Fronteras – Juan José Téllez

Al letrero del Café Hafa se le ha caído la hache. Pero la luna turca rielaba ayer martes sobre el Estrecho de Gibraltar, desde sus terrazas en las afueras de Tánger cuando ya corría como la pólvora que el rey Mohamed VI había nombrado como presidente del Gobierno –esa es la nueva denominación constitucional de los antiguos primeros ministros—a Abdelila Benkiran, el líder del Partido de la Justicia y Desarrollo. Se trata de  una organización islamista que ya acarició la victoria en 2007 tras largos años en los que el majzén marroquí impedía que se presentara por todas las circunscripciones del reino. El pasado viernes 25 de noviembre se hizo, sin embargo, con la victoria en los primeros comicios que Marruecos celebra tras la tan abrumadora como sospechosa aprobación de la nueva Constitución el pasado 2 de julio. Toda una operación de maquillaje democrático por parte de la dinastía alauita que vio como se mojaban las barbas de algunos de sus vecinos y decidió improvisar una reforma política antes de que el movimiento popular 20 de febrero tuviese suficiente fuerza como para moverle el trono.

Elecciones 25 de Noviembre, 2011. Marruecos (AP Photo)

En Marruecos, al contrario que en Túnez o Egipto, todo parece controlado desde el régimen. Quizá porque a Estados Unidos le interese sobremanera su estabilidad como plataforma del futuro Africom, el mando unificado que pretende combatir sobre el terreno a Al Qaeda del Magreb Islámico, para lo que está levantando una formidable base militar en Tan Tan. Pero los jóvenes rebeldes del 20-F no se sienten concernidos por esa reforma ni por las elecciones del viernes: el domingo, recorrían las calles tangerinas y las de otras de las más importantes ciudades del país. Se trataba de una marcha cívica pero segregada, en donde las opciones laicistas desfilaban a cierta distancia de los islamistas de Justicia y Espiritualidad, que tampoco aceptan el nuevo texto de la Constitución porque sigue considerando a Mohamed VI como comendador de los creyentes. Y los autores de la reforma terminaron por incluir dicha prerrogativa coránica a fin de evitar que la pérdida de esa condición empujara a ese grupo del anciano jeque Abdesalam Yassin a radicalizar sus posiciones. No en balde, él no reconoce la autoridad del rey porque su linaje también entronca con el profeta. Y, para colmo, su hija Nadia Yassin ya se definió hace tiempo como islamista pero republicana. Leer más


Marruecos vota en referéndum una Constitución o una Carta Otorgada. Pero vota algo. Y la iniciativa ha partido de la propia Casa Real a partir de las protestas populares y multitudinarias del 20 de febrero y semanas consecutivas. La primavera marroquí tiene forma de urna y eso no es malo. Otra cosa estriba en los contenidos constitucionales acordados por una comisión hecha a la medida del poder marroquí, tanto de Palacio como del omnipresente majzén. No se le pueden pedir peras al olmo.

La campaña previa al referéndum del 1 de julio ha ido adquiriendo intensidad en la medida en que una oposición plural y heterodoxa ha logrado acuñar su mensaje abstencionista en las calles o en la red y los partidos, sindicatos e instituciones partidarias de la reforma constitucional han incrementado sus caravanas, sus mítines de última hora orquestados desde el gobierno civil de las wilayas o sus llamadas al voto que incluso incluyó por primera vez la posibilidad de ejercerlo a través de los establecimientos consulares o incluso en los puertos de Algeciras y de Almería por donde circulan en estos días miles de emigrantes marroquíes en Europa que pretenden pasar sus vacaciones estivales en casa. Incluso los imanes de las mezquitas, en su mayoría controlados por las autoridades salvo algunas llamativas excepciones, aprovecharon los rezos del viernes para llamar a la participación: “Este proyecto incluye todos los beneficios que necesita nuestra sociedad para organizar su vida cotidiana, que seguirá así apegada a los fundamentos religiosos”, predicaron en todas las mezquitas justo una semana antes del referéndum.. La consulta alcanza a 13 millones de personas incluyendo a quienes visten uniformes del Ejército y de las fuerzas de seguridad. El propio Rey anunció que votaría y que votaría sí a un nuevo modelo de Constitución que recorte sensiblemente sus poderes incluso su consideración sagrada, aunque mantenga a través del artículo 19 la condición islámica de Comendador de los Creyentes, algo que para algunos puede suponer incluso un freno para los yihadistas y que para otros importa muy poco, tanto para los integristas radicales violentos o no, como para el resto de la ciudadanía. En rigor, su inviolabilidad legal será similar a la del Rey de España.

La flamante Constitución saldrá adelante sí o sí. Hay dos claves a tener en cuenta: el dato de la abstención y si el recuento será verdaderamente fiable. El clima político se palpa de diferentes formas en el Marruecos rural, cada vez más desértico, y en las ciudades. No ha faltado el apedreamiento de los opositores a manos de esquiroles o partidarios de la reforma propuesta, quizá por aquello de que la letra con sangre entra. En la mayoría de las grandes urbes, bajo un espectacular despliegue policial que teme sin duda atentados como el de la reciente matanza de la Jemaa El Fna en Marraquech, se han convocados movilizaciones a favor y en contra de este proyecto constitucional. Las aulas universitarias o se han vaciado o se han llenado de acciones políticas en su mayoría partidarias de reformas mucho más profundas de las que promueve Mohamed VI, que pretende aproximarse a la monarquía parlamentaria pero nadando y guardando la ropa al mismo tiempo.

¿Cuáles son las líneas maestras de la reforma? Mayor poder para el ejecutivo, que podrá incluso disolver el Parlamento asumiendo facultades que hasta ahora estaban reservadas a la Corona, incrementando también las potestades parlamentarias y fomentando la creación de un Consejo Superior del Poder Judicial, presidido eso sí por el monarca. De los ministerios de soberanía, cuya designación le está reservada gobierne quien gobierne, Mohamed VI sólo se reserva el de Defensa, con el nombramiento directo del ministro y del jefe de los servicios secretos, así como el de Asuntos Religiosos. No se trata de un Estado laico sino que el Islam se prefigura como religión oficial del mismo y aunque el artículo 41 de la nueva Constitución establece que el rey “es el garante de la libertad de la práctica religiosa” y existe libertad de culto, sigue sin recogerse la libertad de conciencia, lo que impide en la práctica que un musulmán pueda cambiar de religión.

El rey tendrá que nombrar como primer ministro al candidato del partido más votado: hasta ahora, podía designar a quien creyese conveniente con independencia de los resultados electorales. Sin embargo, el monarca se reserva la potestad de conocer previamente los acuerdos de gobierno, para sancionarlos antes de que sean ejecutados. Incluyendo, por supuesto, la designación de ministros y altos cargos.

La Constitución acepta que la lengua bereber, el amazigh, sea oficial, apuesta por la diversidad identitaria al aceptar textualmente “el componente hebreo” de la sociedad marroquí y abre una puerta para la creación de una suerte de estado de las autonomías en donde tenga cabida un trato especial para el Sáhara Occidental, pero muy lejos de las reivindicaciones del POLISARIO o del espíritu inicial del acuerdo de paz auspiciado por Naciones Unidas y que reclamaba, a comienzos de los 90, un referéndum de autodeterminación. Esta Carta Otorgada pretende consagrar la igualdad entre hombres y mujeres, así como la protección de los derechos humanos universalmente reconocidos: a pesar de la reforma de la mudawana, todavía queda mucho por hacer en el primero de dichos ámbitos y las denuncias de las ONGs y de los observadores internacionales sobre la violación constante de derechos civiles y humanos en Marruecos daría para llenar varias bibliotecas.

El rey seguirá conservando como Jefe del Estado y al igual que en el caso español la jefatura de los ejércitos y presidirá un Consejo Superior de Seguridad, con presencia del poder legislativo, ejecutivo y judicial, cuya misión estriba textualmente en “gestionar los asuntos de seguridad internos, estructurales e imprevistos”.

Mohamed VI  también seguirá designando a los gobernadores que en teoría dependen del ministerio del Interior cuyas plenas competencias ya se le escaparán a partir de ahora. Esa reserva de poder político es una de las cuestiones que mayores protestas suscita entre la disidencia, en especial dentro del Movimiento 20 de Febrero que teóricamente moviliza a 60.000 personas aunque tampoco sea fácil de contrastar dicha cifra y que califican a esta consulta como una auténtica “mascarada”.¿De qué servirán los cambios si no hay transparencia electoral?, se preguntan. A favor de la abstención, se posiciona  Justicia y Caridad, los integristas radicales cuyo portavoz Fathallah Arsalan insisten en que “la Constitución refuerza las prerrogativas absolutas del rey”. Sin embargo, dicha postura resulta compartida por formaciones que nada guardan relación con el grupo que crease el jeque Yassin. De hecho, el boicot constitucional también forma parte de la agenda política del Congreso Nacional Unificado, el Partido de la Vanguardia Democrática y Social, la Vía Democrática y el Partido de la Izquierda Unificada, así como por el sindicato Confederación Democrática del Trabajo (CDT). A favor del boicot, Tánger vivió espectaculares manifestaciones, cuyos promotores llegan a cifrar en doscientos mil asistentes, muy por encima de las cotas de Casablanca y de otras poblaciones donde durante la jornada del referéndum también se vivieron, según denuncia el movimiento 20 de Febrero, intentos de soborno a los trabajadores para que acudiesen a los colegios electorales.

La oposición convencional acata sin embargo la consulta y la nueva Constitución, desde las distintas formaciones socialistas tradicionales, al partido nacionalista Istiqlal, o el Partido de la Justicia y del Desarrollo, con fuerte presencia en grandes ciudades y que ya fuera creado en tiempos de Hasán II como formación integrista modera para frenar a la semiclandestina organización Justicia y Caridad. Sin embargo, en este proceso muchos ven la mano del joven y cada vez más poderoso Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), liderado por Fuad Ali El Himma, que se presenta como “el amigo del rey” y que logró una clara victoria en las elecciones municipales de 2009, al hacerse con 6.015 concejalías y 1.155.000 votos, alrededor del 18,72 % del total de los sufragios, seguido a gran distancia por el Istiqlal, la Agrupación Nacional de Independientes y la Unión Socialista de Fuerzas Populares.

Atención a El Himma, de apenas 48 años de edad, compañero de aula de Mohamed VI en el Colegio Real, que ha creado un partido de la nada y no sólo ha logrado atomizar a la oposición sino venderse como una formación que, por un lado asume la tradición marroquí de los tecnócratas y notables afines a Palacio, sino que también hereda el espíritu reformista de la UCD española. Con anterioridad a las últimas municipales, dicha formación se alimentó de tránsfugas de distintas formaciones y de unos recursos excepcionales, le presentan como la gran opción de los tecnócratas que no sólo convence al majzén sino a las emergentes clases medias que, en gran medida, también son actores protagonistas de esta reforma constitucional.

Justo la cara opuesta, probablemente a Vía Democrática, un partido minoritario, que se reclama todavía marxista leninista, laico, republicano y que, al menos durante la campaña del referéndum, ha tenido por primera vez la posibilidad de acceder a espacios televisivos pero de escasa duración aunque su relevancia haya sido optimizada a través de la red. Via Democrática, de hecho, reclama “la elección de una Asamblea constituyente para la elaboración de una Constitución democrática que reencarna la voluntad del pueblo marroquí como autoridad soberana y fuente de todos los poderes, que rompa con el actual régimen autoritario y unipersonal”, así como 2el desmantelamiento y la disolución de todos los aparatos de represión responsables de crímenes políticos y el enjuiciamiento de sus autores”, que desde luego, hoy no toca. Como tampoco toca otra de sus reivindicaciones, la del “procesamiento de todos los responsables de delitos económicos relacionados con la corrupción, expolio y saqueo de las riquezas del país, así como la confiscación de todos sus bienes y propiedades”.

Tan lento a la hora de ir afrontando las reformas que anunciara diez años atrás cuando llegó al trono, Mohamed VI ha sido especialmente rápido en anunciar el cambio constitucional, crear a dedo una comisión que la redacte sin ningún tipo de participación de la sociedad civil y auspiciar una brevísima campaña previa a la consulta, apenas diez días para difundir el contenido de 180 artículos a una población que registra todavía niveles de analfabetismo próximos al 50 por ciento.

Cualquiera que sepa leer sabrá que, a pesar de algunas reformas de cierta importancia, el Rey seguirá siendo algo más que un árbitro y un garante de las libertades en Marruecos.


Café de Marrakech donde tuvo lugar el atentado (AP)

Desde las terrazas del café Argana, en Marrakech la Roja, podía contemplarse la Edad Media. Una turbamulta de ruidos y colores en el mismo lugar donde James Stewart y Doris Day asistieron al asesinato de un fulano que conocían en una de las primeras secuencias de “El hombre que sabía demasiado”, de Alfred Hitchcock. Allá, la muchedumbre de turistas todavía se cruza con los narradores de cuentos, los malabaristas con su propio circo a cuestas, los gnauas que mueven su borlón no muy lejos de donde un viejo apunta una vieja salmodia andalusí, los faquires que encantan serpientes al compás de la zanfoña, los vendedores de humo o los fabricantes de zumos que alinean la fruta con la precisión cartesiana de los ingenieros y la vocación de belleza de los artistas.

Es la Jemaa El Fna: la plaza del fin del mundo como algunos traducen dicha expresión árabe que identifica a este confín que era el último mercado de la civilización, patrimonio de la Humanidad según la Unesco. Allí, el jueves, un tipo pidió un zumo de naranja antes de inmolarse en la cocina, a mayor gloria de un dios que quizá no le perdone nunca y arrastrando a su paraíso sin huríes a casi una veintena de personas, en su mayoría infieles.

Hasta que se desvele la autoría del atentado, todo apunta a que se trata de un artefacto hasta cierto punto casero, una bomba de clavos y de acero con un poder mortífero redoblado por la proximidad de los hornos. ¿Estamos ante un yihadista solitario o un eslabón más de la franquicia Al Qaeda Magreb Islámico, a veces identificada en occidente por el acrónimo AQMI? Las primeras manifestaciones de los ministros del Interior, Taib Cherkaui, y de Justicia, Mohamed Naciri, hacen pensar, sin embargo, en “un acto criminal organizado”.

Ojalá que las autoridades marroquíes, empeñadas ahora en una reforma constitucional cuyo alcance final aún se desconoce, no cometan el mismo error que en mayo de 2003, después de la cadena de atentados en Casablanca, que costaron 45 vidas en el Hotel Farah, en la Casa de España, en un restaurante italiano, en la Alianza Israelí o en un cementerio judío. En aquel entonces, no menos de dos mil personas fueron víctimas de una redada generalizada que tan sólo fue eficaz a efectos de la represión indiscriminada pero que no contribuyó al esclarecimiento de los hechos. Ahora, desde el primer instante, no han faltado voces que vincularan el atentado del jueves con la reciente liberación de presos islamistas en un indulto parcial que siguió a las movilizaciones en pro de avances democráticos que llevó a cabo el Movimiento 20 de febrero, tanto el día que le da nombre como el pasado 20 de marzo.

Ya en 2003, se abrió un debate en Marruecos respecto a la conveniencia política de ilegalizar al Partido Justicia y Desarrollo, una organización islamista radical que muchos creen auspiciada en la sombra, en su día, por el propio Hasán II, a varios efectos. De un lado, frenar el avance de Justicia y Espiritualidad, el grupo integrista marroquí que lidera el jeque Yasin y su hija Nadia y que sigue siendo enormemente popular en los suburbios del país ya que auxilia a los desahuciados mucho más que las instituciones oficiales. Y de otro evitar que Marruecos importase organizaciones de esta índole de países enemigos como Argelia: ya en agosto de 1994, hubo otro atentado en Marrakech, cuando varios hombres armados irrumpieron en el vestíbulo del hotel Atlas Asni y acabaron con la vida de un grupo de turistas, en el que hubo dos españoles. Aunque se condenó por dicha acción a varios inmigrantes marroquíes en Francia  que formarían parte del grupo Kelkal, muchos observadores creyeron ver un cierto apoyo por parte del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, una organización surgida a raíz del golpe de Estado que evitó la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación (FIS) en Argelia, y que luego sirvió como germen para la gestación de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).

Lo mejor que puede hacer las fuerzas policiales y la justicia marroquí es hacer bien su trabajo ya que en anteriores ocasiones las prisas –que no son buenas consejeras—precipitaron detenciones de supuestos terroristas sin prueba alguna a juicio de organizaciones humanitarias que entendieron que se vulneraban derechos procesales básicos como el necesario ejercicio de la defensa.

Mohamed VI, a partir de su discurso del pasado mes de marzo, parece apuntar en su línea de reformas que enunció diez años atrás cuando, a comienzos de su reinado, se presentó ante la opinión pública como “el rey de los pobres”. Su propia desgana o las presiones del majzén –el aparato administrativo que tradicionalmente viene ejerciendo el poder en Marruecos más allá de los partidos políticos–, coartó dicha tendencia y le convirtió en una caricatura de sí mismo, Su Majeskí, más propenso al boato que a la justicia. Ahora, con la reforma constitucional que puede suponer que, por primera vez desde la independencia de 1956, el monarca no se reserve los ministerios de soberanía –esto es, Interior, Defensa y Asuntos Exteriores—así como la designación del primer ministro, sea cual sea el resultado electoral.

Hace una semana, un importante miembro del Istiqlal, situado en el ala izquierda de este influyente partido nacionalista, me confesaba que la reforma constitucional era baladí sino se acompañaba de un mayor compromiso para evitar las abismales diferencias sociales que sigue padeciendo Marruecos. Justo el pasado martes, el Gobierno de Rabat anunciaba un incremento de salarios y de prestaciones sociales, como una medida de acompañamiento a las polémicas excarcelaciones y a la constitución del grupo que va a reformar la Constitución y que ya lleva trabajando en ello más de un mes.

Sabido es que la democracia no gusta demasiado en ciertos círculos islamistas –también es un error generalizar esta creencia–, pero tampoco es del agrado de sectores ultraconservadores marroquíes que quizá empiecen ahora a ver como se tambalean sus históricos privilegios. Marruecos, por otra parte, sigue siendo uno de los países más estables del norte de Africa, una región convulsa en la que permanece casi como un oasis en ese efecto dominó de las revueltas que desde comienzos de año se vienen viviendo desde Túnez a Egipto. Así que tampoco es de extrañar que Al Qaeda juegue sus bases en ese territorio desde donde también partieron los autores materiales de los atentados del 11 M en Atocha. Justo el año en que se conmemorará el décimo aniversario de los atentados de Nueva York y Washington, este siniestro ajedrez sigue en marcha. Mientras el yihadmismo capta adeptos en humildes barrios de Tetuán y de Casa –en el barrio de Sidi Manen estalló un cibercafé cuatro años atrás–, Estados Unidos también prosigue la construcción de la base de Tan Tan desde donde desplegar su nuevo sistema operativo contra Al Qaeda. La guerra, como ya sabe bien Marrakech la Roja, está servida.


Cualquiera que comprobase las cifras que habitualmente trascienden sobre la economía marroquí, la primera impresión que tendría es la de que aún no resultan fiables. Cualquier análisis sobre la realidad de Marruecos a comienzos del siglo XXI choca, de entrada, con la inexistencia de un censo riguroso que permita comprobar, por ejemplo, el alcance de la diáspora emigrante o el del éxodo del ámbito rural a las grandes ciudades, cargadas de suburbios laberínticos en donde no existe padrón o es un disparate. Lo mismo cabe inferir de los cálculos sobre el desempleo, sobre la renta media de las familias o sobre la fiscalización de un país en donde empieza a aflorar una tímida burguesía entre una apabullante mayoría en la miseria –eso que antaño se llamara lumpen proletariado—y una oligarquía ajena por lo común a lo que ocurre en los barrios bajos.

En tales circunstancias cabría preguntarse por qué no estalla Marruecos a imagen y semejanza de otros países del norte de África. La explicación habría que buscarla en varios frentes: en primer lugar, habrá que considerar la dimensión religiosa que tiene Mohamed VI como rey de la dinastía alauita y comendador de los creyentes. Esta última función, le saca automáticamente de la melé política en un país profundamente islámico, aunque no sea tan propenso a los excesos integristas de su vecina Argelia. Con el rey, se puede bromear –le llamaron Su Majeski por su propensión a los deportes náuticos–, se puede cuestionar su riqueza y sus tramas familiares cuando se vendió inicialmente su imagen como la del “monarca de los pobres”, pero se le salva in extremis el trono y se culpa de la lentitud de las reformas al majzén, ese cúmulo de tenebrosos intereses y personalidades que alberga la administración, el ejército, la justicia y otros poderes fácticos del país.

Es cierto que tras heredar el reino de su padre, Hasán II, el joven monarca apuntó algunas iniciativas novedosas, parte de las cuales se tradujeron a la realidad cuando procedió a una notable reforma de la mudawana, el código de familia, que a partir de entonces ampara mucho más que nunca a viudas o a divorciadas. Fue incapaz eso sí de intentar poner freno a la escalada de la pobreza, una trinchera de la vida cotidiana en la que a veces se encuentra solo, como último clavo ardiendo, el voluntariado de Justicia y Espiritualidad, la organización fundamentalista del jeque Yasín, que aunque no puede legalmente concurrir a las elecciones, su presencia resulta imprescindible en los pueblos jóvenes que rodean a las grandes áreas urbanas y, desde sus mezquitas, se procura ayuda alimenticia y de cualquier otro tipo, para los desposeídos que cada vez confían más en ellos que en otras fundaciones relativamente públicas y auspiciadas por Palacio.

Mohamed VI y el actual Gobierno marroquí han logrado convencer a los habitantes del país que su principal propósito es conquistar el sueño de la integridad territorial de su reino, consolidando sobre todo sus posiciones sobre el antiguo Sáhara español y reivindicando, con mayor denuedo cada vez, sus derechos sobre Ceuta y Melilla, negados insistentemente por la diplomacia española, e incluso sobre Canarias.

Ese quizá fue uno de los errores cometidos por los promotores del llamado Movimiento 20 de febrero, que convocaron sus protestas inicialmente para el día 27, justo cuando el Polisario conmemoraba el trigésimo quinto aniversario de la creación de la República Arabe Saharaui Democrática, tras la Marcha Verde marroquí. A Rabat le faltó tiempo para azuzar el espantajo del independentismo saharaui como motor de las movilizaciones.

Estas se llevaron a cabo en diversos lugares del país, sin excesos violentos salvo en Alhucemas, donde varias personas murieron en un extraño incendio en la sucursal bancaria que supuestamente saqueaban. Al régimen le vino como anillo al dedo y desautorizó las protestas en su conjunto, a pesar de que, en general, fueron pacíficas, reivindicaban cambios moderados y una profundización en las libertades y garantías democráticas, especialmente en el aparato de la justicia. Nadie pedía la cabeza del monarca, ni la revolución islamista, aunque hubiese organizaciones presentes en las manifestaciones que tampoco le harían ascos a una y a otra opción. La represión policial fue considerable tanto durante dicha jornada como durante la siguiente. El primer fin de semana de marzo, cuando se esperaban nuevos incidentes, la tensión se rebajó en todos los aspectos y la normalidad volvió al país en espera del anunciado discurso del rey.

Marruecos, en su conjunto, sigue confiando en que la historia es lineal y avanza siempre hacia un mundo de progreso. Ese es el mensaje que intenta transmitir y aglutinar el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), el llamado Partido del Rey, que dio el campanazo en las elecciones municipales de 2009 y que se posiciona como una alternativa de nuevo cuño frente a los partidos tradicionales, principalmente el Istiqlal y el mosaico socialista, por no hablar del Partido Justicia y Desarrollo, el único integrismo tolerado pero que se vio seriamente en entredicho tras la fuerte campaña en su contra que siguió a los atentados de Casablanca de mayo de 2003. El PAM viene a ser, salvadas las distancias, algo así como una UCD a la marroquí, una organización reformista pero moderada.

Los marroquíes, a tenor de su progresiva implantación, parecen confiar antes en un Gobierno que le aproxime a la Unión Europea, más allá de los acuerdos puntuales y del trato preferente al que aspira con independencia de sus excesos represivos en el Sáhara o en el interior de su propio país, con prisiones atestadas y una criminalización del islamismo, con independencia que sea o no sea violento, que siga las consignas de Al Qaeda o se aparte llamativamente de ellas.

El pueblo marroquí, a primera vista, aspira al sueño del bienestar europeo, sin descuidar sus propias tradiciones y en una constante línea de ascensión social. Podría trazarse un cierto paralelismo con la España de los años 60, la del desarrollo tecnocrático, la que pasó de las alpargatas al 600. Sin embargo, no es así. Ni las deslocalizaciones, ni los salarios ni el consumo avanzan al mismo ritmo. Ese podría ser el mayor hándicap que aceche a nuestros vecinos del sur. Que se cansen de esperar que el maná de la democracia y del progreso les baje del cielo o de un palacio y quieran reivindicarlo con mayor ímpetu, con mayor impaciencia, con desesperación. Pero hoy no toca. Todavía. En Marruecos, la revolución puede esperar.


Nayem Gareh

La diplomacia marroquí lleva veinte años intentando recabar apoyos a su visión del contencioso saharaui. Y se los ha cargado de un plumazo al asesinar a Nayem Gareh, un adolescente de tan sólo 14 años de edad. El trágico suceso del pasado 24 de octubre podría haberse explicado como un grave error, procediendo a dilucidar responsabilidades y a encausar a los gendarmes o a los militares que hubieran realizado los disparos sobre el automóvil en el que viajaban. Pero lejos de cualquier intento de arrojar luz y taquígrafos sobre el

particular, tardó cuarenta y ocho horas en ingeniar una coartada: un Nissan Patrol cargado de armas, decían, un delincuente habitual al volante, otros cinco heridos de gravedad, etcétera, etcétera.

Para colmo, a su familia no sólo le robaron su vida sino el derecho a enterrarle. Lo hicieron sus propios asesinos, en un lugar ignorado, sin duda para que su sepelio no se convirtiera en una nueva manifestación de protesta que sumar a ese campamento de Agdaym Izik, a las puertas de El Aaiún, donde ya veinte mil almas bajo ocho mil lonas exigen justicia sin que hasta ahora hayan ondeado sobre sus lonas banderas independentistas de la República Arabe Saharahui Democrática sino simples demandas de igualdad, migajas de tierra, perspectivas de futuro.

Apenas unas horas después de su asesinato, el muchacho fue enterrado con nocturnidad y alevosía. Eso sí, para guardar las formas, al padre medio ciego le llevaron a una remota oficina para que firmara un documento que no pudo leer porque es analfabeto. A cambio de 13.500 euros, renunciaba a cualquier tipo de acción legal contra los gobernantes. La ignorancia es barata y la arrogancia, repugnante.

Hamdi Lembarki

Hamdi Lembarki

En el caso de Nayem Gareh, llueve sobre mojado en el desierto. Cinco años atrás, Hamdi Lembarki fue asesinado a manos de dos policías que inicialmente fueron detenidos y condenados a diez años de prisión por el tribunal de Segunda Instancia en El Aaiun, una pena que fue rebajada a dos años al apelar, por lo que salieron de inmediato en libertad, siendo incorporados al servicio de inmediato.

Ahora, todo indica que ocurrirá lo mismo. La impunidad no es la mejor forma de consolidar un Estado de derecho, formula a la que Marruecos lleva aspirando sin éxito desde que Hassán II adhirió a su país a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apenas unos años antes de su muerte.

Las balas que acabaron con la vida de Nayem Gareh también han rebotado contra la enésima intentona de desbloquear el proceso de paz, pendiente de un referéndum de autodeterminación que debiera haber tenido lugar en 1993 pero que todavía no se ha convocado. Durante el mes de noviembre que ahora comienza, si la autoridad lo permite y el tiempo no lo impide, marroquíes y polisarios volverán a encontrarse, por tercera vez, en una conferencia promovida en esta ocasión por Christopher Ross, el representante en la zona del Secretario General de la ONU, quien dos semanas atrás recorrió la región para convencer a las partes involucradas de incorporarse de nuevo a una ronda de negociaciones.

El asesinato del niño no fue inocente, pero quizá tampoco fuera casual. Tal vez a alguien le interese que su sangre derramada impida que las personas de buena voluntad, de un lado y otro del conflicto, puedan sentarse a la misma mesa. Tal vez el crimen pretendía que el Frente Polisario rompiera la baraja y no lo ha hecho. Sigue jugando sus cartas y ojalá la historia le reserve, por fin, una buena mano.


Aunque la crisis haya frenado el entusiasmo de muchas familias de acogida, los niños saharauis ya están aquí. Llevan un par de semanas en España, el país que les colonizó, que les abandonó a su suerte mientras el dictador Francisco Franco expiraba, y que sigue arrastrando tanta mala conciencia como falta de firmeza en el contencioso que enfrenta a Marruecos con la República Arabe Saharaui Democrática, en torno a un territorio ocupado por Rabat desde la Marcha Verde que siguió a los controvertidos acuerdos tripartitos de Madrid, puestos en cuestión por la asesoría jurídica del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Tras derrotar a Mauritania en 1979, el Frente Polisario fue capaz de echarle un pulso al gigante militar marroquí, que bombardeó a su población con napalm y fósforo blanco, utilizando para ello armamento exportado por diversos países, entre quienes volvía a figurar España. El armisticio llegaría en 1991, con la firma de un alto el fuego auspiciado por la ONU y supeditado a la convocatoria de un referéndum que habría de celebrarse al año siguiente. No hubo tal. Marruecos apeló y su convocatoria se demoró sine die a partir de diversos pretextos, especialmente el del censo: a estas alturas de la película y de la historia, ¿cuántos saharauis quedarán de aquel último censo español sobre el que ambas partes parecían estar inicialmente de acuerdo aunque discrepen en el porcentaje ulterior de añadidos a dicho balance demográfico?

Desde entonces, se han sucedido incumplimientos de acuerdos supranacionales, como los de Houston de 1997, ya que el proceso de identificación de votantes quedó en suspenso y la consulta sobre la autodeterminación sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Tampoco han faltado traiciones pagadas a buen precio por Rabat. Y deserciones en las filas saharauis, desgastadas por tan larga espera.

Casi veinte años después de la paz, lo cierto es que Marruecos mantiene un control férreo sobre los territorios bajo su dominio: prueba de ello es la represión sobre Aminnetou Haidar y los activistas que mantienen las tesis del Polisario. De hecho, en 2009 la Eurocámara expresó su preocupación ante la ONU por el deterioro de la situación de los derechos humanos en la región. Expresamente se refirió a los derechos de “libertad de expresión, asociación, manifestación y comunicación”. El Parlamento Europeo, en dicha resolución, añade además que la justicia marroquí de la zona está sesgada por la presión de protección del dominio.

El Gobierno de la RASD, por su parte, también controla hasta donde puede a la población que lleva dos décadas en el arenal de Tinduf y en los territorios ocupados, a un lado del muro que les separa de su memoria y de su genética, esperando el regreso a El Aaiún o a Dajla, a Bojador, a Esmara o al Río de Oro, las zonas de aquella antigua y remota provincia española. Pero, ¿cómo no hacerlo cuando la estabilidad de ese Estado en la hamada es tan frágil que sigue necesitando de la ayuda argelina o de la cooperación exterior?.

Para superar el estancamiento del proceso de paz, las Naciones Unidas designaron
a James Baker como Enviado Personal del Secretario General de las Naciones
Unidas para el Sahara Occidental que, en 2003, presentó un nuevo plan avalado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de su Resolución 1495. Nuevamente, Marruecos mareó la perdiz y propuso una amplia autonomía del Sáhara Occidental, siempre y cuando quedara bajo su soberanía. A pesar del rechazo del Polisario y de numerosos países, lo cierto es que la posición marroquí ha ido ganando adeptos, sobre todo a partir de que su importancia estratégica como aliado de Occidente haya ido creciendo en una región, la del Magreb, minada cada vez más por Al-Qaeda.

Sin embargo, si tan buena voluntad tiene Marruecos a la hora de otorgar la autonomía a dicho territorio, ¿por qué no lo hace sin contrapartidas? Sería todo un gesto que haría aumentar la escasa confianza que despierta en este aspecto concreto de su política interior y exterior. Y es que, desde la independencia, Marruecos está obsesionado con la unificación de su país en base a fronteras más legendarias que históricas. Y, desde luego, sus objetivos inmediatos pasan por mantener su control sobre el Sáhara y ampliarlo a Ceuta, a Melilla y a los pequeños peñones e islotes del Estrecho, como puso de manifiesto el célebre y absurdo por ambas partes incidente de El Perejil, durante la última etapa del mandato de José María Aznar en La Moncloa.

A comienzos de julio, falleció  Mahfud Ali Beiba, miembro del Secretariado Nacional y presidente del Consejo Nacional saharaui, esto es, su Parlamento. Desde 1997, cuando se firmaron los últimos fallidos acuerdos, venia encabezando la delegación Saharaui en las negociaciones con la parte Marroquí en el marco de las Naciones Unidas. ¿Seguirá habiendo contactos? Cada vez más débiles, eso sí.

El Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, se llama Christopher Ross y durante su último y reciente encuentro con Miguel Angel Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores, recibió el pleno apoyo a su gestión por parte de la diplomacia española, últimamente tímida en este aspecto. La postura oficial de nuestro país pasa por “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

Algo es algo, aunque siga sin existir reconocimiento oficial por parte de España a la RASD. Y no va a haberlo. Lo único que se pone en valor es la nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que con el número 1920 fue adoptada el
pasado 30 de abril de 2010 y que renovó el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). Más de lo mismo. Largas cambiadas.

Francia, el primer socio comercial de Marruecos, lo tiene claro. A comienzos de julio, el primer ministro francés, François Fillon, en presencia de su homologo marroquí Abás El Fasi, respaldó la propuesta de autonomía como “la base más pertinente para salir del estancamiento” actual de este conflicto. Ya el presidente Nicolás Sarkozy se había expresado en el mismo sentido. Lo sorprende es lo que añadió El Fasi a renglón seguido: “Muchos países han optado por esa solución, entre ellos España”. ¿Desde cuándo? Durante los últimos años, aunque sea con la boca chica, al igual que Estados Unidos. Hoy por hoy, el peor enemigo que tiene Marruecos en este contencioso es su propio orgullo y prepotencia. Los excesos marroquíes tanto en materia de derechos humanos como su intransigencia en las rondas de negociación de Manhasset y Armonk están provocando cierto recelo en la administración de Obama, aunque todo parezca, a primera vista, discurrir como la seda.

La última jugada al respecto ha sido el plácet del Consejo de Ministros al nuevo embajador marroquí en España. Su nombre es Ould Souilem y es precisamente un saharaui de Dajla, que sustituye en el cargo a Omar Aziman, depuesto a raíz de la crisis bilateral que motivó la la expulsión de Aminatou Haidar, a finales del pasado año. El nuevo embajador es hijo de Abdalá Ould Souilem antiguo alcalde de Villa Cisneros y procurador en las cortes franquistas, pero que se unió al Frente Polisario en 1975 y a lo largo de más de tres décadas desempeñó altas responsabilidades en la RASD, siendo embajador en varios países de América Latina, África y Asia, encargado de las relaciones con las comunidades saharauis en Mauritania y en los últimos años encargado de relaciones con los países árabes, con rango de consejero de la presidencia. Su designación se produjo meses después de que desertase de la RASD y se entregara a la causa marroquí. Está visto que Rabat sí paga traidores.