Fronteras – Juan José Téllez

Al letrero del Café Hafa se le ha caído la hache. Pero la luna turca rielaba ayer martes sobre el Estrecho de Gibraltar, desde sus terrazas en las afueras de Tánger cuando ya corría como la pólvora que el rey Mohamed VI había nombrado como presidente del Gobierno –esa es la nueva denominación constitucional de los antiguos primeros ministros—a Abdelila Benkiran, el líder del Partido de la Justicia y Desarrollo. Se trata de  una organización islamista que ya acarició la victoria en 2007 tras largos años en los que el majzén marroquí impedía que se presentara por todas las circunscripciones del reino. El pasado viernes 25 de noviembre se hizo, sin embargo, con la victoria en los primeros comicios que Marruecos celebra tras la tan abrumadora como sospechosa aprobación de la nueva Constitución el pasado 2 de julio. Toda una operación de maquillaje democrático por parte de la dinastía alauita que vio como se mojaban las barbas de algunos de sus vecinos y decidió improvisar una reforma política antes de que el movimiento popular 20 de febrero tuviese suficiente fuerza como para moverle el trono.

Elecciones 25 de Noviembre, 2011. Marruecos (AP Photo)

En Marruecos, al contrario que en Túnez o Egipto, todo parece controlado desde el régimen. Quizá porque a Estados Unidos le interese sobremanera su estabilidad como plataforma del futuro Africom, el mando unificado que pretende combatir sobre el terreno a Al Qaeda del Magreb Islámico, para lo que está levantando una formidable base militar en Tan Tan. Pero los jóvenes rebeldes del 20-F no se sienten concernidos por esa reforma ni por las elecciones del viernes: el domingo, recorrían las calles tangerinas y las de otras de las más importantes ciudades del país. Se trataba de una marcha cívica pero segregada, en donde las opciones laicistas desfilaban a cierta distancia de los islamistas de Justicia y Espiritualidad, que tampoco aceptan el nuevo texto de la Constitución porque sigue considerando a Mohamed VI como comendador de los creyentes. Y los autores de la reforma terminaron por incluir dicha prerrogativa coránica a fin de evitar que la pérdida de esa condición empujara a ese grupo del anciano jeque Abdesalam Yassin a radicalizar sus posiciones. No en balde, él no reconoce la autoridad del rey porque su linaje también entronca con el profeta. Y, para colmo, su hija Nadia Yassin ya se definió hace tiempo como islamista pero republicana. Leer más


Marruecos vota en referéndum una Constitución o una Carta Otorgada. Pero vota algo. Y la iniciativa ha partido de la propia Casa Real a partir de las protestas populares y multitudinarias del 20 de febrero y semanas consecutivas. La primavera marroquí tiene forma de urna y eso no es malo. Otra cosa estriba en los contenidos constitucionales acordados por una comisión hecha a la medida del poder marroquí, tanto de Palacio como del omnipresente majzén. No se le pueden pedir peras al olmo.

La campaña previa al referéndum del 1 de julio ha ido adquiriendo intensidad en la medida en que una oposición plural y heterodoxa ha logrado acuñar su mensaje abstencionista en las calles o en la red y los partidos, sindicatos e instituciones partidarias de la reforma constitucional han incrementado sus caravanas, sus mítines de última hora orquestados desde el gobierno civil de las wilayas o sus llamadas al voto que incluso incluyó por primera vez la posibilidad de ejercerlo a través de los establecimientos consulares o incluso en los puertos de Algeciras y de Almería por donde circulan en estos días miles de emigrantes marroquíes en Europa que pretenden pasar sus vacaciones estivales en casa. Incluso los imanes de las mezquitas, en su mayoría controlados por las autoridades salvo algunas llamativas excepciones, aprovecharon los rezos del viernes para llamar a la participación: “Este proyecto incluye todos los beneficios que necesita nuestra sociedad para organizar su vida cotidiana, que seguirá así apegada a los fundamentos religiosos”, predicaron en todas las mezquitas justo una semana antes del referéndum.. La consulta alcanza a 13 millones de personas incluyendo a quienes visten uniformes del Ejército y de las fuerzas de seguridad. El propio Rey anunció que votaría y que votaría sí a un nuevo modelo de Constitución que recorte sensiblemente sus poderes incluso su consideración sagrada, aunque mantenga a través del artículo 19 la condición islámica de Comendador de los Creyentes, algo que para algunos puede suponer incluso un freno para los yihadistas y que para otros importa muy poco, tanto para los integristas radicales violentos o no, como para el resto de la ciudadanía. En rigor, su inviolabilidad legal será similar a la del Rey de España.

La flamante Constitución saldrá adelante sí o sí. Hay dos claves a tener en cuenta: el dato de la abstención y si el recuento será verdaderamente fiable. El clima político se palpa de diferentes formas en el Marruecos rural, cada vez más desértico, y en las ciudades. No ha faltado el apedreamiento de los opositores a manos de esquiroles o partidarios de la reforma propuesta, quizá por aquello de que la letra con sangre entra. En la mayoría de las grandes urbes, bajo un espectacular despliegue policial que teme sin duda atentados como el de la reciente matanza de la Jemaa El Fna en Marraquech, se han convocados movilizaciones a favor y en contra de este proyecto constitucional. Las aulas universitarias o se han vaciado o se han llenado de acciones políticas en su mayoría partidarias de reformas mucho más profundas de las que promueve Mohamed VI, que pretende aproximarse a la monarquía parlamentaria pero nadando y guardando la ropa al mismo tiempo.

¿Cuáles son las líneas maestras de la reforma? Mayor poder para el ejecutivo, que podrá incluso disolver el Parlamento asumiendo facultades que hasta ahora estaban reservadas a la Corona, incrementando también las potestades parlamentarias y fomentando la creación de un Consejo Superior del Poder Judicial, presidido eso sí por el monarca. De los ministerios de soberanía, cuya designación le está reservada gobierne quien gobierne, Mohamed VI sólo se reserva el de Defensa, con el nombramiento directo del ministro y del jefe de los servicios secretos, así como el de Asuntos Religiosos. No se trata de un Estado laico sino que el Islam se prefigura como religión oficial del mismo y aunque el artículo 41 de la nueva Constitución establece que el rey “es el garante de la libertad de la práctica religiosa” y existe libertad de culto, sigue sin recogerse la libertad de conciencia, lo que impide en la práctica que un musulmán pueda cambiar de religión.

El rey tendrá que nombrar como primer ministro al candidato del partido más votado: hasta ahora, podía designar a quien creyese conveniente con independencia de los resultados electorales. Sin embargo, el monarca se reserva la potestad de conocer previamente los acuerdos de gobierno, para sancionarlos antes de que sean ejecutados. Incluyendo, por supuesto, la designación de ministros y altos cargos.

La Constitución acepta que la lengua bereber, el amazigh, sea oficial, apuesta por la diversidad identitaria al aceptar textualmente “el componente hebreo” de la sociedad marroquí y abre una puerta para la creación de una suerte de estado de las autonomías en donde tenga cabida un trato especial para el Sáhara Occidental, pero muy lejos de las reivindicaciones del POLISARIO o del espíritu inicial del acuerdo de paz auspiciado por Naciones Unidas y que reclamaba, a comienzos de los 90, un referéndum de autodeterminación. Esta Carta Otorgada pretende consagrar la igualdad entre hombres y mujeres, así como la protección de los derechos humanos universalmente reconocidos: a pesar de la reforma de la mudawana, todavía queda mucho por hacer en el primero de dichos ámbitos y las denuncias de las ONGs y de los observadores internacionales sobre la violación constante de derechos civiles y humanos en Marruecos daría para llenar varias bibliotecas.

El rey seguirá conservando como Jefe del Estado y al igual que en el caso español la jefatura de los ejércitos y presidirá un Consejo Superior de Seguridad, con presencia del poder legislativo, ejecutivo y judicial, cuya misión estriba textualmente en “gestionar los asuntos de seguridad internos, estructurales e imprevistos”.

Mohamed VI  también seguirá designando a los gobernadores que en teoría dependen del ministerio del Interior cuyas plenas competencias ya se le escaparán a partir de ahora. Esa reserva de poder político es una de las cuestiones que mayores protestas suscita entre la disidencia, en especial dentro del Movimiento 20 de Febrero que teóricamente moviliza a 60.000 personas aunque tampoco sea fácil de contrastar dicha cifra y que califican a esta consulta como una auténtica “mascarada”.¿De qué servirán los cambios si no hay transparencia electoral?, se preguntan. A favor de la abstención, se posiciona  Justicia y Caridad, los integristas radicales cuyo portavoz Fathallah Arsalan insisten en que “la Constitución refuerza las prerrogativas absolutas del rey”. Sin embargo, dicha postura resulta compartida por formaciones que nada guardan relación con el grupo que crease el jeque Yassin. De hecho, el boicot constitucional también forma parte de la agenda política del Congreso Nacional Unificado, el Partido de la Vanguardia Democrática y Social, la Vía Democrática y el Partido de la Izquierda Unificada, así como por el sindicato Confederación Democrática del Trabajo (CDT). A favor del boicot, Tánger vivió espectaculares manifestaciones, cuyos promotores llegan a cifrar en doscientos mil asistentes, muy por encima de las cotas de Casablanca y de otras poblaciones donde durante la jornada del referéndum también se vivieron, según denuncia el movimiento 20 de Febrero, intentos de soborno a los trabajadores para que acudiesen a los colegios electorales.

La oposición convencional acata sin embargo la consulta y la nueva Constitución, desde las distintas formaciones socialistas tradicionales, al partido nacionalista Istiqlal, o el Partido de la Justicia y del Desarrollo, con fuerte presencia en grandes ciudades y que ya fuera creado en tiempos de Hasán II como formación integrista modera para frenar a la semiclandestina organización Justicia y Caridad. Sin embargo, en este proceso muchos ven la mano del joven y cada vez más poderoso Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), liderado por Fuad Ali El Himma, que se presenta como “el amigo del rey” y que logró una clara victoria en las elecciones municipales de 2009, al hacerse con 6.015 concejalías y 1.155.000 votos, alrededor del 18,72 % del total de los sufragios, seguido a gran distancia por el Istiqlal, la Agrupación Nacional de Independientes y la Unión Socialista de Fuerzas Populares.

Atención a El Himma, de apenas 48 años de edad, compañero de aula de Mohamed VI en el Colegio Real, que ha creado un partido de la nada y no sólo ha logrado atomizar a la oposición sino venderse como una formación que, por un lado asume la tradición marroquí de los tecnócratas y notables afines a Palacio, sino que también hereda el espíritu reformista de la UCD española. Con anterioridad a las últimas municipales, dicha formación se alimentó de tránsfugas de distintas formaciones y de unos recursos excepcionales, le presentan como la gran opción de los tecnócratas que no sólo convence al majzén sino a las emergentes clases medias que, en gran medida, también son actores protagonistas de esta reforma constitucional.

Justo la cara opuesta, probablemente a Vía Democrática, un partido minoritario, que se reclama todavía marxista leninista, laico, republicano y que, al menos durante la campaña del referéndum, ha tenido por primera vez la posibilidad de acceder a espacios televisivos pero de escasa duración aunque su relevancia haya sido optimizada a través de la red. Via Democrática, de hecho, reclama “la elección de una Asamblea constituyente para la elaboración de una Constitución democrática que reencarna la voluntad del pueblo marroquí como autoridad soberana y fuente de todos los poderes, que rompa con el actual régimen autoritario y unipersonal”, así como 2el desmantelamiento y la disolución de todos los aparatos de represión responsables de crímenes políticos y el enjuiciamiento de sus autores”, que desde luego, hoy no toca. Como tampoco toca otra de sus reivindicaciones, la del “procesamiento de todos los responsables de delitos económicos relacionados con la corrupción, expolio y saqueo de las riquezas del país, así como la confiscación de todos sus bienes y propiedades”.

Tan lento a la hora de ir afrontando las reformas que anunciara diez años atrás cuando llegó al trono, Mohamed VI ha sido especialmente rápido en anunciar el cambio constitucional, crear a dedo una comisión que la redacte sin ningún tipo de participación de la sociedad civil y auspiciar una brevísima campaña previa a la consulta, apenas diez días para difundir el contenido de 180 artículos a una población que registra todavía niveles de analfabetismo próximos al 50 por ciento.

Cualquiera que sepa leer sabrá que, a pesar de algunas reformas de cierta importancia, el Rey seguirá siendo algo más que un árbitro y un garante de las libertades en Marruecos.


Confirmado: la zona de exclusión aérea de Libia, avalada por la resolución 1973 de Naciones Unidas, se está convirtiendo en un pretexto formidable para derrocar al impresentable coronel Muamar El Gadafi por parte de las potencias que apoyan este despliegue, en una maniobra de injerencia que dejará malparada tanto al régimen de Trípoli como a quienes seguimos confiando a duras penas en la ONU. Ya no se trata de establecer un pasillo para evitar una masacre, sino que se intenta que uno de los bandos en liza machaque al otro. Y que gane la facción que, hoy por hoy, podría favorecer a los intereses occidentales, esto es, la de los rebeldes entre quienes quizá se cuentan algunos de los que han recibido entrenamiento y fondos de la CIA desde la crisis del Golfo de Sirte, en los años ochenta. Claro que, paradojas de la vida, hasta esa turbamulta del Consejo Nacional de Transición, podría llegar la blanca mano de nieve de Al Qaeda.

En esa formidable ceremonia de la confusión, se decía que el papel de las bases de Rota y Morón iba a ser secundario y que se iba a limitar al soporte logístico a las unidades aeronavales que participan en la Operación Odisea al Amanecer. Pero desde hace unos días tenemos definitivamente claro que el flanco sur de la Península y, en especial, la provincia de Cádiz vuelve a estar abiertamente en guerra, no sólo por los dispositivos bélicos de ambos enclaves sino por la utilización de la base de Gibraltar con estos mismos fines.

El Peñón ya no sólo da cobijo a unidades de la Royal Navy sino de la US Navy, la marina norteamericana, una práctica habitual que según los oráculos de Wikileaks el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó modificar para que no se reprodujeran escándalos similares al de la insólita reparación del submarino nuclear británico HMS Tireless en el puerto del Peñón, entre mayo de 2000 y mayo de 2001.

Hace unos días, el submarino estadounidense USS Florida, que participa desde hace varias semanas en este operativo contra Libia, efectuó una escala para avituallarse en la Roca. Submarino de propulsión nuclear como el “Tireless”, dicen que no lleva armamento atómico. Habría que comprobarlo. En cualquier caso, sus misiles Tomahawk son de aúpa. Qué tiempos aquellos cuando, durante la crisis del golfo de Sirte en los 80, se decía que los misiles de Libia podían llegar a Gibraltar o a Rota. Y al resto de quienes les rodeamos.

Desde que, hace diez años, zarpara el “Tireless” –Incansable sería su traducción al español aunque los gaditanos le llamaban el Jartible–,  en Gibraltar han atracado 32 submarinos británicos y estadounidenses de propulsión nuclear. Los ha contado Verdemar. Al contrario que a comienzos de esta escalofriante década los socialistas, ahora, protestan con la boca chica. Pero poco.

En la operación Odisea al Amanecer, las bases de Rota y de Morón están sirviendo de puente con las bases que están llevando el peso de la operación, como son las italianas de Sigonella (en Sicilia), Decimomannuo (Cerdeña) o la de Aviano (al norte de Italia y que pasa por ser la sede de la fuerza aérea norteamericana en Europa), aunque también está interviniendo activamente la base de Malta.

El Gobierno español, sin embargo, se aprestó a ofrecer las instalaciones de Rota y Morón como enclaves auxiliares para este dispositivo. Por lo que sabemos hasta la fecha, están operando en funciones de soporte logístico, con un creciente trasiego de aviones Galaxy, los formidables aparatos de transporte que usa el Ejército norteamericano. Pero también han hecho escala en Rota y en Morón una treintena de tanqueros KC-10 –que no sólo cumplen con misiones de reabastecimiento sino que su enorme bodega puede servir para transportar pallets a gran distancia—así como algunas unidades Boeing dotadas con el sistema de vigilancia Awacs (acrónimo, en inglés, de sistema de aerotransporte de advertencia y control), con su típica bóveda superior que alberga un radar y que suelen utilizarse para la coordinación de ataques aéreos.

A todo ello, cabe sumar las propias unidades españolas, como los Harrier de la Novena Escuadrilla de Aeronaves adscrita al portaaviones Príncipe de Asturias, que tiene base en Rota y que se encuentra activada desde la incorporación de los aliados a esta insólita contienda. Desde allí partió en las primeras horas de la Operación la Fragata Méndez Núñez que, junto con el submarino Tramontana, suponen hasta ahora las mayores aportaciones de unidades bélicas españolas en el área de conflicto, junto con varios cazas F-18, un CN-235 de patrulla marítima y un Boeing 707 de reabastecimiento en vuelo. El sumergible, con base en Cartagena, partió desde El Ferrol pero fue en Rota donde se aprovisionó. En esta última dársena, permanecen atracadas las unidades del Grupo de Acción Naval 2, con el Príncipe de Asturias, y el grupo de buque de asalto Galicia y Castilla, así como varias fragatas de la clase Santa María.

La base de Gibraltar cumple con similares misiones pero se encuentra operada fundamentalmente por unidades de la Royal Navy y de la Royal Air Force, ambas adscritas a las fuerzas armadas británicas. Sin embargo, la presencia del USS Florida confirma que Estados Unidos utiliza indistintamente esta base y la de Rota para el reabastecimiento y soporte logístico de sus unidades.

El USS Florida SSGN-728 porta misiles crucero tipo Tomahawk (TLAM), sin ojivas nucleares pero de gran poder de destrucción. Pero sigue siendo un submarino de propulsión nuclear. Junto a sus gemelos USS Ohio, USS Michigan y USS Georgia fueron botados como SSBN, submarinos nucleares portadores de misiles balísticos. En 2002 iniciaron el proceso de conversión a SSGN, es decir, submarinos nucleares portadores  de misiles guiados. Dicha modificación implicó que 22 de los 24 tubos que
albergaban los misiles balísticos Trident se modificaran para portar 7 tubos de lanzamiento vertical (VLS) de misiles de crucero Tomahawk cada uno de ellos, lo que permite la capacidad de transportar hasta 154 misiles. Los dos tubos restantes se habilitaron para permitir la entrada y salida a superficie de comandos especiales tipo Navy SEALS.

Pero no es el único submarino nuclear estadounidense que ha recalado en Gibraltar durante esta operación militar. A finales de marzo, ya lo hizo el USS Providence, armado también con ese mismo tipo de misiles y que opera en el grupo naval del portaaviones USS Enterprise. Si Verdemar, asociación adscrita a Ecologistas en Acción, calcula que cada año atracan entre 3 o 4 sumergibles atómicos en Gibraltar, durante 2011 nos vamos a salir de cuentas.

Lo curioso es que, según ha trascendido a partir de los informes de Wikileaks, España intentó a partir de 2006 que la Armada de Estados Unidos dejara de utilizar Gibraltar para operaciones de reavituallamiento, a fin de que no se reprodujera la alarma social que, cinco años antes, había motivado el chapucero arreglo de una avería en los canales de refrigeración del reactor nuclear del “Tireless”.

“El malestar social podría evitarse sencillamente desplazando los buques a Cádiz. Las visitas serían más discretas y evitarían polémicas innecesarias”, sugirió por entonces José Pons, director general de Exteriores para Europa y América del Norte, ante el embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre. Esto es, no se pretendía tanto proteger a la población civil sino que esta no se enterase del riesgo que corría ante el trasiego de este tipo de sumergibles. Como los propios ecologistas reconocen, es mucho más complejo detectar la presencia de submarinos de esta índole en Rota que en Gibraltar, ya que las instalaciones portuarias del Peñón son visibles desde distintos puntos geográficos.

Estados Unidos, sin embargo, se limitó a marear la perdiz ante la sugerencia española. Tras el escándalo de los vuelos secretos de la CIA, España había regulado exhaustivamente la utilización de su espacio aéreo, pero también había establecido cautelas en cuanto a su entorno marítimo, al tiempo que exigía información sobre las operaciones que llevaban a unidades extranjeras hasta nuestros puertos: “EE UU ha tomado nota sobre la preferencia de España para que los submarinos de propulsión nuclear fondeen en Rota en vez de en Gibraltar. Pero si el Gobierno se extralimita al solicitar información, Gibraltar volverá a convertirse en la alternativa más atractiva”, fue, según Wikileaks, la respuesta del embajador Aguirre a las peticiones españolas.

A pesar de ello, un telegrama enviado el 3 de julio de 2008 y que recoge el material secreto difundido por Wikileaks, venía a revelar que el 93% de los buques con bandera estadounidense atraca en puertos españoles y sólo el 7% utiliza las instalaciones de Gibraltar aunque el Gobierno británico es mucho más flexible a la hora de conceder autorizaciones de atraque.

“La base de nuestra política exterior será agradecer a España su disponibilidad portuaria, solidarizarnos con las preocupaciones nacionales y ser inflexibles a la hora de defender nuestro derecho a visitar Gibraltar”, sostenía Aguirre como líneas maestras de su posición diplomática. Y así sigue siendo. Estados Unidos no cuenta con dos bases sino con tres en esta compleja encrucijada del mundo.


Perogrullo escribe recto con renglones torcidos. Tiene sobrada razón el consejo de la Liga Árabe al solicitar a la ONU la convocatoria de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para resolver la imposición de una zona de exclusión aérea sobre la Franja de Gaza a fin de proteger a los civiles de los ataques de la aviación israelí. O sea, se trata del mismo supuesto que decidió la imposición de la zona de exclusión sobre Libia, que supuso la práctica aniquilación de la aviación tribal que permanecía leal al coronel Gadafi y que limitó seriamente las acciones de guerra aunque no pudo evitar que hubiera nuevamente víctimas civiles bajo fuego amigo, enemigo o medio pensionista.

Unas mujeres palestinas se protegen del gas lacrimógeno disparado por las tropas israelíes durante unos enfrentamientos en Awarta, cerce del West Bank de Nablus, el domingo 10 de abril. (Nasser Ishtayeh / AP)

Muchos de quienes aplaudimos dicha decisión del Consejo de Seguridad, temíamos que la resolución fuera utilizada como coartada para una invasión terrestre que, por fortuna, hasta ahora no se ha producido aunque todos los indicios apuntan a que la acción militar ha excedido considerablemente lo previsto. Pero también algunos de quienes aceptamos dicha solución, por más que prefiriésemos otras vías diplomáticas y no violentas que no parecían viables, recordamos que esa misma zona de exclusión podría haber evitado más de mil cuatrocientas muertes palestinas durante el desarrollo de la Operación Plomo Fundido sobre la franja de Gaza a partir de diciembre de 2009.

Otra veintena de víctimas mortales llevan la firma de la aviación israelí en esa misma zona, en represalia por los ataques con cohetes lanzados desde la Franja y que ocasionaron diversos impactos al otro lado del muro, como el obús antitanque que hizo blanco contra un autobús escolar hiriendo de gravedad a un adolescente israelí. ¿Por qué no entra Naciones Unidas a mediar de esa forma en este conflicto tal como ocurre en el otro? ¿O por qué no actúa del mismo modo en Bahréin?

Quienes intentamos defender a la ONU de su progresivo descrédito, solemos entender que dicha institución es lo único que nos separa de la ley de la selva. Pero para consolidar su poder de árbitro sobre el nuevo orden mundial, debe intentar responder a una cierta coherencia que evite su paulatino desprestigio.

El texto aprobado por el Consejo árabe celebrado en El Cairo durante el pasado fin de semana condenó, por ello, el “doble rasero” ante el contencioso palestino-israelí y demandó al Consejo de Seguridad y al Cuarteto de Madrid -Estados Unidos, Unión Europea, ONU y Rusia- que asuman sus responsabilidades y detengan la “agresión y continuas masacres” de Israel. Además, de otros brindis al sol, como la pretensión de que se juzgue a todos los criminales de guerra israelíes, un supuesto ante el que la comunidad internacional se encoge de hombros desde hace mucho.

No parece viable que el Consejo de Seguridad, en el que Israel y sus lobbies gozan de un formidable poder de persuasión, apruebe siquiera una zona de exclusión similar a la de Libia. ¿Quién iba a desarrollar la misión, una OTAN igualmente sometida a los deseos de sus aliados de Tel Aviv, o una Europa que todavía confunde al igual que la propaganda sionista la vergüenza por el holocausto con la aceptación sumisa del expansionismo de Israel? Aquí, al más pintado nos quieren apuntar a un bombardeo: de repente, en la guerra mediática que nos aflige, reclamar el fin del bloqueo de Gaza significa apoyar al grupo terrorista Hamás, un reduccionismo idiota que recientemente pude sufrir en mis propias carnes a raiz de apoyar la segunda expedición marítima Rumbo a Gaza que tendrá lugar esta primavera.

Cierto es que Gaza no es un paraíso, que abundan las divisiones sociales, que hay un sector privilegiado y diversas organizaciones que, más allá de la política, intentan sacar provecho entre las ruinas de ese formidable campo de concentración a cielo abierto. ¿Qué opción les queda? Que hay integristas, claro. ¿No los hay, acaso, en Israel? Probablemente, en el seno de Hamás –que ganó las últimas elecciones por cierto– sigue existiendo un amplio sector que pretenda medidas contundentes contra Israel; lo mismo que en algunos tea parties del Likud, dicho sea de paso. ¿Que hay corrupción en Al Fatah? ¿No la hay en los partidos democráticos de medio mundo? ¿Por qué se le exige a los machacados palestinos un plus añadido de calidad democrática respecto al resto del mundo?

No parece tampoco probable a corto plazo que se levante el bloqueo sobre la Franja y se proceda a la apertura de los pasos fronterizos actualmente cegados. Pero esta nueva fase de hostilidades se viene produciendo en la región justo cuando el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha promovido una iniciativa política que busca terminar con la división política entre su propio partido, Al Fatah, que controla Cisjordania, y el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, que ostenta el poder en la Franja de Gaza. Y es que lo que parece ser el propósito último de estas acciones estriba en acabar con dicho gobierno al precio que sea, aunque haya otros mil cuatrocientos muertos sin zona de exclusión que intente protegerles.

Estoy convencido de que, con el mismo aplomo que reivindicó la soberanía de Gibraltar durante la reciente visita del Príncipe Carlos a España, el príncipe Felipe demandará durante su viaje a Israel una solución pacífica al conflicto. O, al menos, que los muertos no los pongan los de siempre: la población civil de uno y de otro signo, que no suelen tener representante alguno en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.


Otra vez nos han tomado el pelo. A Naciones Unidas y a todos los ciudadanos que aplaudimos la imposición de una zona de exclusión aérea sobre Libia y nos encontramos de la noche a la mañana con una guerra en toda regla que va más allá de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el pasado 17 de marzo y que, a grandes rasgos, decidía “establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia a fin de ayudar a proteger a los civiles”, autorizando tan sólo los vuelos humanitarios. Se dejaba bien claro que se autorizaba “a tomar todas las medidas necesarias” a fin de “proteger a los civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Árabe Libia, incluida Bengasi, aunque excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio”.

¿Entre “todas las medidas necesarias” figura, acaso, esa toma de partido a favor de los rebeldes que parece haber adoptado la fuerza aliada que lleva a cabo las operaciones y cuyo mando acaba de ser asumido por la OTAN? Cierto es que la resolución permitía derribar aviones libios si estos persistían en atacar a la población civil. Y que incluía, por supuesto, el embargo de armas y la necesidad de establecer mecanismos para que Gadafi dejara de contratar mercenarios que atacasen a su propio pueblo. Sin embargo, lo que está hoy por hoy sobre la mesa es un ataque masivo y un apoyo explícito al derrocamiento del excéntrico coronel a quien la resolución 1970 adoptada el pasado 26 de febrero por el mismo Consejo de Seguridad, ponía en manos del Tribunal de la Haya, al tiempo que se condenaban activos de empresas, propiedades y bancos vinculados al dictador.

Entre los precedentes de estas medidas suele citarse como en 1991, EEUU, Reino Unido y Francia acordaron, por si cuenta y riesgo, sin una resolución de la ONU, la creación de una zona de exclusión aérea en Irak, por encima del paralelo 36, para defender al pueblo kurdo y en el contexto de la primera guerra del Golfo. En años sucesivos, la zona se ampliaría ilegalmente aunque sin sanción alguna por debajo del paralelo 32 y alcanzó finalmente al paralelo 33, en un carísimo dispositivo que se mantuvo en vigor en algunos casos hasta 2003, cuando se llevó a cabo la actual guerra que a su vez conllevó la caída y muerte de Sadam Hussein, sin que Naciones Unidas moviera un dedo a pesar de que ninguna resolución amparaba específicamente tales actuaciones.

En cambio, Naciones Unidas estableció en 1992, a través de la resolución 781 del Consejo de Seguridad, la prohibición del tráfico aéreo militar en Bosnia-Herzegovina, lo que sin embargo no evitó el terrible asedio a Sarajevo o la célebre matanza de civiles en Srebrenica. Hizo falta nuevas resoluciones del Consejo –786 y 816—para ampliar el operativo a medida que las hostilidades proseguían. Y, de hecho, la zona de exclusión duró tres años, hasta la firma de los acuerdos de Dayton que pusieron fin al conflicto.

¿Por qué ahora los aliados, incluyendo a España, no fuerzan la máquina para una nueva resolución que les ampare? Todos los indicios apuntan a que se está aprovechando la resolución 1973 como coartada y que lo que está en presencia es una clara toma de partido hacia los rebeldes –una amalgama de fuerzas que convergen en el rechazo a las prácticas despóticas de Gadafi pero que no presentan un frente cohesionado ni un mismo proyecto de futuro–, lo que suscita el rechazo de numerosos países árabes, incluidos aquellos que hasta ahora no han conocido revueltas internas como las que vienen sacudiendo a la región desde el pasado año.

Naciones Unidas hasta ahora excluye explícitamente la actuación de una fuerza terrestre, pero esa hipótesis no deja de barajarse y provoca un lógico temor a una colonización occidental similar a la que se ha llevado a cabo en Irak, afectando curiosamente a dos países cuyos líderes –el extinto Sadam Hussein y el contumaz Gadafi cuya caza y captura tampoco ha autorizado el Consejo de Seguridad—mantenían serias diferencias con Al Qaeda.

El 17 de marzo, en su 6498ª Sesión, el Consejo de Seguridad venía a satisfacer las expectativas de muchos que creíamos que, de nuevo, la ONU estaba tardando en actuar frente a una matanza de civiles. Ahora, mucho nos tememos que dicho organismo que sigue siendo nuestra última esperanza blanca ante los excesos particulares de los más fuertes del planeta, va a volver a ser el hazmerreir de la historia. Tras acabar literalmente con la aviación del régimen libio, ¿nuestras unidades aéreas –también las españolas—no tendrían que limitarse a vuelos de rutina sobre dicho espacio?

A todos, empezando por el Consejo de Seguridad a tenor de aquella Resolución, nos aflige el “deterioro de la situación en el país, la escalada de violencia y el elevado número de víctimas civiles”. Sin embargo, ir más allá de su letra y de su música supondría una clara injerencia que desestabilizaría aún más esa zona especialmente sensible del planeta y dejaría desautorizado nuevamente a Ban ki Moon, que tuvo que implicarse personalmente en esta resolución, y a todos quienes seguimos creyendo en el célebre edificio de la primera avenida a la altura de la calle 46 de Nueva York.

Cierto es que la resolución deplora tanto las “detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los casos de tortura y las ejecuciones sumarias”, así como “los actos de violencia e intimidación cometidos por las autoridades libias contra periodistas”, pero también la utilización de fuerzas mercenarias –sobre todo, soldados de fortuna procedentes de países situados más allá del desierto–. Sin embargo, uno de los epígrafes del acuerdo desautoriza el “uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio”. Era algo más que un guiño a la comunidad árabe y su vulneración, cada vez más próxima a la luz de los últimos acontecimientos, exigiría al menos una nueva resolución de Naciones Unidas que difícilmente aceptarían China y Rusia, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad.

Una nueva ilegalidad internacional en Oriente Próximo, que vendría a sumarse a las frecuentes irregularidades del Estado de Israel y a la invasión ilegal de Irak, sólo serviría como un nuevo y formidable pretexto para multiplicar el espectro del yihadismo en sus diferentes versiones. En cualquier caso, los aliados difícilmente podrían escudarse para ello en la polémica modificación del párrafo 11 de la resolución 1970 sobre el embargo de armas que autoriza a los estados miembros a que, “actuando a título nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos nacionales, y a fin de garantizar la estricta aplicación del embargo de armas establecido en los párrafos 9 y 10 de la resolución 1970, inspecciones en su territorio, incluidos los puertos y aeropuertos, y en alta mar, los buques y las aeronaves con origen o destino en la Jamhiriya Árabe Libia, si el Estado en cuestión tiene información que ofrezca motivos razonables para creer que la carga contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación, estén prohibidos”. La modificación de la resolución anterior incluye “el suministro de personal mercenario armado”, lo que compromete seriamente a las posiciones de Argelia y Siria, también zarandeadas por revueltas internas y que aceptaron servir como puente para la contratación de fuerzas mercenarias y armas por parte de Tripoli. Al mismo tiempo, Naciones Unidas exhortaba “a todos los Estados del pabellón de estos buques y aeronaves a cooperar con estas inspecciones, y autoriza a los Estados Miembros a aplicar toda medida acorde con las circunstancias concretas para realizar esas inspecciones”. Sin embargo, nada se habla de inspecciones sobre el territorio libio que pudieran camuflar operaciones militares de distinta catadura.

Claro que Gadafi, cuyo ministro de Exteriores Musa Kusa anunció un inmediato alto el fuego, siguió bombardeando Bengasi y ello provocó el ataque sobre su aviación, hasta aniquilarla durante la pasada semana. También el ataque de las fuerzas aliadas habría aniquilado a numerosos civiles, a los que en principio pretendía proteger. Daños colaterales, según la jerga de los especialistas en Defensa. Tampoco estaban previstos por la Resolución 1973.

Quizá, visto lo visto, a estas alturas de la película, la OTAN tendría que limitarse a mantener una especie de guardería aérea que impidiera nuevas matanzas. Y dejar la guerra y los pozos de petróleo en manos de los libios. O, en cualquier caso, de los cascos azules.


Cualquiera que comprobase las cifras que habitualmente trascienden sobre la economía marroquí, la primera impresión que tendría es la de que aún no resultan fiables. Cualquier análisis sobre la realidad de Marruecos a comienzos del siglo XXI choca, de entrada, con la inexistencia de un censo riguroso que permita comprobar, por ejemplo, el alcance de la diáspora emigrante o el del éxodo del ámbito rural a las grandes ciudades, cargadas de suburbios laberínticos en donde no existe padrón o es un disparate. Lo mismo cabe inferir de los cálculos sobre el desempleo, sobre la renta media de las familias o sobre la fiscalización de un país en donde empieza a aflorar una tímida burguesía entre una apabullante mayoría en la miseria –eso que antaño se llamara lumpen proletariado—y una oligarquía ajena por lo común a lo que ocurre en los barrios bajos.

En tales circunstancias cabría preguntarse por qué no estalla Marruecos a imagen y semejanza de otros países del norte de África. La explicación habría que buscarla en varios frentes: en primer lugar, habrá que considerar la dimensión religiosa que tiene Mohamed VI como rey de la dinastía alauita y comendador de los creyentes. Esta última función, le saca automáticamente de la melé política en un país profundamente islámico, aunque no sea tan propenso a los excesos integristas de su vecina Argelia. Con el rey, se puede bromear –le llamaron Su Majeski por su propensión a los deportes náuticos–, se puede cuestionar su riqueza y sus tramas familiares cuando se vendió inicialmente su imagen como la del “monarca de los pobres”, pero se le salva in extremis el trono y se culpa de la lentitud de las reformas al majzén, ese cúmulo de tenebrosos intereses y personalidades que alberga la administración, el ejército, la justicia y otros poderes fácticos del país.

Es cierto que tras heredar el reino de su padre, Hasán II, el joven monarca apuntó algunas iniciativas novedosas, parte de las cuales se tradujeron a la realidad cuando procedió a una notable reforma de la mudawana, el código de familia, que a partir de entonces ampara mucho más que nunca a viudas o a divorciadas. Fue incapaz eso sí de intentar poner freno a la escalada de la pobreza, una trinchera de la vida cotidiana en la que a veces se encuentra solo, como último clavo ardiendo, el voluntariado de Justicia y Espiritualidad, la organización fundamentalista del jeque Yasín, que aunque no puede legalmente concurrir a las elecciones, su presencia resulta imprescindible en los pueblos jóvenes que rodean a las grandes áreas urbanas y, desde sus mezquitas, se procura ayuda alimenticia y de cualquier otro tipo, para los desposeídos que cada vez confían más en ellos que en otras fundaciones relativamente públicas y auspiciadas por Palacio.

Mohamed VI y el actual Gobierno marroquí han logrado convencer a los habitantes del país que su principal propósito es conquistar el sueño de la integridad territorial de su reino, consolidando sobre todo sus posiciones sobre el antiguo Sáhara español y reivindicando, con mayor denuedo cada vez, sus derechos sobre Ceuta y Melilla, negados insistentemente por la diplomacia española, e incluso sobre Canarias.

Ese quizá fue uno de los errores cometidos por los promotores del llamado Movimiento 20 de febrero, que convocaron sus protestas inicialmente para el día 27, justo cuando el Polisario conmemoraba el trigésimo quinto aniversario de la creación de la República Arabe Saharaui Democrática, tras la Marcha Verde marroquí. A Rabat le faltó tiempo para azuzar el espantajo del independentismo saharaui como motor de las movilizaciones.

Estas se llevaron a cabo en diversos lugares del país, sin excesos violentos salvo en Alhucemas, donde varias personas murieron en un extraño incendio en la sucursal bancaria que supuestamente saqueaban. Al régimen le vino como anillo al dedo y desautorizó las protestas en su conjunto, a pesar de que, en general, fueron pacíficas, reivindicaban cambios moderados y una profundización en las libertades y garantías democráticas, especialmente en el aparato de la justicia. Nadie pedía la cabeza del monarca, ni la revolución islamista, aunque hubiese organizaciones presentes en las manifestaciones que tampoco le harían ascos a una y a otra opción. La represión policial fue considerable tanto durante dicha jornada como durante la siguiente. El primer fin de semana de marzo, cuando se esperaban nuevos incidentes, la tensión se rebajó en todos los aspectos y la normalidad volvió al país en espera del anunciado discurso del rey.

Marruecos, en su conjunto, sigue confiando en que la historia es lineal y avanza siempre hacia un mundo de progreso. Ese es el mensaje que intenta transmitir y aglutinar el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), el llamado Partido del Rey, que dio el campanazo en las elecciones municipales de 2009 y que se posiciona como una alternativa de nuevo cuño frente a los partidos tradicionales, principalmente el Istiqlal y el mosaico socialista, por no hablar del Partido Justicia y Desarrollo, el único integrismo tolerado pero que se vio seriamente en entredicho tras la fuerte campaña en su contra que siguió a los atentados de Casablanca de mayo de 2003. El PAM viene a ser, salvadas las distancias, algo así como una UCD a la marroquí, una organización reformista pero moderada.

Los marroquíes, a tenor de su progresiva implantación, parecen confiar antes en un Gobierno que le aproxime a la Unión Europea, más allá de los acuerdos puntuales y del trato preferente al que aspira con independencia de sus excesos represivos en el Sáhara o en el interior de su propio país, con prisiones atestadas y una criminalización del islamismo, con independencia que sea o no sea violento, que siga las consignas de Al Qaeda o se aparte llamativamente de ellas.

El pueblo marroquí, a primera vista, aspira al sueño del bienestar europeo, sin descuidar sus propias tradiciones y en una constante línea de ascensión social. Podría trazarse un cierto paralelismo con la España de los años 60, la del desarrollo tecnocrático, la que pasó de las alpargatas al 600. Sin embargo, no es así. Ni las deslocalizaciones, ni los salarios ni el consumo avanzan al mismo ritmo. Ese podría ser el mayor hándicap que aceche a nuestros vecinos del sur. Que se cansen de esperar que el maná de la democracia y del progreso les baje del cielo o de un palacio y quieran reivindicarlo con mayor ímpetu, con mayor impaciencia, con desesperación. Pero hoy no toca. Todavía. En Marruecos, la revolución puede esperar.