Fronteras – Juan José Téllez

  • Manifiesto leído durante una concentración “No más muertes. Por un estrecho solidario” organizada por Algeciras Acoge en recuerdo de las personas fallecidas en el Estrecho de Gibraltar. 

El mar era el morir, según Jorge Manrique. Y, desde antiguo, las coordenadas del Estrecho de Gibraltar figuraron con un lugar de honor en los mapas de la muerte. Por su embocadura pasaron casi todas las guerras de la historia, con su vieja carga de daños colaterales y escalofrío de los más débiles. Durante los últimos treinta años, sin embargo, bajo sus aguas empezaron a dormir las victimas de una extraña paz que no sólo mata la esperanza y la justicia, sino a seres humanos de carne y hueso.

Es lo que los economistas y los sociólogos suelen denominar globalización mercantil, la que cerraba fábricas en el primer mundo para abrirlas en el tercero, hasta que sus remotos propietarios a menudo trasnacionales se dieron cuenta que era mejor que no hubiese distintos mundos sino que la mano de obra barata estuviera en todos al mismo tiempo. La que permitía que circularan libremente capitales y mercancías pero impedía el paso legal de las personas. La que nos prometió el paraíso y nos ha regalado una pesadilla. La que contribuyó a esquilmar la riqueza de África y está saqueando los derechos de Europa.

Hoy el Estrecho sigue siendo una frontera a pesar de que ya no existen las fronteras. Hay un foso marino más allá de todas las alambradas, de los altos perímetros de vallas inalcanzables que a veces cruza, sin embargo, la desesperación del mundo. Más allá del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, sus dos aguas se han convertido en una almadraba mortífera para quienes vienen huyendo de la catástrofe africana para buscarse paradójicamente la vida en la crisis europea.

Hace unos días, nuevas bajas en la batalla de la justicia, salpicaron los teletipos desde esta frontera sur. Un hombre negro sin pasaporte que identificara su viaje al otro mundo falleció poco después de ser rescatado en el mar, cerca de Tarifa, junto con otros catorce compatriotas de la utopía, cuando como los niños perdidos de Peter Pan viajaban a ninguna parte a bordo de una balsa de juguete.

Al otro lado de las cartas marinas, cerca de Alhucemas, otros once perderían definitivamente el aliento, sin llegar nunca a reunirse con los veintitrés que les sobrevivieron, entre quienes cuentan las crónicas que había dos menores y tres mujeres, una de las cuales llegó a abortar bajo el terrible impacto de los sueños rotos.

No habían oído en la radio que en el viejo oasis europeo, ya apenas queda agua. Ni habían visto en los telediarios las colas a las puertas de los comedores sociales y los bancos de alimentos. Ni habían comprobado en la prensa los índices del paro. Esa gente, sin duda alguna, no conoce las noticias pero sabe perfectamente en qué mundo vive y no quiere quedarse en él para seguir agonizando. A veces la muerte no es sólo la muerte, sino esa rara angustia cotidiana que lleva a preguntarnos a qué le llamamos vida. Ellos lo hicieron y terminaron eligiendo su suerte, aunque no siempre exista un final feliz para los cuentos.

Quizá hoy, como signo de respeto y de memoria hacia esos doce nuevos muertos en el mar de Ulises, debemos preguntarnos sencillamente si nosotros seguimos vivos y si, para demostrarlo, algún día, más temprano que tarde, nos jugaremos también el futuro a una carta y dejaremos de permitir que otros se lo jueguen en nuestro nombre.


(AP)

León Paneta se estrenó como secretario de defensa de la OTAN, el pasado miércoles, anunciando a bombo y platillo que España se sumaba al escudo antimisiles que  presuntamente tiene como objetivo la defensa occidental ante un posible ataque de Irán o de Corea. Si es que su objetivo real no es, precisamente, el de atacar a Corea o a Irán, con las espaldas cubiertas.

El famoso escudo es una vieja aventura para fomentar la industria armamentística que la Administración Bush se sacó de la manga en el año 2000, recreando la guerra de las galaxias de Ronald Reagan. Los atentados del 11-S y la operación Justicia Duradera contra Afganistán provocaron que este formidable negocio para transnacionales como Lockeed se ralentizara a favor del trasiego de armas convencionales y de todo tipo que las sucesivas ofensivas contra Kabul y Bagdad fueron exigiendo. Sin embargo, Barack Obama relanzó este programa con la instalación de escudos antimisiles terrestres  en Polonia y Chekia o sobre soporte marino en el mar de China. Leer más


Lejos de poder participar como candidatos, tampoco los inmigrantes lo tendrán fácil a la hora de votar en las próximas elecciones municipales en España. Salvo aquellos que se encuentren ya nacionalizados o cuenten con doble nacionalidad, el resto no podrá tampoco postularse para resultar elegidos en dicha convocatoria. Y no hablamos, por supuesto, de comicios autonómicos o generales.

Esta vez y en virtud de la nueva Ley de Extranjería y de otras normas entre las que figura lo estipulado en la propia Constitución, se ha arbitrado la posibilidad de que puedan acudir a las urnas del próximo mes de mayo en los ayuntamientos españoles aquellos inmigrantes cuyos países de origen cuenten con un acuerdo de reciprocidad que beneficie en similares circunstancias a los españoles emigrados a su vez a dichas naciones. En concreto, el espectro electoral se reduce a Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay, Chile, Cabo Verde, Nueva Zelanda y Noruega. ¿Cómo fijar el criterio de reciprocidad respecto a comunidades de inmigración tan importantes en España como las de Marruecos y China? Cierto es que los españoles residentes en dichos países no pueden acudir a los colegios electorales porque su ley no los permite. Pero, acaso, ¿nuestro criterio de libertad, democracia y sufragio universal coincide con los que están vigentes en el régimen comunista chino o en el de Marruecos, que avanza hacia la democracia plena con una velocidad digna de caracoles? Escasa suerte tiene hasta ahora la campaña “Aquí vivo, aquí voto” que lleva reclamando desde hace años que se amplíe la horquilla del censo electoral a todos los residentes en este país que construimos colectivamente.

Pero, además, en dicha situación de excepcionalidad, figuran también Argentina y Uruguay, cuyas constituciones respectivas reconocen desde hace un mundo el derecho al voto de los extranjeros residentes en dicho territorio, lo que no tendría que suponer, por lo tanto, la necesaria firma de un acuerdo de reciprocidad con España. Dicha redundancia, sin embargo, sí ha sido factible en los casos de Chile y de Perú, donde también se permite votar con ciertas restricciones a los extranjeros con permiso de trabajo y residencia.

Para colmo, el proceso que se ha llevado a cabo para que puedan ejercer su derecho los inmigrantes de los nueve países extracomunitarios llamados a participar en las municipales, también ha sido kafkiano. En primer lugar, los aspirantes a la condición de elector debían inscribirse como tales. ¿Imaginan que los españoles en similares circunstancias tuvieran también que hacerlo? De ser así, en mayo acudirían a las urnas los alcaldes, los alcaldables y sus respectivas familias. Y mucho sería. ¿Por qué se exige dicho trámite a los extranjeros como una nueva zancadilla burocrática a su participación efectiva en este proceso electoral? La desinformación se extendía desde las propias Corporaciones locales a la oficina del Censo Electoral y a las dependencias de Interior y de Inmigración, que carecían en muchos casos de datos fiables para orientar a los interesados.

Además, ese derecho fue escasísimamente publicitado entre la comunidad inmigrante, por lo que muchos de los posibles votantes siguen sin tener idea de que les asiste ese derecho. Para colmo, el plazo para la inscripción, que concluyó el pasado martes y que antes tuvo que ser ampliado durante diez días, vino a coincidir con las vacaciones de Navidad por lo que el número de días laborales se redujo al mínimo. Para colmo, a cada uno de los extranjeros que pretendan decidir quien va a gobernar su pueblo, se le exigía un certificado de residencia, que tarda más de diez días en expedirse tras una cita previa de otros ocho o diez días, más el pago de siete euros por dicho documento. Era tan escandalosa dicha exigencia que finalmente fue eliminada, pero tan sólo veinticuatro horas antes de que expirase el plazo previsto.

¿A quien le interesa que los inmigrantes no voten en las elecciones? No sólo se trataría del ejercicio legítimo de un derecho, sino también de un formidable antídoto contra las organizaciones que pretendieran que los mensajes racistas y xenófobos formase parte del discurso político en la próxima campaña.


Los sin techo en España ya no son anécdotas: se llaman treinta mil, según han computado los voluntarios que intentan socorrerles. Pero pueden ser más: los censos que hasta ahora se han realizado responden tan sólo a un puñado de ciudades y no a todas las localidades del país. En ciudades de mediano porte, como Cádiz, ya son 90. En las grandes áreas metropolitanas, ni se sabe.

Algunos de ellos, sin portal de Belén, terminan muriendo en un banco o en la cabina de un cajero automático. De frío o de olvido, de alcohol de quemar o de cualquier paraíso artificial que echarle a su desesperación. Cierto que algunos no quieren que se les ayude, pero eso no es suficiente pretexto para no prestarles auxilio. O, al menos, intentarlo. A veces, la policía sólo se les acerca para invitarles a tomar el sol en un lugar distinto al alféizar de los escaparates comerciales.

Les suelen atender en los comedores sociales, esa sopa más solidaria que boba a la que cada vez acuden con más frecuencia la gente que no hace mucho soñaba con ser clase media. La crisis es una cola ante un plato de comida.

Indigentes, les llaman. Invisibles se sienten. Algunos de ellos han leído la Constitución y saben que es un libro que promete trabajo y vivienda. Pero también conocen la diferencia entre el verbo prometer y el verbo comprometerse. La agencia Moody´s no entiende de presupuestos de protección social ni de salud pública.

Sin nada, como diría Federico, hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Una manta y un caldo que en la noche quizá les acerquen un puñado de voluntarios. Una ducha pública y un albergue que sólo puede guardarles durante tres días consecutivos. ¿Cuántos días dura la condena a la exclusión? Cadena perpetua, casi siempre.

“Es difícil encontrar un trabajo –me dice Vicente—y sobre todo es difícil mantenerlo. No suelen darnos un salario suficiente. ¿Cómo voy a pagar una habitación? Y si no duermo bastante, porque tengo que hacerlo en plena calle, no puedo trabajar bien al otro día”.

Otros no quieren hacerlo. Nos contemplan desde un orgullo rebelde, aunque un tanto inútil. Esa mirada también es el Tercer Mundo. Quizá es que nos escuchan denunciar, sin conocer a ciencia cierta de lo que estamos hablando, la precariedad en la red de alojamientos, la escasez de plazas en los centros existentes, la falta de espacios de intimidad, habitáculos insuficientes, mal dotados y con apenas recursos para algo más que la simple y esporádica subsistencia. A veces, leen las editoriales de los periódicos y se carcajean cuando hablan de austeridad. Ni su imagen ni sus palabras suelen aparecer en los papeles, en los discursos, en el retrato robot de nuestros días.

Acaba 2010, el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Casi nadie lo ha sabido. Los nuevos Herodes de este tiempo nuevo que se parece tanto a los viejos tiempos quizá hayan ordenado no darles cobijo. Quizá terminemos felicitando las pascuas con la estampa de un clochard bajo un puente o con una piqueta entrando a saco en un barrio de chabolas.


Si se supone que España es un país aconfesional, ¿por qué apenas tiene trascendencia el hecho de que más de un millón y medio de personas que viven entre nosotros, celebren este jueves el fin del ramadán? La religión católica es mayoritaria, claro, y todas sus celebraciones reciben la atención tumultuosa de la sociedad toda, de los poderes públicos y de los medios de comunicación.
Nadie parece dispuesto a pedir suplementos especiales en los periódicos para la fiesta del cordero ni que las televisiones transmitan las peregrinaciones a la Meca con el mismo entusiasmo que las alocuciones de Benedicto XVI desde la Plaza de San Pedro. Pero ya resulta algo más que una anécdota la presencia islámica en nuestro país, con un número altísimo de españoles que eligieron el Corán y cuya cifra se estima similar a la de los inmigrantes que practican dicha religión.
Actualmente, a escala europea, el número de musulmanes se estima en once millones, de los que más de cuatro millones viven en Francia y en su mayoría son magrebíes. Luego, Alemania con 2.500.000, en su inmensa mayoría de procedencia turca. En el Reino Unido, la cifra se aproxima cada vez más a los dos millones, medio millón de los cuales procederían de India y Pakistán.
Junto a la paulatina llegada a Europa de musulmanes procedentes de Asia y de Africa, como consecuencia de los procesos de independencia y de las migraciones políticas o económicas, numerosos europeos han abrazado la fe islámica, desde Cat Stevens a Roger Garaudy. Se trata de un proceso largo que ha terminado dibujando un Islam rico en matices que contempla desde unas características propias nacida de ese mestizaje de procedencias y que defienden en gran medida los jóvenes deseosos de romper sus ataduras con los países de origen de sus padres, a la poderosa línea salafista que algunos identifican erróneamente, en su conjunto, con el fanatismo violento que también existe como ha quedado sangrientamente demostrado en Londres o en Madrid.
Pero en su inmensa mayoría, buscan la paz, que a fin de cuentas es lo que significa Islam. Sin embargo, como el miedo guarda la viña, difícilmente la opinión pública termina distinguiendo entre unos y otros, por lo que no resulta raro que no sólo en Suiza se prohíban los minaretes de las mezquitas sino que en España tengan serias dificultades a la hora de abrirlas: los vecinos de Sevilla, por ejemplo, llevan diez años impidiendo que esto ocurra a pesar de que en dicha ciudad cuenta con numerosas mezquitas clandestinas, abiertas en garajes o en locales precarios sin ningún tipo de control respecto a sus imanes y las predicas del viernes.
Como eternos ciudadanos de segunda, no sólo ellos pierden. También quienes creemos firmemente en un Estado laico en donde todas las creencias se encuentren y se desencuentren a las claras del día. Lo contrario –el tapujo, la marginación, el ghetto, la mordaza—sencillamente terminará convirtiéndose en una peligrosa arma de relojería.


La cancelación del reportaje “Algo huele mal”, que TVE incluyó hace una semana en los contenidos del programa “Repor”, ha terminado por convertirse en un boomerang informativo que ha encontrado mucho mayor eco del que pretendían quienes lograron aplazar su emisión; porque se supone que no es una mordaza sino que es una suspensión hasta que se contrastara exhaustivamente la información basada en distintos portavoces ecologistas aunque también se incluyeran opiniones representativas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Esta organización agrupa a Abelló Linde; Acerinox; Air Liquide; APM Terminals; Air Liquide; Artenius; las empresas del Grupo de Cepsa, Interquisa, Petresa y la Refinería; la Central de Ciclo Combinado, la Térmica y la Terminal de Los Barrios de Endesa; Enel Viesgo; Nueva Generadora del Sur; Repsol YPF; o la Sociedad Eólica de Andalucía, que en 2007, antes del cerrojazo a Torraspapel, registraron unos ingresos de explotación de 9.980 millones de euros.

Fueron portavoces de Cepsa quienes urgieron a la televisión pública estatal a incluir sus opiniones en el reportaje, supuestamente a fin de mejorarlo, aunque para ello hubiera que arriarlo in extremis de la parrilla. La Refinería “Gibraltar-San Roque”, de dicha compañía, tiene una capacidad de refino anual de 12 millones de toneladas de crudo y se asienta sobre la Bahía de Algeciras desde finales de los años 60 cuando el franquismo les obligó a situar sus chimeneas en primera línea de costa para que los gibraltareños, cuya frontera había cerrado la dictadura, pudieran contemplar la prosperidad creciente de la España tecnocrática.

Más allá del debate político y periodístico que encierra esta controversia, lo preocupante es que a menudo se olvide que por encima de intereses económicos o partidistas, debiera estar la salud pública. Y, en tal materia, sólo cabe mostrar una inquietud compartida por el hecho de que sucesivos indicadores reflejen el alto riesgo de contraer cáncer que afecta a los habitantes de la zona, tal y como refleja el Atlas Municipal de Mortalidad por Cáncer en España, elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y que confirma dicho supuesto, ya anteriormente denunciado por informes de a Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En 2004, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía elaboró un estudio epidemiológico que se dio a conocer dos años más tarde y que aunque venía a confirmar dichas cifras no detectaba una relación causa-efecto con factores medioambientales. Eso sí, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares eran los principales determinantes de esas muertes.

Se trataba, en realidad, de varios estudios parciales, aunque quizá el más exhaustivo de todos ellos fuera el realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en torno a la mortalidad, en base a tasas ajustadas por edad, para todas las causas y causas específicas, por sexo y su tendencia por municipios. Según sus resultados, no existiría un patrón de mortalidad relacionado con una posible hipótesis de origen medioambiental.

Los grupos conservacionistas y algunas formaciones como Izquierda Unida vienen insistiendo en que no se trataba de un estudio epidemiológico exhaustivo e interdisciplinar, por lo que merecería la pena afrontarlo a fin de agotar todas las vías posibles para averiguar quién es de verdad el enemigo del pueblo que vive a orillas del Estrecho, parafraseando la célebre obra de Ibsen.

Así, a finales de abril de este año, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo volverá a estudiar la alta mortalidad por cáncer en Gibraltar. Y, de hecho, pedirá a las autoridades españolas y británicas competentes que actualicen, lo antes posible, el estudio epidemiológico presentado por los peticionarios, en cuyo nombre el eurodiputado Willy Meyer había tomado la palabra en el parlamento comunitario.

Dicha resolución se basa en dos peticiones, presentadas por el español Juan Antonio Carrasco Ragel, portavoz de Agaden en el Campo de Gibraltar, y la británica Justine Olivero, perteneciente a un grupo conservacionista del Peñón. Ambos documentos señalan que, “según estudios realizados por la Universidad Pompeu Fabra, el índice de mortalidad de los habitantes de Gibraltar y el Campo de Gibraltar es elevado y su esperanza de vida es menor que en otras zonas de España. Además, el Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España, elaborado por el ministerio de Sanidad, demuestra que los niveles de cáncer en esta zona son mucho mayores que el promedio español”.

“Los peticionarios consideran que esta situación se debe a las actividades de refinado de combustibles, así como a la actividad de la industria pesada en la zona. Dado que el aumento de los casos de cáncer sería consecuencia de una contaminación transfronteriza, consideran que el caso afecta a la legislación europea”.

En el Parlamento Europeo, no obstante, se puso de manifiesto que la refinería “Gibraltar” de Cepsa, radicada en San Roque y que se mencionaba en la petición como una de las industrias potencialmente perjudiciales para la salud, “cumple todas las normativas y directrices europeas”, aunque su veteranía resulte notoria.

“A pesar de ello, el Ejecutivo comunitario ha instado a la empresa propietaria de la refinería a poner en práctica medidas preventivas para lograr que el proceso de refinado sea lo menos contaminante posible.

No tiene por qué ser esa instalación la causante de ese crimen colectivo que parece prolongarse en el tiempo. La Comisión Europea, por ejemplo, aprovechó su resolución para recordar que Gibraltar ha incumplido en el pasado los niveles mínimos de calidad del aire exigidos por la UE y que en los estudios correspondientes a 2008 y 2009 sí se han respetado estos límites. ¿Qué decir de la red de depuradoras municipales necesitadas de un plan de saneamiento que los ayuntamientos no pueden afrontar económicamente y que convierte a dicha Bahía en una cloaca histórica? ¿Y de la limpieza de fondos de barcos en esa zona o en las aguas internacionales del Estrecho cercano? ¿O que decir de las unidades navales de propulsión o carga nuclear que atracan para avituallarse en el muelle militar del Peñón?

Quizá entre todos le matamos y el Campo de Gibraltar, él solito, se mató. Algo huele a podrido, no sólo en Dinamarca, sino también allí, al sur de la Península y junto a un puerto formidable. Ese estudio epidemiológico que ahora se reclama quizá tampoco disipe las dudas sobre el origen de esas muertes, pero tal vez nos enseñe algunas claves para evitarlas. Allí, las fuerzas vivas parecen especialmente interesadas en aventar a priori cualquier sospecha que pueda dañar la imagen de la zona. La peor imagen posible es la de los cementerios.