Fronteras – Juan José Téllez

Nayem Gareh

La diplomacia marroquí lleva veinte años intentando recabar apoyos a su visión del contencioso saharaui. Y se los ha cargado de un plumazo al asesinar a Nayem Gareh, un adolescente de tan sólo 14 años de edad. El trágico suceso del pasado 24 de octubre podría haberse explicado como un grave error, procediendo a dilucidar responsabilidades y a encausar a los gendarmes o a los militares que hubieran realizado los disparos sobre el automóvil en el que viajaban. Pero lejos de cualquier intento de arrojar luz y taquígrafos sobre el

particular, tardó cuarenta y ocho horas en ingeniar una coartada: un Nissan Patrol cargado de armas, decían, un delincuente habitual al volante, otros cinco heridos de gravedad, etcétera, etcétera.

Para colmo, a su familia no sólo le robaron su vida sino el derecho a enterrarle. Lo hicieron sus propios asesinos, en un lugar ignorado, sin duda para que su sepelio no se convirtiera en una nueva manifestación de protesta que sumar a ese campamento de Agdaym Izik, a las puertas de El Aaiún, donde ya veinte mil almas bajo ocho mil lonas exigen justicia sin que hasta ahora hayan ondeado sobre sus lonas banderas independentistas de la República Arabe Saharahui Democrática sino simples demandas de igualdad, migajas de tierra, perspectivas de futuro.

Apenas unas horas después de su asesinato, el muchacho fue enterrado con nocturnidad y alevosía. Eso sí, para guardar las formas, al padre medio ciego le llevaron a una remota oficina para que firmara un documento que no pudo leer porque es analfabeto. A cambio de 13.500 euros, renunciaba a cualquier tipo de acción legal contra los gobernantes. La ignorancia es barata y la arrogancia, repugnante.

Hamdi Lembarki

Hamdi Lembarki

En el caso de Nayem Gareh, llueve sobre mojado en el desierto. Cinco años atrás, Hamdi Lembarki fue asesinado a manos de dos policías que inicialmente fueron detenidos y condenados a diez años de prisión por el tribunal de Segunda Instancia en El Aaiun, una pena que fue rebajada a dos años al apelar, por lo que salieron de inmediato en libertad, siendo incorporados al servicio de inmediato.

Ahora, todo indica que ocurrirá lo mismo. La impunidad no es la mejor forma de consolidar un Estado de derecho, formula a la que Marruecos lleva aspirando sin éxito desde que Hassán II adhirió a su país a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apenas unos años antes de su muerte.

Las balas que acabaron con la vida de Nayem Gareh también han rebotado contra la enésima intentona de desbloquear el proceso de paz, pendiente de un referéndum de autodeterminación que debiera haber tenido lugar en 1993 pero que todavía no se ha convocado. Durante el mes de noviembre que ahora comienza, si la autoridad lo permite y el tiempo no lo impide, marroquíes y polisarios volverán a encontrarse, por tercera vez, en una conferencia promovida en esta ocasión por Christopher Ross, el representante en la zona del Secretario General de la ONU, quien dos semanas atrás recorrió la región para convencer a las partes involucradas de incorporarse de nuevo a una ronda de negociaciones.

El asesinato del niño no fue inocente, pero quizá tampoco fuera casual. Tal vez a alguien le interese que su sangre derramada impida que las personas de buena voluntad, de un lado y otro del conflicto, puedan sentarse a la misma mesa. Tal vez el crimen pretendía que el Frente Polisario rompiera la baraja y no lo ha hecho. Sigue jugando sus cartas y ojalá la historia le reserve, por fin, una buena mano.


Aunque la crisis haya frenado el entusiasmo de muchas familias de acogida, los niños saharauis ya están aquí. Llevan un par de semanas en España, el país que les colonizó, que les abandonó a su suerte mientras el dictador Francisco Franco expiraba, y que sigue arrastrando tanta mala conciencia como falta de firmeza en el contencioso que enfrenta a Marruecos con la República Arabe Saharaui Democrática, en torno a un territorio ocupado por Rabat desde la Marcha Verde que siguió a los controvertidos acuerdos tripartitos de Madrid, puestos en cuestión por la asesoría jurídica del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Tras derrotar a Mauritania en 1979, el Frente Polisario fue capaz de echarle un pulso al gigante militar marroquí, que bombardeó a su población con napalm y fósforo blanco, utilizando para ello armamento exportado por diversos países, entre quienes volvía a figurar España. El armisticio llegaría en 1991, con la firma de un alto el fuego auspiciado por la ONU y supeditado a la convocatoria de un referéndum que habría de celebrarse al año siguiente. No hubo tal. Marruecos apeló y su convocatoria se demoró sine die a partir de diversos pretextos, especialmente el del censo: a estas alturas de la película y de la historia, ¿cuántos saharauis quedarán de aquel último censo español sobre el que ambas partes parecían estar inicialmente de acuerdo aunque discrepen en el porcentaje ulterior de añadidos a dicho balance demográfico?

Desde entonces, se han sucedido incumplimientos de acuerdos supranacionales, como los de Houston de 1997, ya que el proceso de identificación de votantes quedó en suspenso y la consulta sobre la autodeterminación sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Tampoco han faltado traiciones pagadas a buen precio por Rabat. Y deserciones en las filas saharauis, desgastadas por tan larga espera.

Casi veinte años después de la paz, lo cierto es que Marruecos mantiene un control férreo sobre los territorios bajo su dominio: prueba de ello es la represión sobre Aminnetou Haidar y los activistas que mantienen las tesis del Polisario. De hecho, en 2009 la Eurocámara expresó su preocupación ante la ONU por el deterioro de la situación de los derechos humanos en la región. Expresamente se refirió a los derechos de “libertad de expresión, asociación, manifestación y comunicación”. El Parlamento Europeo, en dicha resolución, añade además que la justicia marroquí de la zona está sesgada por la presión de protección del dominio.

El Gobierno de la RASD, por su parte, también controla hasta donde puede a la población que lleva dos décadas en el arenal de Tinduf y en los territorios ocupados, a un lado del muro que les separa de su memoria y de su genética, esperando el regreso a El Aaiún o a Dajla, a Bojador, a Esmara o al Río de Oro, las zonas de aquella antigua y remota provincia española. Pero, ¿cómo no hacerlo cuando la estabilidad de ese Estado en la hamada es tan frágil que sigue necesitando de la ayuda argelina o de la cooperación exterior?.

Para superar el estancamiento del proceso de paz, las Naciones Unidas designaron
a James Baker como Enviado Personal del Secretario General de las Naciones
Unidas para el Sahara Occidental que, en 2003, presentó un nuevo plan avalado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de su Resolución 1495. Nuevamente, Marruecos mareó la perdiz y propuso una amplia autonomía del Sáhara Occidental, siempre y cuando quedara bajo su soberanía. A pesar del rechazo del Polisario y de numerosos países, lo cierto es que la posición marroquí ha ido ganando adeptos, sobre todo a partir de que su importancia estratégica como aliado de Occidente haya ido creciendo en una región, la del Magreb, minada cada vez más por Al-Qaeda.

Sin embargo, si tan buena voluntad tiene Marruecos a la hora de otorgar la autonomía a dicho territorio, ¿por qué no lo hace sin contrapartidas? Sería todo un gesto que haría aumentar la escasa confianza que despierta en este aspecto concreto de su política interior y exterior. Y es que, desde la independencia, Marruecos está obsesionado con la unificación de su país en base a fronteras más legendarias que históricas. Y, desde luego, sus objetivos inmediatos pasan por mantener su control sobre el Sáhara y ampliarlo a Ceuta, a Melilla y a los pequeños peñones e islotes del Estrecho, como puso de manifiesto el célebre y absurdo por ambas partes incidente de El Perejil, durante la última etapa del mandato de José María Aznar en La Moncloa.

A comienzos de julio, falleció  Mahfud Ali Beiba, miembro del Secretariado Nacional y presidente del Consejo Nacional saharaui, esto es, su Parlamento. Desde 1997, cuando se firmaron los últimos fallidos acuerdos, venia encabezando la delegación Saharaui en las negociaciones con la parte Marroquí en el marco de las Naciones Unidas. ¿Seguirá habiendo contactos? Cada vez más débiles, eso sí.

El Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, se llama Christopher Ross y durante su último y reciente encuentro con Miguel Angel Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores, recibió el pleno apoyo a su gestión por parte de la diplomacia española, últimamente tímida en este aspecto. La postura oficial de nuestro país pasa por “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

Algo es algo, aunque siga sin existir reconocimiento oficial por parte de España a la RASD. Y no va a haberlo. Lo único que se pone en valor es la nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que con el número 1920 fue adoptada el
pasado 30 de abril de 2010 y que renovó el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). Más de lo mismo. Largas cambiadas.

Francia, el primer socio comercial de Marruecos, lo tiene claro. A comienzos de julio, el primer ministro francés, François Fillon, en presencia de su homologo marroquí Abás El Fasi, respaldó la propuesta de autonomía como “la base más pertinente para salir del estancamiento” actual de este conflicto. Ya el presidente Nicolás Sarkozy se había expresado en el mismo sentido. Lo sorprende es lo que añadió El Fasi a renglón seguido: “Muchos países han optado por esa solución, entre ellos España”. ¿Desde cuándo? Durante los últimos años, aunque sea con la boca chica, al igual que Estados Unidos. Hoy por hoy, el peor enemigo que tiene Marruecos en este contencioso es su propio orgullo y prepotencia. Los excesos marroquíes tanto en materia de derechos humanos como su intransigencia en las rondas de negociación de Manhasset y Armonk están provocando cierto recelo en la administración de Obama, aunque todo parezca, a primera vista, discurrir como la seda.

La última jugada al respecto ha sido el plácet del Consejo de Ministros al nuevo embajador marroquí en España. Su nombre es Ould Souilem y es precisamente un saharaui de Dajla, que sustituye en el cargo a Omar Aziman, depuesto a raíz de la crisis bilateral que motivó la la expulsión de Aminatou Haidar, a finales del pasado año. El nuevo embajador es hijo de Abdalá Ould Souilem antiguo alcalde de Villa Cisneros y procurador en las cortes franquistas, pero que se unió al Frente Polisario en 1975 y a lo largo de más de tres décadas desempeñó altas responsabilidades en la RASD, siendo embajador en varios países de América Latina, África y Asia, encargado de las relaciones con las comunidades saharauis en Mauritania y en los últimos años encargado de relaciones con los países árabes, con rango de consejero de la presidencia. Su designación se produjo meses después de que desertase de la RASD y se entregara a la causa marroquí. Está visto que Rabat sí paga traidores.