Fronteras – Juan José Téllez

Al letrero del Café Hafa se le ha caído la hache. Pero la luna turca rielaba ayer martes sobre el Estrecho de Gibraltar, desde sus terrazas en las afueras de Tánger cuando ya corría como la pólvora que el rey Mohamed VI había nombrado como presidente del Gobierno –esa es la nueva denominación constitucional de los antiguos primeros ministros—a Abdelila Benkiran, el líder del Partido de la Justicia y Desarrollo. Se trata de  una organización islamista que ya acarició la victoria en 2007 tras largos años en los que el majzén marroquí impedía que se presentara por todas las circunscripciones del reino. El pasado viernes 25 de noviembre se hizo, sin embargo, con la victoria en los primeros comicios que Marruecos celebra tras la tan abrumadora como sospechosa aprobación de la nueva Constitución el pasado 2 de julio. Toda una operación de maquillaje democrático por parte de la dinastía alauita que vio como se mojaban las barbas de algunos de sus vecinos y decidió improvisar una reforma política antes de que el movimiento popular 20 de febrero tuviese suficiente fuerza como para moverle el trono.

Elecciones 25 de Noviembre, 2011. Marruecos (AP Photo)

En Marruecos, al contrario que en Túnez o Egipto, todo parece controlado desde el régimen. Quizá porque a Estados Unidos le interese sobremanera su estabilidad como plataforma del futuro Africom, el mando unificado que pretende combatir sobre el terreno a Al Qaeda del Magreb Islámico, para lo que está levantando una formidable base militar en Tan Tan. Pero los jóvenes rebeldes del 20-F no se sienten concernidos por esa reforma ni por las elecciones del viernes: el domingo, recorrían las calles tangerinas y las de otras de las más importantes ciudades del país. Se trataba de una marcha cívica pero segregada, en donde las opciones laicistas desfilaban a cierta distancia de los islamistas de Justicia y Espiritualidad, que tampoco aceptan el nuevo texto de la Constitución porque sigue considerando a Mohamed VI como comendador de los creyentes. Y los autores de la reforma terminaron por incluir dicha prerrogativa coránica a fin de evitar que la pérdida de esa condición empujara a ese grupo del anciano jeque Abdesalam Yassin a radicalizar sus posiciones. No en balde, él no reconoce la autoridad del rey porque su linaje también entronca con el profeta. Y, para colmo, su hija Nadia Yassin ya se definió hace tiempo como islamista pero republicana. Leer más


(AP)

León Paneta se estrenó como secretario de defensa de la OTAN, el pasado miércoles, anunciando a bombo y platillo que España se sumaba al escudo antimisiles que  presuntamente tiene como objetivo la defensa occidental ante un posible ataque de Irán o de Corea. Si es que su objetivo real no es, precisamente, el de atacar a Corea o a Irán, con las espaldas cubiertas.

El famoso escudo es una vieja aventura para fomentar la industria armamentística que la Administración Bush se sacó de la manga en el año 2000, recreando la guerra de las galaxias de Ronald Reagan. Los atentados del 11-S y la operación Justicia Duradera contra Afganistán provocaron que este formidable negocio para transnacionales como Lockeed se ralentizara a favor del trasiego de armas convencionales y de todo tipo que las sucesivas ofensivas contra Kabul y Bagdad fueron exigiendo. Sin embargo, Barack Obama relanzó este programa con la instalación de escudos antimisiles terrestres  en Polonia y Chekia o sobre soporte marino en el mar de China. Leer más


A lo largo del mes de noviembre, la Península Ibérica vivirá una serie de movilizaciones contra la OTAN, con motivo de la cumbre de dicha organización que tendrá lugar en Lisboa los próximos días 19 y 20. Con posterioridad, la Base de Morón utilizada habitualmente por la aviación militar de los Estados Unidos será escenario de otra movilización, poco después de que ya se haya cerrado con la administración norteamericana un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a más de 170 empleados civiles.

En dicho contexto, el pasado domingo día 7 de noviembre, se celebró la Marcha a Rota, que alcanzó su vigésimo quinta edición y que reclama el desmantelamiento de este tipo de instalaciones. A su término, una comitiva se aproximó a la entrada del gigantesco acuartelamiento aeronaval para hacerle entrega del discurso que había sido leído al fin de aquella manifestación que reunió a más de dos mil personas.

Al otro lado del filtro lateral de la Base, el cabo educadísimo no daba crédito. En vez de encontrarse con la caricatura del pacifismo estereotipado, se dio de bruces con Nieves García Benito, una escritora que se le identificó con las siguientes palabras: “Mi hijo rescataba gente en el mar y murió por ello. Hay muchas formas de servir a un país construyendo la paz”, evocó a su hijo, un geógrafo que figuró entre los tripulantes de un helicóptero de Salvamento Marítimo fatalmente accidentado en aguas de Almería durante el pasado mes de enero. Miró a los ojos al soldado y le pidió que le prometiera que entregaría el documento a la máxima autoridad de la Base. El no sólo le dijo que si, sino que le dio el pésame.

La marcha a Rota, sin embargo, vino a coincidir con llegada a las dársenas del buque Juan Carlos I y con la despedida del Almirante Jefe de la Base Naval, el contralmirante José María Pelluz Alcantud, que no se retira por la presión de los pacifistas sino que, sencillamente, pasa a la reserva.

Antes, también desde la tribuna, tuve ocasión de leer las palabras que siguen:

Porque no queremos que la muerte armada sea el horizonte cotidiano de nuestra casa.

Porque no queremos que sobre nuestros sueños vuelen aviones cargados de presos secretos hacia las mazmorras sin ley donde se tortura a los derechos humanos.

Porque tampoco deseamos que la metralla que aniquila poblaciones civiles de lugares remotos viaje sobre las alas que anidan junto a nuestro playa o naveguen a bordo de tiburones de metal a los que hemos dado asilo en nuestras aguas.

Porque no deseamos ser cómplices ni vecinos de esa forma de terror que lleva puesto el pasamontañas de la guerra.

Por eso estamos aquí y por eso estuvimos más de veinticuatro veces antes. Armados de razón y desarmados de ira. Armados de paciencia y heridos de rabia. Muertos de miedo y muertos de vergüenza.

Emprendimos esta larga marcha a favor de la vida y en contra de la eterna edad de los metales, cuando el mundo se dividía en bloques y los imperios repartían su ambición de poder hasta que el más fuerte, el de los becerros de oro y el crimen de la opulencia, derribó telones de acero y banderas de revoluciones cansadas.

Por el camino, hubo quemaduras de NAPALM y aldeas destrozadas, tiranos alimentados por dólares o rublos, compraventa de armas y de esclavos, pequeñas ofensivas que provocaban grandes desastres fieramente humanos.

Fue entonces cuando Estados Unidos, en lugar del Plan Marshall que reconstruía a Europa, le compró al salvador de España un puñado de tierras en distintos confines de la Península para izar la bandera de las barras y estrellas sobre un país que ya era un largo valle de lágrimas.

Fue entonces cuando nos metieron en la OTAN, ya en plena democracia según dicen, sin aguiluchos sobre los estandartes pero con los buitres de siempre rondando desde mucho tiempo atrás esta antigua encrucijada de camino a la que llamamos Península Ibérica, que ojalá se convirtiera desde Lisboa a Morón, durante este mes de noviembre, en aquella balsa de piedra que soñó José Saramago, quien ya no puede acompañarnos en la aventura de echar a nadar nuestros mejores sueños.

Y fue entonces también, veinticinco marchas atrás, cuando empezamos a acudir hasta las puertas de la base, ya tocase elecciones o intentos de golpes de Estado, ya prometiesen el cambio o el así sí de la entrada en la Alianza Atlántica.

Nos dijeron por aquellos tiempos que España se desnuclearizaría. Ahora, veinticinco marchas después, seguimos sin saber qué ingenios nucleares cruzan nuestro aire o arriban a estos puertos. Ahora, veinticinco años después, los mismos que pregonaban que habríamos de estar en la OTAN para fabricar la paz, nos quieren hacer creer que la energía nuclear es la más segura de todas las energías.

Nos dijeron entonces que España no entraría en la estructura militar de la OTAN. Habríamos de preguntarnos entonces, por ejemplo, qué hace España y sus soldados en aquella Afganistán en donde en otros momentos Estados Unidos le pagaba a Bin Laden para hacerle la guerra a la Unión Soviética.

Nos ofrecieron promesas como los conquistadores brindan baratijas. Y lo siguieron haciendo con el correr de los años, cuando desde Torrejón y Zaragoza, desde Rota y Morón o Gibraltar, bajo bandera del Reino Unido, se apuntaban las miras telescópicas de las guerras de las galaxias contra Libia o contra Irak, o contra cualquiera que se moviese, fuese un déspota o no lo fuese, de la foto fija del pensamiento único y de la avaricia diversa.

Cambiaban los mapas y cambiaban los bandos, pero nosotros sabemos, veinticinco marchas después, que los arsenales siguen siendo parecidos, sólo que han ido fabricando nuevas y más sofisticadas máquinas para el asesinato colectivo y que han ido perfeccionando sus discursos.

Ahora hablan de exportar democracia en la punta de las bayonetas, cuando tan sólo pretenden exportar negociantes y transnacionales, bancos opulentos que nos arrodillan en la pobreza y que para obtener dividendos no tienen en cuenta los humildes daños colaterales que sufren aquellos que ya no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.

Ahora, hablan de proteger a la mujer como ocurrió en Afganistán, pero diez años después del inicio de aquella contienda con el beneplácito de las Naciones Unidas y tras los atentados del 11 de septiembre, la mujer sigue siendo un blanco fácil, no sólo de las fuerzas de ocupación o de la guerrilla de los talibán, sino en la vida cotidiana, machacadas por tirios y troyanos, humilladas por propios e invasores.

Ahora, hablan de choque de civilizaciones entre el cristianismo y el Islam. ¿Qué podemos hacer entonces aquellos que no comulgamos con ruedas de molino ni creemos que la media luna sea un alfanje ni utilizamos a Yavhé para aniquilar palestinos? ¿Qué tipo de civilización puede creer que para preparar la paz haya que prepararse para la guerra?

A lo largo de veinticinco marchas, hemos venido hasta aquí acompañados por Rafael Alberti o por John Lennon, aunque también lo hemos hecho en otras ocasiones, cuando pensábamos que estaba seriamente en riesgo todo aquello que dicen defender quienes amartillan la pistola de la desconfianza frente a la desnudez del ser humano.

Ahora, volvemos a hacerlo, en un tiempo raramente nuevo, en el que las guerras también se libran sobre el parquet de las bolsas y en las colas del paro, cuando los tanques tienen a veces forma de consejos de administración y en una trinchera o en otra, siempre caen los mismos, los sin nada, los sin vida.

Y cuando ya sabemos y muchos que no lo sabían ya lo saben, que en las bases no amarran los perros con longanizas, y se niegan incluso a negociar convenios con los trabajadores civiles, España debería al menos negarse a negociar el próximo convenio bilateral con Estados Unidos, darle el mismo trato que da el Tío Sam a sus propios empleados.

O cuando se pone sobre el tapete un Expediente de Regulación de Empleo en la Base de Morón, nuestros gobernantes quizá debieran proponer un expediente de regulación de empleo contra sus C-17 Globemaster III o sus Eurofighter Typhoon, para que el supermán del miedo monte sus bases en la Casa Blanca o a la vera del número 10 de Downing Street.

Pero que nadie se engañe. No sólo Estados Unidos y Gran Bretaña son los dueños del Estrecho de Gibraltar ni son los únicos que dejan morir a los ocupantes de una patera frente a estas costas o los que reparan un submarino nuclear a riesgo de una población de miles de personas que ignoran sencillamente qué pueden hacer cuando la radiación llame al timbre de sus casas.

España también es cómplice de esa espiral de tinieblas, de esa violencia que arroja excelente resultados en la balanza de pagos, porque seguimos exportando armas hacia lugares a menudo sin libertad donde la metralla busca cuerpos culpables o inocentes. Y porque, como aquella dictadura que arrendaba su patria al mejor postor, seguimos ofreciendo nuestras pistas de aterrizaje y nuestros muelles a quienes dictan a mano armada una ley basada en los intereses de los mercados y no en la soberanía de los pueblos.

Por eso, desde hace veinticinco marchas, estamos aquí. Y lo seguiremos estando, a veces a puñados y otras en muchedumbre. La paz no se logra en un día pero si no se logra algún día es que el género humano no tendrá sentido.


Los portorriqueños siguen platicando en español, aunque cada vez sea más spanglish, pero España hace mucho que olvidó a Puerto Rico, aquella isla asociada con la de Cuba en el desastre del 98: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, cantaba Pablo Milanés hace un mundo. Y todavía hay un regusto hispano profundo a pesar de la bandera de las barras y estrellas que ondea sobre el palacio del Gobernador en San Juan y que reconoce a la isla como estado libre asociado a los Estados Unidos de Norteamérica.

Pero hay una identidad profunda boricua que alienta en un amplio sector de la población portorriqueña que gusta más de bucear en sus señas personales que obedecer a metrópolis remotas: la que le liaron a un provocado Álvaro Mutis en la Universidad de Río Piedras cuando el escritor colombiano dijo allí que los yanquis tendrían que marcharse de la isla, entre grandes aplausos que se torcieron cuando añadió y que Puerto Rico volviese a la corona española de la que nunca tuvo que separarse.

Allí, en dicho recinto universitario, pasean algunas de las más ilustres sombras de nuestro exilio intelectual, desde Jorge Enjuto a Aurora de Albornoz, pasando por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí cuyos modestos enseres y biblioteca aún se conservan entre dichas paredes.

Por el viejo San Juan con el castillo de San Felipe tan parecido a los baluartes de Cádiz, se cruzan las voces de Jennifer López o de Chayanne con la de Lidya Caro interpretando a San Juan de la Cruz. Y en un caserón derruido de la ciudad histórica los sanjuaneros que se marchan dejan un muñeco de peluche como símbolo del trozo de su alma que permanecerá para siempre entre sus calles. En las últimas semanas, esos muñecos deben haberse multiplicado porque la ciudad y el territorio entero que le rodea están que arden bajo los efectos de una crisis económica devastadora y por la mano de hierro crecientemente despótica de las autoridades locales.

Unos 60 mil puertorriqueños se echaron a las calles de la capital durante el pasado fin de semana. Se trataba de una movilización contra la violencia desplegada por la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) de la Policía, la fuerza de choque del Gobierno de Luis Fortuño en torno al Capitolio isleño durante las manifestaciones del pasado 30 de junio. La acción popular fue, a todas luces, unitaria y llevó a la marcha a representantes de buena parte de las organizaciones estudiantiles, sindicales, políticas, religiosas, ambientalistas, culturales y de otros sectores de la sociedad isleña.

Y es que, para colmo, tras el profundo malestar vivido durante aquella jornada de insurgencia, la ciudadanía contempló indignada como durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox, la versión del suceso ofrecida por el gobernador Fortuño se veía ilustrada por unas imágenes de las manifestaciones vividas recientemente en Grecia y en las que los manifestantes mostraban una actitud violenta que apenas tuvo que ver nada con lo ocurrido en Puerto Rico. Allí, el 30 de junio, las tornas se volvieron y fueron los manifestantes quienes sufrieron una brutal ofensiva policial.

El equívoco en las imágenes fue acompañado por la visión oficial de los hechos que ofrecía el gobernador. Esto es, que los “estudiantes universitarios intentaron interrumpir las operaciones normales del Capitolio” y que se ha ordenado una investigación respecto a aquellos sucesos. También había trabajadores entre los manifestantes que, en principio, tan sólo tenían la intención de llenar las gradas del Senado, algo que permite la Constitución.

El dramaturgo portorriqueño Roberto Ramos-Perea, basándose en los comentarios de más de un centenar de ciudadanos, ha hecho circular por la red una versión bien distinta de aquellos hechos y que es la que sigue:

“Son las 5:00 de la tarde del día 30 de junio de 2010, grupos de estudiantes, profesores y ciudadanos pidieron entrada a la Casa de las Leyes y fueron golpeados y torturados por la Polícia; hay numerosos heridos, mientras se moviliza la Guardia Nacional hacia el Capitolio. Choques violentos se esparcen por toda la zona del Parlamento y las represiones continúan.
Un golpe de estado constitucional acaba de consolidarse en Puerto Rico. Tras un año de que el actual gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP, partido que busca la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos), intentara y lograra exitosamente la toma de varias instituciones que sostienen el gobierno democrático de Puerto Rico, un ambiente de hostilidad seguido por temerarias acciones retadoras de la paz pública, han desembocado en acciones violentas y agresivas del actual gobierno, tanto contra los partidos de oposición, como del movimiento estudiantil organizado, los sindicatos, la prensa, así como de todos los sectores de la sociedad civil puertorriqueña.

Esta toma del control constitucional procede de la Rama Legislativa bajo la autoridad del Senador Lcdo. Thomas Rivera Schatz, apoyada por el gobierno central bajo el mando del Secretario de la Gobernación, el Lcdo. Marcos Rodríguez Ema, con el obvio propósito de tener a su disposición y sin disputa, el control de todos los organismos rectores judiciales, universitarios, económicos y civiles. Ante este panorama, el actual Gobernador, Lcdo. Luis Fortuño, funciona sin voluntad, sin opinión y sin presencia ni responsabilidad pública.
Con el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, el pretendido control de los medios de comunicación, entre muchos otros, se atenta contra la genuina participación del pueblo puertorriqueño en todos los procesos democráticos protegidos por su Carta de Derechos.

Los incidentes comenzaron con el despido de más 20,000 empleados públicos con el pretexto de aliviar el gigantismo gubernamental y resolver el gravísimo déficit fiscal del país. Esta decisión ha provocado el caos económico, ha empeorado la prestación de servicios públicos y ha provocado la desesperanza en todas las familias puertorriqueñas. De la misma forma se instauró una grave persecución contra los institutos artísticos del país, estrangulando sus presupuestos y de esta manera evitar la propagación del arte como disidencia. Mientras el Gobierno favorecía con contratos de cantidades obscenas, a cientos de asesores, contratistas, y cabilderos asociados a su partido.

Continuaron los ataques con el nombramiento al Tribunal Supremo de cuatro Jueces afiliados y militantes al partido del poder logrando con ello la mayoría a favor del gobierno de todas las decisiones que por votación individual se hicieran en ese foro. Luego continuó con la eliminación y represión de la participación estudiantil en los procesos universitarios, la supresión de derechos de exención de matricula de atletas, artistas, entre otros, mientras obligó a los estudiantes de los 11 recintos universitarios del estado a declarar una Huelga que duró 60 días. Los estudiantes en Huelga lograron negociar a través de un tribunal de primera instancia, sin embargo, los referidos compromisos fueron invalidados por el Secretario de la Gobernación quien dijo que los acuerdos “no valen el papel en que están escritos”.

Este hecho precedió a la acción del gobierno central y del Senado de proponer un proyecto de Ley, aprobado en cuestión de horas, para aumentar cuatro miembros más a la Junta de Síndicos. Dichos miembros son incondicionales del partido en el poder. Los estudiantes universitarios de la universidad del estado, cuya vasta mayoría dependen de la beca de estudios federal, se enfrentan a una cuota anual recurrente de $800 dólares. Cuota que no pueden pagar y que se negarán a pagar obligados nuevamente a la consecuente Huelga. De esta manera, la administración central de la UPR arriesga la acreditación de la Universidad y podrá privatizar sus activos. En esta misma dirección, el Gobierno de Puerto Rico venderá los terrenos donde se ubica la zona del llamado “Karso” del Noroeste, que recoge un tercio de los abastos de agua de todo el país, para entregarlo a manos privadas que construirán un expreso de peaje sobre la referida zona, rica ecológicamente.

Pasando por alto muchos otros acontecimientos, el Presupuesto del país fue aprobado, junto con innumerables leyes que favorecen la privatización, la descolegización profesional, así como la repartición de fondos públicos a manos privadas sin tomar en cuenta las necesarias y obligadas vistas públicas de participación ciudadana, y apagando los micrófonos de las bancas del Partido de Oposición de manera despótica.
Los incidentes lograron un punto climático cuando esta pasada semana, el FBI (Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos) arresta por cargos de soborno, venta de influencias y otros a un senador del PNP, el senador Héctor Martínez, mano derecha del Senador Rivera Schatz. Una pugna pública salta a las noticias entre Rivera Schatz y este cuerpo federal castrense, en defensa de la supuesta inocencia del senador Martínez, quien ha sido asociado al narcotráfico y quien fuera grabado en medio de su acto de soborno. Como último de los muchos incidentes de violencia y temeridad del Presidente Senatorial, se censuró mediante la fuerza la entrada de los periodistas a las sesiones del Senado, privando al pueblo puertorriqueño de la discusión que se realizó sobre el presupuesto del país. Los incidentes llegaron a la violencia verbal y física entre senadores, y han elevado la indignación del país a un punto insostenible de ansiedad y rabia.

El Lcdo. Thomas Rivera Schatz ha tomado virtual control del país con sus actitudes tiránicas y fascistas, y no se descarta que desde sus mismas gradas se inicien esta semana procesos de persecución y violencia contra otros sectores del país, apoyados por el Secretario de la Gobernación de Puerto Rico.
Son las 5:00 de la tarde del día 30 de junio de 2010, grupos de estudiantes, profesores y ciudadanos pidieron entrada a la Casa de las Leyes y fueron golpeados y torturados por la Polícia, hay numerosos heridos, mientras se moviliza la Guardia Nacional hacia el Capitolio. Choques violentos se esparcen por toda la zona del Parlamento y las represiones continúan.

Este control de facto del poder político en la Nación Puertorriqueña viola todos los más elementales principios de la democracia y del gobierno participativo, por lo que enteramos al mundo de la actual situación de violencia contenida que existe en nuestro pueblo y que está a punto de estallar contra estos dos políticos que han tomado por asalto el poder del país. Aún cuando en Puerto Rico no existen las condiciones para un levantamiento armado popular por la obvia desigualdad de las fuerzas en pugna, una revolución de afirmación cultural y estudiantil comienza a tomar las calles y a rescatar los espacios robados por los autores de este golpe.

Exhortamos a todos los medios de comunicación del mundo a que den noticia de la actual situación de la Nación Puertorriqueña y solicitamos por ende su completa solidaridad”.

Lo cierto es que Puerto Rico mantiene un elevado índice de desempleo que ronda el 16,6 por ciento de la población sin una economía sumergida que lo palie parcialmente. A pesar de una leve mejoría en los datos del mes de junio, colectivos profesionales como la la Asociación de Economistas de Puerto Rico, que preside Martha Quiñones pone en duda el optimismo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y habla de una fuerte emigración que lleva a que “muchas personas se están yendo del país”.

El gobernador Fortuño recordó el pasado junio que el Índice de Actividad Económica creció en mayo por cuarto mes consecutivo, lo que significaría, según su
interpretación, que Puerto Rico daba sus primeras señales de recuperación. Tras cuatro años de cifras a la baja, “la situación está estancada y no hay cambios”, subrayó Quiñones.”Existen contradicciones en cómo se llevan a cabo las políticas económicas. No se ve la luz al final del túnel”. Su déficit presupuestario sigue estando cercano a los 3.200 millones de dólares. A este paso, como en la añeja canción de Milanés, será definitivamente un ala caída al mar.


Cierto es que el centro de Bogotá parece más apacible y ordenado que hace años cuando soldados armados hasta los dientes vigilaban la puerta de los hoteles de postín. Diez años atrás, la capital de Colombia era un thriller: magnums que desenfundaban a las primeras de cambio clints eastwoods de ocasión, niños que esnifaban pegamentos y meretrices que colocaban sus senos de estanqueras de Fellini sobre el alfeizar de las ventanas del barrio chino que -polvo serán mas polvo enamorado- no distaba mucho de la calle de los marmolistas con su extensa gama de lápidas mortuorias.

Ahora, lo más sorprendente son los camellos de libros, que venden best sellers a dos euros bajo la gabardina, como si los libros primorosamente impresos de extranjis fuera un trasunto del tabaco de estraperlo en nuestra heroica posguerra. Pero ya no hay empresarios que te digan: “Aquí, en Colombia, fíate de los narcos, de los guerrilleros, incluso de los paramilitares. Pero nunca te fíes del ejército ni de la policía”.

Álvaro Uribe parece haber pacificado hasta el barrio de La Candelaria y, con abultada ayuda estadounidense hasta entonces impensable para el nacionalismo colombiano, ha logrado contener el avance de las FARC. Pero, ¿a qué precio? Esa será la pregunta que marque presumiblemente el gobierno de Juan Manuel Santos, que ha heredado por mayoría aplastante la vacante dejada por su mentor, el anterior presidente, en una secuencia que alcanza hasta Andrés Pastrana.

Claro que no sólo ha heredado el trono de Uribe sino la situación espeluznante de un país en donde más del 60 por ciento de la población se sitúa por debajo del nivel de la pobreza –45,5 por ciento sencillamente pobres y 16,4 pobres extremos– y en donde todavía quedan tres millones y medios de desplazados –la plusmarca mundial después de Sudán– que huyen de las distintas facciones armadas, legales o ilegales, que todavía pululan por este país que, desde hace décadas, padece los efectos de una guerra no declarada pero que ha esquilmado, física e intelectualmente, a varias generaciones de colombianos.

Uribe no es buen ejemplo para nadie, a pesar de que el pasado año España le concediera el premio Cortes de Cádiz a la Libertad, lo que hizo sonrojar a más de uno y suscitó la repulsa de numerosas entidades defensoras de los derechos civiles. Si antes de escalar a lo más alto se le relacionó con Pablo Escobar y otros capos, su llegada al poder en 2002 estuvo ligada a sospechas de pucherazo y su trayectoria presidencial parecía trufada de irregularidades, como la connivencia entre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia y los paramilitares de Frente Resistencia Tayrona, Los Doce Apóstoles y Los Erre, en un proceso de guerra sucia que los medios de comunicación del primer mundo nunca alardearon tanto como los excesos de su vecino Hugo Chávez, presidente bolivariano de Venezuela. De hecho, Álvaro Uribe también modificó la Constitución para legitimar su segundo mandato hasta 2010, aunque fracasó a la hora de torcer la ley para forzar un tercer periodo de gobierno.

Por facilitar un dato histórico, habrá que recordar que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirma que en los cuatro primeros años de Gobierno de Uribe fueron asesinados 333 trabajadores sindicalizados. Por no hablar de asesinatos, palizas y campañas de desprestigio a sus opositores. De hecho, un informe de Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sigue calificando como muy alto el grado de impunidad en Colombia. Para ser creíble, Santos debería afrontar una reforma judicial en toda regla.

A Uribe no le gustaban los defensores de derechos humanos a quienes tildó de “politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo”, llegando a acusar a Aministía Internacional de legitimar el terrorismo internacionalmente (sic). Para colmo, un ex paramilitar de Colombia, Salvatore Mancuso, acusó en firme a Álvaro Uribe de haber planeado y dirigido una masacre perpetrada por grupos paramilitares en octubre de 1997, en el departamento de Antioquia, donde entonces Uribe era gobernador.

Santos -hijo de uno de los grandes linajes de la oligarquía colombiana- aparece ahora como el delfín de Uribe. Y lanza soflamas contra la guerrilla que cada vez, por otra parte, tiene menos de movimiento político-militar y que apenas resulta, a los ojos actuales, una simple tropa de supervivientes, desesperados, matarifes y ganapanes, que ha perdido el rumbo en un mundo demasiado complicado para reducirlo al blanco y negro. Pero, ¿no fue el mismísimo Juan Manuel Santos aquel ministro de Defensa que ordenó el ataque de 1 de marzo de 2008 que le costó la vida a 26 guerrilleros de las FARC en pleno territorio de Ecuador? Aquella escaramuza, que logró abatir a Raúl Reyes, el número 2 de la guerrilla, costó una seria crisis con dicho país y con Venezuela, que si ya había congelado sus relaciones políticas, redujo al mínimo exponente el intercambio comercial.

Ahora, Quito reclama toda la documentación relativa a aquel suceso y Santos ha prometido brindársela. Sería una buena forma de empezar de cero. Sobre todo, cuando las cifras de la región están variando en determinados aspectos: las plantaciones y la producción de coca son ahora mayores en territorio ecuatoriano que en Colombia. Aunque el 80 por ciento de las muertes violentas que se producen en este último país, no tiene que ver con esa larga guerra no declarada sino con el narcotráfico y la delincuencia en general, con la sempiterna figura del sicario perenne en el paisaje colombiano.

El nuevo presidente colombiano deberá decidir si se pone los viejos zapatos de Uribe o estrena una nueva forma de hacer política. Quizá la administración Obama le permita hacerlo porque, lo cierto es que, durante la era Bush, Colombia se ha consolidado como un satélite de la política estadounidense en la región. Para Washington es, ahora más que nunca, una base firme frente a la amenaza a sus intereses neocoloniales que supondrían los gobiernos de Venezuela, Bolivia o Ecuador, por poner casos patentes. Desde hace años, con el pretexto de combatir el tráfico de cocaína y de heroína, Estados Unidos ha llenado el país de asesores militares que quizá lo que pretendan es establecer una cabeza de puente contra el bolivarismo que acecha al otro lado de la selva. Malos tiempos para reeditar Vietnam. Pero, ¿Quién sabes? Santos, seguramente Santos. Quizá el nuevo presidente de Colombia sepa al dedillo de qué va todo esto. Y si no, que se lo explique Uribe en el primer ratito libre, en cuanto se lo permita la euforia post-electoral.