supone el recuento de víctimas de aquel movimiento de tierras del 12 de enero de 2010. Pero desde octubre, ya van 3.600 muertos por el cólera, una cifra que podría incrementarse en los próximos meses.

Después de un año, afirmaba ayer mismo, la población de Haití necesita “soluciones definitivas”. Su discurso suele estar lejos de la asepsia habitual de algunos de los responsables de las ONGs más poderosas. Pero es que ante la magnitud de lo ocurrido en esa parte de la isla donde Cristóbal Colón avistó por primera vez tierra americana, ha logrado sumar voluntades y obviar diferencias.

Las principales ONG han criticado claramente la falta de liderazgo y acción por parte del Gobierno de Haití, que un año después del terremoto que asoló el país no comenzó las tareas de desescombro y reconstrucción de viviendas para la población. Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Acción Contra el Hambre o Ayuda en Acción, entre otras, destacaron que la ineficacia del Ejecutivo haitiano y la inestabilidad política dificulta y retrasa su trabajo. Es ese equipo gubernamental cogido con pinzas quien decide lógicamente qué viviendas pueden construirse o rehabilitarse. Pero lo hace con cuentagotas. Pilar pone el ejemplo de Léogâne, destruida al 80 por ciento por el movimiento sísmico y aún en ruinas porque las autoridades aún no han decidido qué hacer con ella. Los datos que maneja son clamorosos: más de 800.000 personas siguen viviendo en más de mil campamentos para desplazados.

Como Murphy existe, tal vez no habría que echar en saco roto otra reivindicación que Pilar Palomino viene reclamando desde hace un año: “Un plan de reconstrucción integral es un requisito clave para acometer la reconstrucción y el desarrollo de Puerto Príncipe y Haití, y sería deseable una descentralización del país a ciudades secundarias, descongestionando la ciudad de Puerto Príncipe. Los retos de carácter logístico son un factor muy determinante en Haití. Como consecuencia del terremoto, el puerto y el aeropuerto se vieron muy afectados, habiéndose ralentizado por tanto la entrada de la ayuda durante las primeras semanas. Además, el hecho de que el desastre haya tenido lugar en la zona más poblada del país, un entorno urbano, y en concreto en una capital de las características de Puerto Príncipe, complica enormemente la respuesta. Las soluciones técnicas son muy complejas en un entorno como el de Puerto Príncipe, donde la densidad de población es altísima, y donde, en muchos casos, no existe espacio físico para la implementación de los proyectos”.

En la balanza positiva de esa tragedia, cabe citar la apabullante respuesta solidaria de medio mundo en los momentos iniciales, aunque luego el interés internacional se ha diluido y su ayuda también. Desde República Dominicana, a pesar de los crecientes brotes de racismo hacia los inmigrantes haitianos, se arbitró una ejemplar apertura de fronteras a la ayuda humanitaria por lo que su presidente, Juan Pablo Duarte, ha recibido serias críticas por parte de los sectores más intransigentes del país. Al menos, los niños han vuelto a las aulas. Viéndoles, me recuerda a aquella Pilar Palomino que era una niña frente a Gibraltar, cuando todavía ignoraba que el destino iba a llevarla al mayor polvorín humanitario de comienzos del siglo XXI.


Los sin techo en España ya no son anécdotas: se llaman treinta mil, según han computado los voluntarios que intentan socorrerles. Pero pueden ser más: los censos que hasta ahora se han realizado responden tan sólo a un puñado de ciudades y no a todas las localidades del país. En ciudades de mediano porte, como Cádiz, ya son 90. En las grandes áreas metropolitanas, ni se sabe.

Algunos de ellos, sin portal de Belén, terminan muriendo en un banco o en la cabina de un cajero automático. De frío o de olvido, de alcohol de quemar o de cualquier paraíso artificial que echarle a su desesperación. Cierto que algunos no quieren que se les ayude, pero eso no es suficiente pretexto para no prestarles auxilio. O, al menos, intentarlo. A veces, la policía sólo se les acerca para invitarles a tomar el sol en un lugar distinto al alféizar de los escaparates comerciales.

Les suelen atender en los comedores sociales, esa sopa más solidaria que boba a la que cada vez acuden con más frecuencia la gente que no hace mucho soñaba con ser clase media. La crisis es una cola ante un plato de comida.

Indigentes, les llaman. Invisibles se sienten. Algunos de ellos han leído la Constitución y saben que es un libro que promete trabajo y vivienda. Pero también conocen la diferencia entre el verbo prometer y el verbo comprometerse. La agencia Moody´s no entiende de presupuestos de protección social ni de salud pública.

Sin nada, como diría Federico, hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Una manta y un caldo que en la noche quizá les acerquen un puñado de voluntarios. Una ducha pública y un albergue que sólo puede guardarles durante tres días consecutivos. ¿Cuántos días dura la condena a la exclusión? Cadena perpetua, casi siempre.

“Es difícil encontrar un trabajo –me dice Vicente—y sobre todo es difícil mantenerlo. No suelen darnos un salario suficiente. ¿Cómo voy a pagar una habitación? Y si no duermo bastante, porque tengo que hacerlo en plena calle, no puedo trabajar bien al otro día”.

Otros no quieren hacerlo. Nos contemplan desde un orgullo rebelde, aunque un tanto inútil. Esa mirada también es el Tercer Mundo. Quizá es que nos escuchan denunciar, sin conocer a ciencia cierta de lo que estamos hablando, la precariedad en la red de alojamientos, la escasez de plazas en los centros existentes, la falta de espacios de intimidad, habitáculos insuficientes, mal dotados y con apenas recursos para algo más que la simple y esporádica subsistencia. A veces, leen las editoriales de los periódicos y se carcajean cuando hablan de austeridad. Ni su imagen ni sus palabras suelen aparecer en los papeles, en los discursos, en el retrato robot de nuestros días.

Acaba 2010, el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Casi nadie lo ha sabido. Los nuevos Herodes de este tiempo nuevo que se parece tanto a los viejos tiempos quizá hayan ordenado no darles cobijo. Quizá terminemos felicitando las pascuas con la estampa de un clochard bajo un puente o con una piqueta entrando a saco en un barrio de chabolas.


Carteles con un nombre sustituyen en los mesabancos escolares a tres niños palestinos, de casi 300 que fallecieron durante el ataque Plomo Fundido. Jebaliya. (AP)

Bajo un fuego mortífero, las llamas del suelo y que no del cielo, provocan un reguero de lamentables muertes en Israel. Sin embargo, hay otro incendio sin demasiado humo mediático que es el que aflige a Gaza, desde hace mucho. El mayor campo de concentración al aire libre, en esta hora de la historia mundial, hacina a buena parte de la población palestina, cuya población lleva 62 años condenada a la diáspora, al exilio o a la convivencia con colonos cada vez más voraces que, en pos del agua o de la tierra, les hacinan, levantan muros en su derredor y condicionan el certificado de calidad de su democracia al partido político que gane las elecciones. Y si es Hamás, como ocurre allí, se acabó lo que se daba.

Malos tiempos para la lírica cuando la respuesta del lado palestino parece que se hermana con la de otros pueblos de la cornisa norte de Africa: si no puedes con tus enemigos, miéntales a la bicha. El integrismo islamista va sucediendo así al viejo talante laicista de Yasir Arafat. Pero, ahora que se van a cumplir dos años de la terrible Operación Plomo Fundido, no parece de recibo que haya que enjuiciar a las víctimas sino a sus verdugos.

Bajo ese prisma, se ha celebrado e en Antequera el Primer Foro de Debate “Después de Gaza, ¿qué?”, organizado por la Asociación Europea de Cooperación con Palestina, que preside el doctor Jehan Kamel Suleiman Rashid, residente en Málaga desde hace años y que, en esta ocasión, ha contado con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente de la Consejería de Presidencia, así como la hospitalidad de la Diputación de Málaga y del Ayuntamiento de Antequera.

Entre sus conclusiones, figuran la necesidad de unificación de la postura palestina a pesar de las legítimas diferencias políticas que existan en su seno, así como una exigencia a los organismos internacionales, empezando por la Unión Europea, para que se resuelva la consecución de un Estado palestino con capital en Jerusalén. También se ha insistido en la necesidad de mantener la ayuda española y europea a Gaza, a pesar de que, como en anteriores ocasiones, los centros de salud o de enseñanza que hayan podido construirse allí hayan sido destruidos por los ataques israelíes.

Entre los asistentes al foro, figuran especialistas en la región como el periodista egipcio Abdel Al Bakouri, quien insistió en la voracidad territorial de Israel cuyas fronteras no fueron definidas en su nacimiento como Estado, el economista Khaled Ata, miembro de la Comisión Palestina de Reconciliación, o Helmi Al Araaj, presidente del Centro Palestino de Derechos Humanos (Al – Hourrayat) en Ramala y miembro del Consejo Nacional Palestino, quien denunció las vulneraciones en materia de derechos civiles y el alto número de palestinos cautivos en las cárceles israelíes frente al solitario soldado Gilat Shalid secuestrado por Hamás. También acudió a la cita la brasileña Socorro Gomes, presidenta del Consejo Mundial de la Paz, o el documentalista israelí Eitan Wetzler, autor de más de 400 películas que reflejan la vida cotidiana del pueblo palestino y cuyas posiciones recuerdan a las de algunos de sus compatriotas como la ONG Bethselem, que suele denunciar los excesos de dicho Estado contra el pueblo que ocupaba dicho territorio. Entre la representación española, figuraba el eurodiputado Willy Meyer, de Izquierda Unida, muy crítico con la posición comunitaria en Oriente Próximo, Joaquín Rivas, director de la Agencia de Cooperación Internacional de Andalucía, o Antonio Zurita, director ejecutivo del Foro Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, partidario a pies juntillas de proseguir con la línea de apoyo al desarrollo en la región pero también decidido a que la sensibilización con la causa palestina constituya una de las directrices fundamentales de dicha organización.

“La Operación Plomo Fundido, tal y como se conoce al violento y mortífero ataque israelí a la Franja de Gaza, durante los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, no sólo constituyó un formidable crimen de guerra por las numerosísimas bajas entre la población civil, incluyendo a decenas de niños, sino una maniobra de propaganda política del Estado de Israel, con dos mensajes claros. Uno de ellos, dirigido hacia el pueblo palestino, en el sentido de que sería inútil cualquier resistencia ante el poderío militar del sionismo; y otro, un mensaje a los países amigos de Palestina y las entidades que colaboran con dicha causa, a quienes se pretende hacer ver la inutilidad de invertir en cooperación al desarrollo o en recursos públicos en la zona, ya que en unas horas la maquinaria bélica israelí puede destruir centros de salud o escuelas que cuesta tiempo, esfuerzo y dinero levantar”.

Ese fue el primer punto de un decálogo de conclusiones que los asistentes aprobaron por aclamación, no sin antes largas discusiones y debates. Desde su punto de vista, ninguno de tales propósitos se habría cumplido: “El pueblo palestino no abandona la resistencia sino que, a pesar de sus legítimas diferencias internas, mantiene una actitud clara de rechazo unitario a cualquier atisbo de rendición. Y, a pesar de la crisis económica, al menos en la Unión Europea y muy especialmente en Andalucía, no se han recortado hasta el momento las ayudas dirigidas a Palestina; un pueblo que sigue estando en el corazón de los europeos, aunque no parezca prioritario en las decisiones de algunos de sus gobiernos. En este marco, cabe destacar el firme compromiso de instituciones como la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) o el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), al objeto de sentar las bases de una cooperación estable con Palestina y con la sociedad civil que presta su apoyo a esta causa; institucionalizando, entre otras acciones, una mesa de trabajo permanente y una red en línea, que permita seguir trabajando en la acción y en la reflexión respecto a la situación en Gaza y Cisjordania, ampliando su espectro actual, desde las diputaciones, ayuntamientos, universidades y sociedad civil en general, a otros organismos como el Parlamento de Andalucía”.

“La Operación Plomo Fundido es un episodio más en la política expansionista del Estado de Israel, enunciada en su día por Ben Gurion como una patria sin fronteras determinadas que pueden ir creciendo exponencialmente. Algunos de los presentes no descartan, de hecho, que tras el fracaso de las distintas hojas de ruta que se han venido planteando para la consecución de un Estado palestino, puedan existir nuevas hostilidades en la región a corto y medio plazo”, proponen en otro de sus postulados.

A juicio de aquellos que siguen llevando a Gaza en el corazón y aunque hasta el momento, Israel ha abortado cualquier posibilidad de Estado palestino, con capital en Jerusalén, “ese debe seguir siendo un objetivo claro, a fin de subsanar dicha asignatura pendiente desde finales de los años 40 y demorada eternamente por los intereses israelíes y de sus aliados. Por ello, debemos mantenernos firmes en la defensa escrupulosa del derecho internacional, por parte de las instituciones que debieran encargarse de su cumplimiento, en especial Naciones Unidas, que carece de capacidad ejecutiva para que se cumplan sus resoluciones, y el Tribunal de La Haya”.
“La falta de una acción determinante por parte de algunas potencias mundiales y el consentimiento tácito de otras ha permitido que no se tome en serio la Paz en Oriente Próximo –analizan– ni se vea con claridad la necesidad real de una solución pacífica y equilibrada para el conflicto palestino-israelí, que supone un claro riesgo para la seguridad y estabilidad de la región y para el mundo en general. Así, se hace necesaria una posición de mayor rigor por parte de la comunidad internacional, a fin de que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas, y debemos reclamar de los gobiernos europeos y de la propia Comisión una actitud más enérgica que incluya incluso la revocación de los acuerdos preferenciales suscritos con Israel, hasta en tanto este país no cumpla fehacientemente con sus compromisos en materia de derechos humanos”.

Sin embargo, también apuntan hacia otras dianas en el capítulo de responsabilidades, como incumbe por ejemplo a Estados Unidos, un país “heredero en gran medida del colonialismo británico y francés en Oriente Próximo, y cuya política, incluso en la era de Barack Obama, sigue estando atenta a los intereses del sionismo y no a una alternativa de equilibrio que devuelva la paz y la convivencia a la región. En ese sentido, sorprende que Washington vete sistemáticamente cualquier condena al Estado de Israel por parte de la Asamblea de la ONU, e incluso pretenda borrar algunas resoluciones adoptadas en el pasado, so pretexto de que ya resultan anacrónicas”.

“En este sentido y tras la cumbre celebrada por la OTAN en Lisboa, no resulta especialmente tranquilizador el hecho de que dicha organización confirme su investidura como supuesta pacificadora del mundo, sin mandato expreso de Naciones Unidas, lo cual deslegitima aún más los frágiles recursos que todavía tienen las comunidades más vulnerables del planeta a la hora de buscar arbitraje en este último organismo”.

Algunos de los palestinos presentes en el encuentro tampoco obviaron una mirada crítica hacia algunos otros vecinos, en un discurso que inspiró otra de las conclusiones del foro: “Tampoco debemos obviar el olvido que, en cierta medida, dispensa el mundo árabe en general a la causa palestina. Tras abandonar el panarabismo de los años 70, los árabes siguen afirmando que la causa palestina es la causa de todos ellos, pero no obstante dicha convicción hasta el momento presente no se traduce en hechos”.
“Gaza, hoy por hoy, sigue siendo un enorme campo de concentración a cielo abierto –describen–. Bloqueada por tierra y por mar, su pueblo sobrevive en medio de una precariedad estremecedora, que no sólo debemos aliviar con prestaciones solidarias y programas de ayuda al desarrollo, sino con una complicidad clara a la hora de exigir que se cumplan los acuerdos internacionales y con campañas de sensibilización que incorporen de nuevo a la agenda informativa este viejo contencioso, sin que para ello sean necesarias nuevas masacres como las que han jalonado la historia de los últimos 62 años en dicho territorio”.

Con frecuencia este tipo de iniciativas suelen ser tachadas de antisemitas por parte del Estado de Israel, que olvida que no sólo los hebreos son semitas sino que también el pueblo árabe lo es. Pero tampoco la defensa de la causa palestina puede convertirse en un pretexto contra los judíos en general. Al menos, eso aseguran los participantes en el foro, que dejan meridianamente clara su posición: “No se trata de enfrentar a árabes con judíos ni a los seguidores de Yavhé con los de Alah. Más allá de la apariencia del conflicto religioso o étnico, en este caso, subsisten intereses económicos, políticos y estratégicos fundamentales, que son los que justifican la historia reciente de este largo y violento ejercicio de terror de estado. Dentro y fuera de Israel, coexisten organizaciones y personalidades que, aparentemente minoritarias, consideran que la implantación por la fuerza de dicho Estado y la expulsión, exterminio y humillación de los palestinos, no supone el mejor antídoto a la larga diáspora, holocausto y marginación del pueblo hebreo. Si no se respeta el derecho internacional, ello no supondrá sólo un ataque claro hacia el pueblo palestino o hacia el pueblo árabe en general, sino contra todos los defensores de la democracia y de los derechos humanos por los que también dieron su vida numerosísimos sefarditas y asquenazis”.

Mientras los discursos prosiguen, las resoluciones siguen sin cumplirse y los colonos avanzan en la toma de territorios e incluso forman patrullas para perseguir a los palestinos. Dos años después de la Operación Plomo Fundido, no vendría mal recordar aquellos veinticinco días en que los palestinos vivieron peligrosamente: 1.400 muertos de entre ellos, frente a 14 israelíes fallecidos en ese mismo periodo y lugar, por no recontar los más de dos mil heridos y los daños materiales ocasionados a porfía. Coartada para Al Qaeda y puching ball para el fundamentalismo sionista, la bandera palestina sigue incluyendo el color de la esperanza.


Abraham Sefarty

A la edad de 84 años y en Marrakech, acaba de dimitir de la vida Abraham Serfaty, aquel “rebelde, judío y marroquí” como lo definió Mikhaël El Baz en su libro El insumiso (2011), que escribieron a dúo. En otros tiempos, llegó a pasar 17 años cautivo en las mazmorras de Hassan II hasta que salió en libertad gracias a la presión internacional y a pesar de que nunca se humilló para pedir perdón. Nacido en Casablanca el 12 de enero de 1926, estudió ingeniería de minas en París y se incorporó con 23 años, al Partido Comunista de Marruecos y a la lucha contra la colonización francesa, lo que le llevó a conocer por primera vez la cárcel. Detenido en 1974, Serfaty fue condenado a prisión perpetua hasta su exilio forzoso en 1991, no sin antes gritar “Viva la República”, desde el banquillo de los acusados. También allí defendió una salida democrática para el Sáhara, a cuya causa dedicaría su ensayo

“Los fundamentos históricos de la lucha nacional del pueblo saharaui entre 1955 y 1976”, convertido en un clásico. Todos estos trabajos fueron incluidos en su libro En las prisiones del Rey. Escritos de Kenitra sobre Marruecos (Editions Sociales, París 1992).

En 1999, Mohamed VI permitió el regreso a Marruecos de Abraham Serfaty, que permanecía exiliado en Francia. Fue entonces, mientras se movía en silla de ruedas cuando empezaba a alentar en él una cierta esperanza de cambios en su país: “Marruecos vive ahora un desarrollo tremendo –me decía entonces–. En estas descenas de años había un potencial acumulado, a pesar de la dictadura que vivíamos del mahzen y quizá dado también las luchas de las fuerzas democráticas. En estos años, desde mi punto de vista, se ha desarrollado la sociedad civil y noto un cierto atraso de la escena política. Ahora, con el empuje que da el Rey desde arriba para abajo y esta vitalidad de la sociedad civil, estamos en una vía muy positiva de construir la democracia en Marruecos”.

Pero él ya intuía que las intenciones del nuevo monarca marroquí, chocaban desde el principio con las de otros dos sectores de la sociedad de su país. De un lado, el ‘mahzén’, el grupo de poder que rodeó a Hasán II, un búnker antidemocrático que sigue queriendo mantener cuotas de poder que nunca estuvieron refrendadas por las urnas. Y de otro lado, los integristas islámicos, reunidos en torno a Justicia y Caridad, u otras formaciones al margen del sistema.

Portada de uno de los libros de Sefarty

“Es difícil sostener el credo islamista al margen del Rey, cuando tenemos a un Rey que es al mismo tiempo comendador de los creyentes en el terreno de la justicia social. Lo más difícil es lo que queda del mahzén. A nivel del poder central ya no queda nada. Pero el mahzén, en el pasado y en estos años, está vivo en muchas capas del país. En la costumbre de muchas administraciones, por ejemplo, de pequeños mandatarios del Estado que todavía son del mahzén. Incluso la vida económica, está sujeta a estas pautas. Muchos patrones están todavía en la Edad Media y los sindicatos parecen sólo acostumbrados al enfrentamiento social con este tipo de patrones. Pero hay signos de modernidad. Es muy importante y muy positivo de notar que en estos años el papel de las élites, de los cuadros, gente que tiene cuarenta o cuarenta y cinco años que mantenían una actitud moderna a pesar del mahzén y han venido el trabajo bajo la denominación del mahzen pero se quedaron no solamente modernos sino con la voluntad de construir el Marruecos de hoy, que sea modernos y democrático. Hay núcleos de progreso en el país que son muy positivos”.

Partidario de recobrar la memoria de la represión, rastrear a los desaparecidos y hacerle justicia a los torturados, él fue el primero en denunciar el infierno de la cárcel de Tasmamart y los campos de concentración al sur del Atlas donde había centenares de marroquíes y de saharauis cautivos. Por aquel entonces, seguía mostrándose a favor de la autodeterminación del Sáhara, pero con algunos matices propios de la época: “Estoy a favor de la autodeterminación si se ofrece al pueblo no sólo las dos soluciones, de la integración de un lado y la independencia de otro. Sino también lo que se llama ahora la tercera vía, una vía negociada entre el POLISARIO y Marruecos, una clase de autonomía, con su autogestión propia pero con ligazón especial a Marruecos, con la autoridad de Mohamed VI. En el juzgado de Casablanca, tuve el honor de decir viva la República Saharahi, la República marroquí, viva la unión de ambos pueblos. La república marroquí puede que se conquiste en el siglo XXI, lo importante es una democracia como la española. Puede haber un acuerdo entre la república saharaui y el reino de Marruecos bajo una fórmula similar a la commonwealth. Lo dije en El País en noviembre de 1994. No es una decisión oportunista”.

Pero, sobre todo, seguía soñando con un mundo en el que el Estrecho dejara de ser una fosa común: “Hay que acabar con eso y para acabar con eso, hay que apostar por el desarrollo de Marruecos y de los pueblos de Africa. Del desarrollo de Marruecos dará esperanza a estos jóvenes que vienen a morir en el Estrecho, para que su porvenir sea en un Marruecos libre y de desarrollo social y económico. Entonces, ya no habrá muertos en el Estrecho. Para ello, lo principal es el esfuerzo del pueblo marroquí, del Rey Mohamed VI y de la ayuda de la Unión Europea en general y de España en particular y de la región más relacionada con estos muertos, el norte de Marruecos”.